Hacienda pone contra las cuerdas a la funcionaria clave de Puigdemont

El Gobierno exige a la interventora general de la Generalitat que acredite todas las semanas, a partir de este miércoles, y por escrito que Cataluña no gasta ni un euro en el proceso del 1-O.

La funcionaria, que ya ha sido advertida por el Tribunal Constitucional, corre el riesgo de enfrentarse a responsabilidades penales y patrimoniales si incumple sus obligaciones de control.

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A partir de este miércoles 26 de julio la interventora general de la Generalitat de Catalunya, Rosa Vidal i Planella, deberá acreditar todas las semanas por escrito ante el Ministerio de Hacienda que ni un solo euro del gasto ejecutado por el Govern en ese periodo ha financiado nada relacionado con el referéndum ilegal del 1-O.

El Gobierno aprobó ayer esta medida de control reforzado - hasta ahora esa certificación se emitía con carácter mensual- para asegurarse, en primer lugar, de que la Generalitat cumple en todos sus términos la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró la nulidad de las partidas del presupuesto catalán destinadas a financiar el referéndum del 1-O; pero también para recordar a la interventora de la Generalitat que entre sus obligaciones de control figura la de formular reparos a los actos, documentos y expedientes analizados que pudieran no ajustarse a la ley.

La actuación, de hecho, se desencadena después de que los equipos del Ministerio de Hacienda detectaran una desviación no justificada de 6.150 euros en los gastos de la Generalitat, dentro de las inspecciones mensuales que se realizan para chequear que Cataluña, y el resto de comunidades autónomas con plan de reequilibrio económico financiero, cumplen con la senda de reducción del déficit pactada con el Gobierno . El Ministerio requirió de inmediato, el pasado martes, explicaciones sobre el asunto a la interventora de la Generalitat, sin que ésta haya proporcionado hasta la fecha una respuesta

El asunto no es menor. La Ley del Tribunal de Cuentas detalla las consecuencias de carácter patrimonial y penal que pueden afrontar los funcionarios con responsabilidades de control interno por la inobservancia manifiesta de sus funciones. El abanico de opciones va desde tener que responder con su patrimonio por los perjuicios causados al erario público hasta ser objeto de una causa penal por un delito de desobediencia, castigado con una pena de entre seis meses y un año de prisión.

El debate se ha instalado en el propio colectivo. El portal de la Asociación del Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado ha colgado hace unos días un artículo del prestigioso interventor, Alberto Girón, en el que advierte de que "la dependencia jerárquica de quien toma las decisiones, ni siquiera la existencia de presiones o coacciones, nos exime de responsabilidad si las decisiones son ilegales".

Girón sostiene que es preferible un cese a colaborar por acción u omisión en una actuación ilegal. "No es la primera vez, ni será la última, en que el político de turno intenta trasladar la responsabilidad de sus decisiones a los funcionarios u otros empleados públicos cuando vienen mal dadas”.

Podría no ir desencaminado. Ante el expediente de reclamación patrimonial contra las autoridades de la Generalitat impulsoras del referéndum abierto en el Tribunal de Cuentas, el Govern argumentó que "todos los expedientes administrativos de contratación y expedientes económicos asociados, fueron debidamente fiscalizados por la intervención delegada del Departamento", según publicada hace unos días El Mundo.Una interventora de confianza

La ejecutoria de Rosa Vidal i Planella al frente de la Intervención de la Generalitat está en cuestión, casi desde el mismo momento de su nombramiento. Vidal llegó al cargo de una manera poco habitual tras el cese fulminante de su predecesora, Mireia Vidal, a la que se atribuía una relación poco fluída con el vicepresidente económico, Oriol Junqueras

El nombramiento de Rosa Vidal fue interpretado en clave política como la colocación en un puesto clave de un perfil cercano al Govern catalán. Poco más de un año después, su nombre figura junto al del president Carles Puigdemont y los del resto de consellers de la Generalitat en el listado de autoridades y altos funcionarios a los que el Tribunal Constitucional decidió notificar personalmente su sentencia, por su singular responsabilidad como autoridad de control presupuestario y garante de la legalidad de la ejecución presupuestaria de la Generalitat de Catalunya.

Tras las medidas excepcionales aprobadas ayer por el Gobierno para evitar que la Generalitat financie el referéndum ilegal del 1-O, Catalulña se juega los 1.700 millones de euros que tiene asignados del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para el tercer trimestre del año; su interventora general podría jugarse mucho más.

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