Educación. El ministerio descarta recuperar educación para la ciudadanía como asignatura, aunque impartirá contenidos “de forma transversal”

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, se felicitó este jueves por que el dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) da en su opinión “un respaldo muy explícito a las medidas que entendemos son los pilares fundamentales” de la reforma.
En declaraciones a los medios, Gomendio precisó que el dictamen “nos traslada su preocupación por que los contenidos de Educación para la Ciudadanía no se dejen de transmitir a los alumnos”, en línea con los acuerdos internacionales firmados por España.
“En este sentido, lo que vamos a hacer es incorporar más explícitamente (al anteproyecto) nuestra intención de que estos contenidos se mantengan de manera transversal, de forma que se incluyan en distintas asignaturas”, explicó.
Desde el Ministerio aclaran que ello supondría que la asignatura no volvería como una materia específica al currículum escolar, pero que el temario relativo a derechos humanos, funcionamiento de los sistemas democráticos, convivencia, etc., se impartiría en distintas asignaturas, como Lengua e Historia.
Gomendio incidió en que el Consejo de Estado ha avalado los puntos fundamentales de la Lomce, en concreto el establecimiento de las evaluaciones externas y homogéneas a nivel nacional; la nueva configuración de 4º de la ESO con dos itinerarios de iniciación (uno hacia Bachillerato y otro hacia la Formación Profesional), y “la profunda reforma de la FP”, con la sustitución de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (de un curso obligatorio y otro optativo) por los módulos de dos cursos obligados de Formación Profesional Básica.
Además, el dictamen aprueba otros elementos, como los programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y el nuevo reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas, que para Educación supone el cambio más determinante del modelo.
El nuevo reparto de competencias establece tres bloques de asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica) en lugar de fijar cporcentajes de temario a diseñar por parte de Estado y autonomías.
Así, el Gobierno central establecerá los contenidos y las evaluaciones en las materias troncales; fijará los estándares de evaluación (objetivos a conseguir) en las específicas, y no tendrá potestad respecto a las últimas, que dependerán exclusivamente de las comunidades autónomas.
El Ministerio se muestra no obstante dispuesto a aclarar esta distinción, al igual que asegura que explicará mejor los supuestos en que ha sustentado su memoria económica, a propósito de las dudas expresadas en el dictamen. Ahora bien, no manifiesta intención de modificarla.
SE LO ESTÁN PENSANDO
Gomendio admitió que aunque el Consejo de Estado respalda “todas las propuestas de la Lomce respecto al tratamiento del castellano y las lenguas cooficiales, nos indica que la solución para casos puntuales” en que las familias de Cataluña no pueden ver satisfecho su derecho a una escolarización en castellano “es competencia de la comunidad autónoma”.
Esto supone que la asunción del coste de un colegio privado para aquellos niños que deseen estudiar en castellano y no encuentren respuesta en la red pública o concertada (como propone la Lomce) debería ser una decisión que adopte la Generalitat, y no el Estado. El dictamen apunta a que “deberíamos valorar otras soluciones, y esto es lo que estamos haciendo”, concedió Gomendio.
Con todo, Educación valora como positivo el hecho de que se reconozca que el castellano no puede excluirse del sistema y que la atención individualizada a los estudiantes no es una solución aceptable, por lo que no renuncia a solventar el problema.
Otros puntos que el Ministerio está “repensando” pasan por la búsqueda de “fórmulas” para que aquellos alumnos que elijan Religión no se vean discriminados al no poder acceder a los contenidos de la asignatura alternativa obligatoria, Valores Culturales.
“Estamos valorando distintas posibilidades a fin de ver cómo podemos evitar esta discriminación” que el Consejo ha advertido, señaló Gomendio.
En cuanto a la posibilidad de conceder conciertos a centros que separan al alumnado en función del sexo, Gomendio explicó que el dictamen “nos anima a pedir a estos colegios una mínima garantía de que alumnos y alumnas van a acceder a una educación con los mismos niveles de calidad”. “Nos parece razonable y estamos valorando qué se les pediría a los centros para que garantizasen que no va a existir discriminación”, dijo.
El Ministerio sostiene que ello está en línea con las recomendaciones de la Unesco, según las cuales la educación diferenciada no significa una discriminación necesariamente, siempre que se asegure que niños y niñas acceden a formación de la misma calidad (temarios, contenidos, instalaciones, etc.).
Otros aspectos que el Ministerio analizará se refieren a si se permite el acceso a las pruebas de evaluación de fin de etapa con dos o con tres asignaturas suspensas, y a la intervención de las administraciones en el nombramiento de los directores de centro.
En líneas generales, Educación estudiará todas estas recomendaciones y otros aspectos técnicos, y presentará un nuevo texto con las modificaciones que al final estime oportunas (este dictamen no resulta vinculante) al Consejo de Ministros el próximo 10 de mayo, tras lo que dará comienzo el trámite parlamentario.