La Abogada General de la UE ha propuesto este jueves al Tribunal de Justicia (TJUE) que confirme la 'megamulta' de más de 2.400 millones de euros que la Comisión Europea impuso a Google. La multa de la Comisión se debía a que el gigante tecnológico favorecía su propio servicio de comparación de productos frente a los de sus competidores. La opinión del Abogado General no es vinculante para el TJUE, aunque la gran mayoría de las sentencias dictadas por el Alto Tribunal europeo siguen la línea marcada por estos dictámenes.
Según constató la Comisión, y confirmó posteriormente el Tribunal General, Google se sirvió de su posición prioritaria en el mercado de los servicios de búsqueda general como palanca para favorecer a su propio servicio de comparación de productos mediante la presentación preferente de sus resultados, lo que lleva a los usuarios a hacer 'click' más a menudo en los resultados de los servicios de comparación de productos de Google que en los de sus competidores.
De esta manera, el desvío de tráfico de datos de la página de resultados generales en Google no se debía a una mejor calidad en su servicio, sino al autofavoritismo y al 'efecto palanca' generado mediante la página de resultados generales. Para la Comisión, esto resulta en una explotación abusiva de su posición dominante en el mercado de servicios de búsquedas por Inernet.
La Comisión impuso a Google una multa de 2.424.495.000 euros, de la que Alphabet, en su condición de socio único de Google, responde solidariamente por un importe de 523.518.000 euros. Google y Alphabet interpusieron un recurso contra la decisión de la Comisión ante el Tribunal General que fue desestimado, coonfirmando la multa. Tras esto, ambas firmas presentaron un recurso de casación ante el TJUE, solicitando la anulación de la sentencia que desestimó el recurso.
Sin embargo, la Abogada General ha propuesto al Tribunal de Justicia que desestime el recurso y, en consecuencia, confirme la multa impuesta a Google. Considera que el autofavoritismo que se reprocha a Google constituye una forma autónoma de abuso mediante la aplicación de condiciones de acceso injustas a los servicios de comparación de productos de la competencia.
