La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fiscalizará el informe anual no financiero de BBVA antes de su publicación para cerciorarse de que los riesgos que emanan del presunto espionaje masivo que realizó el excomisario José Manuel Villarejo a instancias del banco quedan bien reflejados en el documento, que forma parte del paquete de documentación que las sociedades cotizadas envían al registro con motivo de sus cuentas anuales.
En declaraciones a los periodistas tras participar en un evento organizado este jueves por AFME, el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, pidió públicamente a BBVA que informase al mercado sobre el caso de las supuestas escuchas, pues recordó que el cometido del supervisor es que las empresas informen de forma "adecuada" de todos sus riesgos, incluidos los reputacionales y los relacionados con la corrupción.
Y es que Albella no quiere que BBVA sea escueto a la hora de explicar el caso Villarejo, sino que es partidario de que el banco describa correctamente la situación y las medidas que ha puesto en marcha para evitar cualquier tipo de daño reputacional. Por ello, revisará que la información que se va a ofrecer al mercado sobre el asunto es suficiente para advertir de todas las contingencias que podrían surgir, independientemente de si son de carácter financiero o no.
La CNMV no puede obligar a BBVA a remitirle sus cuentas anuales antes de su publicación, pero no es extraño que las sociedades cotizadas consulten previamente con el supervisor si los asuntos 'espinosos' han quedado bien reflejados. Por tanto, resulta lógico que la entidad, que es consciente de la postura de la CNMV, solicite un dictamen previo. Más si cabe teniendo en cuenta que al no hacerlo se arriesga a que el organismo le pida una aclaración o una ampliación de los riesgos que incluye sobre el caso Villarejo en sus informes.
Desde el punto de vista financiero, la CNMV pondrá el foco en que la responsabilidad patrimonial que este asunto pueda tener para BBVA tenga un reflejo adecuado en las cuentas. No obstante, fuentes cercanas a la investigación que lidera Garrigues, y en la que también participan PwC y Uría Menéndez, aseguran que en el momento actual es imposible cuantificar los daños. "El impacto actual es cero", aseguran.
La CNMV también es el organismo encargado del buen gobierno corporativo de las entidades financieras. En este sentido, el código de buenas prácticas del supervisor dice que cuando un consejero se ve afectado por temas penales es responsabilidad del consejo de administración valorar si debe dimitir o no. Esta cuestión, como recordó el jueves Albella, "no se ha planteado", ya que, por el momento, no ha habido ningún tipo de imputación a pesar de que el asunto ya está en manos de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional.
En la actualidad, José Maldonado, Carlos Loring y Susana Rodríguez Vidarte son los únicos miembros del consejo de administración del banco que ya formaban parte de este órgano en 2004, cuando se produjeron los presuntos hechos. Francisco González, por su parte, lo abandonó a finales de 2018 cuando fue nombrado presidente de honor y se consumó el relevo de Carlos Torres en la cúpula.
Precisamente Carlos Torres cerró filas entorno a FG durante la presentación de los resultados anuales del banco al decir que el expresidente representa para él una "guía y un referente" a quien cree cuando dice que no sabía nada de las supuestas irregularidades. El banquero salmantino no tomará una decisión al respecto hasta que no concluya el 'forensic', proceso que podría dilatarse durante meses.
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