El grupo de inversores mexicanos liderados por Antonio del Valle que perdieron 470 millones con la resolución del Popular acusan al Gobierno de encabezar un proceso para vender la entidad al Santander. “Lideró el cuestionable y deficiente proceso que resultó en la entrega del Popular al Santander”, denuncian en la carta enviada el pasado 22 de enero al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, por un colectivo de 44 inversores para poner en marcha un proceso de arbitraje internacional donde demandará el resarcimiento.
La tesis central es que el Gobierno ha violado el tratado internacional firmado por el país con México en 2006, al incumplir, entre otros preceptos, el proporcionar un trato “justo y equitativo” en un “entorno regulatorio estable y predecible” y con el resultado de la “expropiación” de su patrimonio en acciones y bonos del banco. El Ejecutivo dispone de seis meses para satisfacer la demanda del colectivo inversor, un grupo nutrido de relevantes magnates y directivos mexicanos, antes de que el proceso acabe en un centro internacional de mediación.
Su argumento gira sobre la aseveración de que perjudicó al Popular por acción y omisión, siendo además parte activa en el desenlace. “El Gobierno español participó de manera activa en el proceso de elaboración y toma de decisiones que finalmente condujo a la decisión del 7 de junio (...) incluso en su papel como miembro del Comité Ejecutivo de la Junta Europea de Resolución (JUR). Tal y como confirmó la presidenta de la JUR, Elke König”, sostiene frente a la tesis del Gobierno de que se aplicó lo decidido por las autoridades comunitarias (JUR, BCE y Comisión Europea).
La misiva, preparada por el despacho estadounidense Kirkland & Ellis, sugiere que el desenlace estaba casi proyectado por la solución elegida y los escollos a una mayor concurrencia de ofertas. Según su relato, el día 4 de junio, tres días antes de que se decidiese oficialmente la resolución del Popular, el Frob puso en marcha el ‘Proyecto Hippócrates’ para la venta -pese a que el plan de resolución de la entidad “no contemplaba” tal herramienta-, e “ignorando por completo cualquier alternativa privada que podría haber evitado la resolución y el consecuente daño significativo para los inversores”.
El Frob cursó la invitación a los cinco mayores bancos y el día 6 les adjuntó las condiciones sobre la licitación “con un condensado cronograma de operaciones que hacía prácticamente imposible que alguien que no fuese el Santander pudiese presentarse a la licitación dentro de la fecha límite para hacerlo” -debían entregar la propuesta vinculante a las 24.00 horas de esa misma sesión, con intención de seleccionar al ganador una hora después y firmar la venta rozando las 7.00 de la mañana el 7 de junio-.
“Aunque pretendía hacerse parecer como un proceso competitivo de licitación para la compra del Banco Popular, en realidad, realizó una venta fugaz a través de un proceso de subasta ‘a modo’, que dirigió con el fin de asegurar el resultado predeterminado de dejar al Santander como único licitador”, agrega. Para llegar a tal conclusión se basa en la escasa información y plazo proporcionado para analizar la transacción, y se apoya en la supuesta queja que BBVA expresó al Frob donde justificaba su renuncia en “las limitaciones de precio y las restantes condiciones impuestas en la carta del proceso, así como la insuficiente información disponible”.
El plan de Uría Menéndez y BBVA
“Si se dispusiera de información suficiente que permita a sus órganos de gobierno analizar debidamente la operación y se pudieran modificar las condiciones del proceso, BBVA sí estaría interesado en participar en el mismo”, recoge el bufete de la misiva que asegura fue dirigida por el grupo presidido por Francisco González.
La queja abunda en que hasta la valoración del Popular por parte de Deloitte en el denominado ‘Proyecto Hippocrates’ se llevó a cabo “de una forma que aseguraba que el precio de venta estuviese muy por debajo del valor justo del mercado”, fijando el euro simbólico como la propuesta mínima: “Puesto que el Santander se había quedado como único licitador disponible, un euro fue exactamente lo que ofreció”. En la misiva sostiene que la operación se encontraba encauzada tomando de base informaciones periodísticas donde se afirmaba que Ana Botín y el ministro de Economía, Luis de Guindos, cerraron la transacción en el ‘Club Bilderberg’ el fin de semana previo o que Uría Menéndez, despacho habitual del Santander, elaborase cinco días antes de declarar la inviabilidad un plan de actuación con medidas a tomar por el equipo gestor que asumiría las riendas del Popular.
Los inversores buscan el resarcimiento de sus quebrantos responsabilizando también al Ejecutivo de “perjudicar la situación financiera” de la entidad con retirada “abrupta y sin precedentes” de miles de millones de euros por parte de varias instituciones públicas -el Gobierno sacó en 2016 el 40% de los depósitos que tenía-; o negando “adoptar medidas que lograrían estabilizar la situación de liquidez”.
En el documento sostiene que el Banco de España cerró el grifo de forma abrupta porque "denegó" disponer de 6.000 millones de la línea de liquidez de emergencia (ELA) solicitada el día 5 de junio al BCE, "basándose, aparentemente, en una falta de garantías suficientes para cubrir la totalidad del ELA solicitada". El Popular había pedido al organismo 9.500 millones de euros y solo recibió 3.500 millones en dos disposiciones.
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