Berkeley, que aspira a construir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), ha iniciado un enfrentamiento con el fondo soberano de Omán, su principal inversor, que le reclama 65 millones de dólares (56 millones de euros) que le inyectó para, entre otros, financiar el proyecto español. La disputa, a falta de resolverse, mantiene suspendida de cotización las acciones de la compañía en España y Australia.
Según ha notificado este martes la propia compañía, el fondo Singapore Mining Acquisition (subsidiario de la Autoridad de Inversiones de Omán, OIA, y anteriormente el Fondo de Reserva General del Estado de Omán) le reclama el pago inmediato del montante principal de los pagarés convertibles suscritos en 2017 alegando que el acuerdo entre ambas partes "se ha frustrado y/o ha ocurrido un evento de incumplimiento".
El fondo soberano del Sultanato omaní es el inversor estratégico a largo plazo en la compañía desde agosto de 2017, cuando firmó asesorado por el banco de inversión Cannacord una inversión de 120 millones de dólares (100 millones de euros) en forma de préstamos convertibles e instrumentos financieros que, de ejecutarse, le iban a convertir en el dueño del 37% del capital, según los datos del acuerdo enviados al regulador británico.
"La compañía disputa enérgicamente las acusaciones y reclamos hechos por OIA y actualmente está buscando asesoramiento legal en relación al asunto", ha explicado escuetamente Berkeley -que en el momento de la suspensión sus acciones cotizaban en el mercado español a 0,19 euros por título- en un comunicado remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Berkeley Minera, filial de Berkeley Energia Limited, es una empresa de origen australiano y cuyo principal proyecto es el desarrollo y construcción de la mina de Retortillo en Salamanca. Este proyecto fue rechazado por el Consejo español de Seguridad Nuclear (CSN), que emitió en julio un informe desfavorable para la concesión de la autorización necesaria para construir la planta de uranio en suelo español, su principal proyecto empresarial.
Alegaciones para "desmontar" el informe del CSN
La empresa insiste en rebatir los argumentos del CSN alegando que cumple con todos los requisitos para levantar la citada planta y recuerda que hasta el momento ha obtenido más de 120 permisos previos e informes favorables por parte de autoridades competentes tanto locales como regionales, nacionales y europeas, de los cuales nueve han sido del propio consejo. Además, ha pedido y estudiado documentación sobre las autorizaciones de construcción y desmantelamiento de La Haba (Badajoz) y Saelices El Chico (Salamanca) para contrastar las condiciones aprobadas por los organismos administrativos y reguladores competentes en proyectos de uranio similares en España.
Berkeley ha publicado un nuevo comunicado este lunes, en el que afirma que "está claro" que el CSN "ha actuado de manera discriminatoria y arbitraria al evaluar" su proyecto, por lo que ha pedido al Gobierno español que sus argumentos adicionales sean incorporados a su expediente y el procedimiento se devuelva al CSN para que enmiende sus errores. Insiste en que el informe negativo del CSN sobre la autorización de construcción de la planta de Retortillo "se ha basado en información que no se han requerido para otras instalaciones de la misma naturaleza en este momento procedimental".
Además, asegura que se han aplicado criterios mucho más estrictos al proyecto de Retortillo que a otros proyectos, sin ningún tipo de respaldo legal, y que en otras instalaciones se ha otorgado la autorización incluyéndose condicionantes, mientras que en esta no. "La compañía concluye que el CSN ha actuado fuera de la legalidad, perjudicándola gravemente al haber tratado su proyecto de una manera injustificadamente distinta, más estricta y más exigente en comparación con otros proyectos de la misma naturaleza", afirma.
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