El Tribunal Supremo ha accedido a revisar la jurisprudencia que su propia Sala de lo Contencioso estableció hace ahora tres años sobre las limitaciones en número de las licencias VTC en España. Esto puede hacer que el mercado se 'riegue' con miles de autorizaciones de este tipo en caso de que tumbe esta restricción. Sólo en el caso de Cabify tiene solicitadas y recurridas más de 11.000 de estos permisos, solicitados en el año 2018 y que podrían desbloquearse. Esto supone casi duplicar las 17.000 que hoy hay activas en toda España y multiplicar por tres las que están registradas en Madrid.
El pasado mes de julio el Alto Tribunal sacudió todo el sector del transporte y del taxi en toda España. Admitió un primer recurso de Cabify con el objetivo de "reforzar, completar, matizar o corregir" su propia sentencia de 2018 en la que respaldó la ratio de 1 VTC por cada 30 de taxis. Aseguraba que en ese pronunciamiento no se analizó si respetaba la libertad de establecimiento de las empresas o si suponía una ayuda de estado al sector del taxi en base al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ese era la primera puerta abierta pero no es la única.
La empresa, tanto a través de su filial española de transporte de pasajeros como de Vector Ronda (la antigua compañía que compartía con Rosauro Varo), acumula hasta ahora un total de 13 recursos ante el Supremo de diferentes solicitudes de licencias ejecutadas en el primer semestre de 2018 y que fueron rechazadas por la Comunidad de Madrid. En total, según queda reflejado en los autos consultados por La Información, suman algo más de 11.000 licencias que están a la espera de este nuevo fallo que podría sacudir de una manera muy importante el sector en España. La empresa dirigida por Juan de Antonio declina hacer comentarios sobre estos recursos por ser un proceso judicial abierto.
En un primer momento, Cabify apenas contaba con licencias en su haber, al configurarse como una plataforma que trataba de poner en contacto a demanda de viajes con la oferta de flotas y conductores individuales que eran los que tenían activos los permisos. Sin embargo, fue sumando en un primer momento varios cientos en una de sus filiales, que acabó convirtiéndose en Vector Ronda y que hoy controla unas 2.000, sobre todo en Barcelona. La mayoría de esta última fue adquirida a Varo por unos 30 millones de euros pagado íntegramente en acciones. Además también se estima que cuenta con más de medio millar en Prestige and Limousine, que fue adquirida en 2019 al Grupo Auro, liderado por el exjefe del taxi, José Antonio Parrondo, y se pagó como compensación de créditos.
Esta cifra de más de 11.000 licencias, que fueron solicitadas precisamente por la tecnológica española antes del esperado pronunciamiento del Tribunal Supremo en el año 2018, no sólo acarrea un crecimiento exponencial de la base de activos de Cabify, sino también del total del mercado español. Se pasaría sólo con estas solicitudes a casi 29.000 permisos frente a los 64.000 de taxi, que se han mantenido más o menos invariables durante los últimos años. Si hoy la ratio es de 3,7 veces, con este crecimiento se quedaría muy cerca de las 2 veces.
Esta situación puede agravarse porque, según explican diferentes fuentes del sector, hay más compañías que han acudido al Tribunal Supremo después de la negativa de los diferentes tribunales de justicia de comunidades autónomas. Entre ellas estarían algunos de las que están gestionadas por grandes gestores de flotas. Si la Sala de lo Contencioso sienta jurisprudencia y entiende que la restricción impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015 a través de un decreto ley es una ayuda de estado o contraviene la libertad de establecimiento de empresas inundaría aún más el mercado.
Pero, ¿por qué es relevante que haya más licencias en el mercado? Hoy, con un segmento de actividad especialmente golpeado por el coronavirus, no cambia el escenario, pues la demanda de viajes sigue estando afectada por esta circunstancia. Sin embargo, una potencial recuperación de la actividad en los próximos trimestres llevará a una mayor apertura. Eso sí, hay que recordar que para que esas autorizaciones estén activas y completamente operativas han de ir acompañadas de una matrícula de un vehículo dado de alta, por lo que va acompañado de una fuerte inversión en flotas.
La regulación, el caballo de batalla
Por los plazos, no habrá una resolución a corto plazo. No hay un periodo establecido para el fallo del Supremo, pero lógicamente pasará un tiempo hasta tenerlo. Mientras eso sucede, la pelea sigue estando en la regulación. Los grandes dueños de la VTC mantienen la esperanza, aunque haya pasado mucho tiempo, de que el Tribunal Constitucional analice el 'decreto Ábalos' que permite a las comunidades autónomas restringir hasta el límite la actividad de estos vehículos -en Cataluña, por ejemplo, se exige un tiempo de precontratación de 15 minutos, para diferenciarlos del taxi-. Además siguen peleando para reclamar daño patrimonial, al entender que es una expropiración.
Por su parte, el taxi sigue exigiendo que haya una regulación nacional para "que no se les permita hacer de taxis en ninguna comunidad", aseguraba la Asociación Nacional del Taxi esta misma semana. Lo hacía a raíz de la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) para endurecer el régimen sancionador a las VTC, clarificando el concepto de precontratación e imponiendo multas de hasta 6.000 euros por infracciones como la captación en vía pública.
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