Casi un año después de lanzar su petición de rescate y pese a la implicación directa del presidente Pedro Sánchez, la crisis de Celsa no se ha cerrado. La millonaria ayuda de la SEPI, es decir, del Ministerio de Hacienda, no se ha materializado todavía y el futuro de la siderúrgica catalana puede terminar en manos de un juzgado de Barcelona, que debería determinar si la empresa sigue en manos de la familia Rubiralta o si, por contra, acaba bajo el dominio de los fondos tenedores de su deuda. Un terremoto que augura una nueva tensión entre el gobierno central y la Generalitat, que ya alertó hace meses que la empresa no podía terminar en manos extranjeras.
Las espaldas están en todo lo alto después de que el sindicato de acreedores de la compañía, compuesto principalmente por Deutsche Bank y Goldman Sachs, haya rechazado el acuerdo con la compañía, que incluía los 550 millones de dinero público a través del fondo de solvencia (Fasee). Su preferencia es reestructurar la compañía, aprovechando la nueva legislación concursal y con la esperanza de que se determine que su propuesta es mejor para la compañía que la que ahora mismo plantean sus actuales propietarios.
El desenlace augura una nueva tensión entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno. El presidente del Govern, Pere Aragonés, ya advirtió hace meses, cuando la concesión de la ayuda estatal seguía bloqueada, que era el momento de apostar por la industria y no por economía "especulativa", en clara referencia a los inversores extranjeros. A Aragonés se sumó Roger Torrent, conseller de empresa, quien añadió que Celsa contaba "con el apoyo de la Generalitat", ya que la empresa "es un puntal de la industria catalana". El aviso a navegantes de los miembros de ERC, partido en el que el Gobierno apoya parte de sus decisiones, llegó a movilizar al propio presidente Sánchez, que no tuvo reparos en llamar personalmente a Christian Sewing, consejero delegado de Deutsche Bank.
No hay duda de que el peso de Celsa en la industria catalana es capital. Por volumen de facturación es la empresa industrial familiar de la región, donde genera 2.200 puestos de trabajo directos y más de 16.000 indirectos e inducidos. Y no solo eso: representa el 2,5% del PIB de la industria catalana y lleva más de 950 millones de euros invertidos desde 2001 hasta 2019. Cifras más que suficientes para que la SEPI aprobase la mayor ayuda del fondo de rescate de la SEPI con los fondos de Bruselas, lo que le llevó incluso a tener que defender ante la Comisión Europea una ayuda de tal calibre. Pese a que la empresa ya arrastraba problemas desde antes del coronavirus, la SEPI entendió que este desembolso estaba justificado, entre otros motivos, en que "el segundo fabricante de productos largos de acero en Europa".
Celsa es la primera empresa catalana de capital familiar por volumen de facturación
La SEPI, que depende directamente del Ministerio de Hacienda, ya ha tenido en cuenta la opinión de la Generalitat para otros rescates, como el de la cadena hotelera Grupo Inversor Hesperia (GISHA), como explicó La Información. Sumando estas ayudas a las que el Ministerio de Industria, a través de otra empresa pública, Cofides, Cataluña ha sido la autonomía más beneficiada. La región ha tenido más empresas rescatadas (26) encima del País Vasco y también de la Comunidad de Madrid.
El pulso con los fondos
Fuentes del proceso, no obstante, consideran que el pulso ha saltado ya de la esfera política y debe dirimirse en la mesa de negociación entre las partes. El diálogo sigue vivo entre la familia Rubiralta y los acreedores, quienes han esperado para la entrada de la nueva ley concursal para presentar la propuesta de reestructuración, una figura similar al preconcurso de acreedores. Pese a haber acercado posturas en varias ocasiones durante el mes de julio, los fondos cambiaron de parecer y en la propuesta presentada ante los juzgados ofrecieron un plan muy distinto: renunciar al dinero de la SEPI y, a cambio, convertir la deuda de la empresa en capital, para ponerse al frente de la siderúrgica.
La empresa contestó oficialmente en un duro comunicado, en el que mantenía sus líneas rojas, en el que quiere pagar sus deudas a un interés del 8% y no del 10%, para poder así seguir con su plan de negocio, con el que el grupo viene cumpliendo. La empresa ha cerrado el primer semestre con un ebitda récord de 438 millones. Pese a todo, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad, al asegurar de que estaba "segura de que se impondrá el sentido común en las negociaciones y se llegará en breve a acuerdos beneficiosos para todas las partes".
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