El organismo de la Competencia en España cede al Ministerio de Asuntos Económicos datos confidenciales sobre la financiación de cine europeo con el 5% de la facturación de las grandes televisiones privadas y las plataformas audiovisuales. La Comisión aprobó recientemente la entrega de toda esta información, en el marco de la elaboración por parte del departamento de Nadia Calviño del reglamento que regirá esta actividad en la nueva ley audiovisual aprobada en el Congreso en 2022. Esta nueva normativa incluye en este desembolso a Netflix, HBO y el resto de gigantes extranjeros que hasta ahora esquivaban esta obligación.
En junio pasado, la Dirección General de Telecomunicaciones, perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos, solicitó datos "con la finalidad de garantizar el acierto en el diseño de la normativa audiovisual", según queda reflejado en la resolución aprobada recientemente por el consejo de la Sala de Supervisión e la CNMC. En concreto, pidió los ingresos computados en el ejercicio, la cantidad de dinero que se le exigiría y la inversión que finalmente registró cada uno de los prestadores de servicios audiovisuales obligados al cumplimiento de la financiación.
No se queda ahí toda la información reclamada. También exigió que detallara el tipo de formato audiovisual y se indicara si la obra había sido computada como cine independiente o cuál era el idioma de la versión original, además de si la participación había sido como producción propia, coproducción, aportación financiera u otras fórmulas. Algunos de estos datos son tan específicos, que ni la propia CNMC, que es la encargada por ley de gestionar y supervisar el cumplimiento de esta obligación de financiación, los tenía. Por ejemplo, el idioma original o las formas de participación.
Estos datos tienen consideración de confidenciales, por lo que su cesión debe estar "especialmente motivada", como reconoce la Comisión. "Serán tratados con el mayor nivel de confidencialidad", argumenta Asuntos Económicos en su petición al organismo, quien insiste en que se ha de destinar únicamente a la elaboración del reglamento de obra europea, sin que sea posible traspasar la información a terceros. La mayoría de los prestadores de servicios audiovisuales, como Mediaset, Atresmedia o plataformas como la española Filmin, se agarran a ese secretismo para eliminar de las versiones públicas de sus informes sobre el 5% partes que sean delicados para sus intereses comerciales.
El reglamento para la financiación del cine europeo con el 5% sigue sin presentarse pese a que desde enero entró en vigor este aspecto de la ley
Estas cifras que se han entregado a Asuntos Económicos corresponden a los ejercicios 2019 y 2020. En esos años no estaban presentes las grandes plataformas de streaming internacionales, pese a tener un negocio muy fructífero en el mercado español. La razón hay que encontrarla en la vigencia de la nueva ley audiovisual. Ésta entró en vigor el año pasado (y la obligación de financiación lo hizo en enero de 2023), tras su luz verde en el Congreso de los Diputados. En la anterior normativa, sólo tenían que hacer un 'striptease' sobre esta materia los proveedores de televisión privada (Atresmedia, Mediaset, Telefónica, Orange, Filmin, Rakuten TV, Walt Disney o Viacom).
El Gobierno de España sigue poniendo a punto el reglamento que debe desarrollar de manera mucho más profusa las obligaciones de financiación y aquellos puntos que requieran un mayor grado de concreción de lo dispuesto en la ley. El pasado verano lanzó una consulta pública que acabó a finales de septiembre. Aún no se ha concluido el documento definitivo. Estas reglas concretarán las obligaciones para una normativa que entraba en vigor a principios de este año.
Las novedades de la ley
Esta regulación sobre la financiación de cine europeo llevará a los gigantes como Netflix o HBO a enseñar sus datos en España. En sus primeros años de actividad en el país, sus cifras de negocio eran una incógnita, pues registraban sus ingresos desde compañías fuera de las fronteras españolas. Ahora, al ser considerados prestadores obligados, tendrán que aportar estos datos a la CNMC. En el caso de Netflix, ya en el año 2021 empezó a facturar todas las suscripciones desde una filial local, lo que permitió saber que en ese año facturó casi 600 millones de euros. Pero HBO sigue facturando desde Suecia y Disney+ desde Países Bajos.
Otra de las novedades en materia de financiación audiovisual de la ley reside en RTVE. Hasta ahora, existía una tasa para financiar a la radiotelevisión pública, que abonaban las operadoras privadas -tanto en abierto como de pago-. A eso se sumaba el 0,9% sobre sus ingresos que se le exigía también a las telecos. Ésta última desaparece y se sustituye por una aportación que saldrá de la 'tasa de espectro' que ya pagan. La novedad es que Netflix, HBO o Amazon también deben abonar el 1,5% de su volumen de negocio como prestador audiovisual.
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