Cinco lobbies presionaron a diputados para hacer cambios en la ley audiovisual

La aprobación de la Ley Audiovisual ha sido el escenario de una intensa partida de ajedrez entre lobbies que se movieron en la sombra para favorecer los intereses de los clientes que les han contratado. La norma, que ya provocó una fuerte disputa entre el Gobierno y ERC para aprobar los Presupuestos actualmente en vigor, ha propiciado una batalla porque los intereses en juego eran altos. Hasta cinco grupos de presión han pasado meses negociando con diputados, según explican a La Información fuentes parlamentarias y de las propias empresas. En ellas trabajan exministros de PSOE y PP. El problema vuelve a ser el mismo: no hay ninguna ley que regule estas relaciones en las que no impera precisamente la transparencia.

Todo lo contrario. Las empresas afectadas y los lobbies sellan importantes contratos con clausulas de confidencialidad. Es la base de esta relación. Pero presión hay, admiten tanto sus señoría como estas empresas. Es su trabajo. El objetivo es enmendar las leyes durante su tramitación parlamentaria y esa misión ha sido especialmente activa durante esta Ley Audiovisual. El hecho de que la norma estuviera a punto de ser tumbada por ERC y que sólo pudiera salir adelante gracias a la abstención del PP demuestra lo complejo de todo el proceso. 

Entre las cinco "empresas de relaciones institucionales", así se definen ellas, que han trabajado entre bambalinas en la ley audiovisual se encuentran dos en las que hay ubicados destacados exministros de PSOE y PP. Una de ellas es Acento, la consultora fundada por José Blanco y en la que también trabajan el exministro de Sanidad, Alfonso Alonso, o Esteban González Guitart, hijo de González Pons, el nuevo hombre fuerte del PP. La firma ya tiene oficinas en Madrid, Barcelona y Bruselas y tres decenas de profesionales en su plantilla. Otro equipo que ha participado en el proceso es el de Llorente y Cuenca, que tiene en sus filas al exjefe de gabinete de Rajoy, José Luis Ayllón o al exministro de Industria, Jordi Sevilla, entre otros. El resto de consultoras permanecerán en el anonimato.

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¿Cuáles han sido las presiones en la negociación de la Ley Audiovisual? La parte central de la discusión ha girado en torno a las grandes productoras frente al papel de las medianas y pequeñas. La pasada semana el PSOE presentó una enmienda transaccional que enfadó a Unidas Podemos y a ERC y en el que, según concluyen los morados, se entrega “el sector de la producción audiovisual al duopolio televisivo [Mediaset y Atresmedia] dañando a todo el tejido de productoras pequeñas y medianas”. Entre las perjudicadas también se encontraba el Grupo Prisa. Los socios del PSOE presentaron una propuesta para rehacer este artículo, pero no salió adelante. La ley ha superado el trámite gracias, como decimos, a la abstención del PP y el voto favorable del PNV. Unidas Podemos rompió la unidad de voto con el PSOE y se abstuvo, un hecho inédito en esta legislatura.

Es decir, en las últimas horas la obligación de producir en las lenguas cooficiales desapareció -Sánchez ya se comprometió con Netflix y otras grandes productoras a no hacer obligatoria para ellos la polémica cuota del 6%. para que todo girase en torno a las grandes o pequeñas productoras. El malestar de los socios internos, de UP, con el PSOE era ayer evidente. Y el de ERC y EH Bildu también.

Estas polémicas negociaciones de consultoras con diputados son posibles porque la ley en España no regula el funcionamiento de los lobbies. No existe un registro ni transparencia para que los ciudadanos puedan conocer cuál ha sido la intervención de estas empresas en la tramitación parlamentaria de leyes. En este caso, al tratarse de una industria tan competitiva como la audiovisual, las presiones han sido evidentes. Hay que recordar que Moncloa puso alfombra roja hace unos días a las grandes ‘majors’ americanas con un recibimiento especial en Presidencia para que invirtieran en nuestro país. El objetivo del Gobierno es que España sea un gran plató para rodar series y películas.

No existe, por tanto, transparencia y el Gobierno tampoco ha dado el paso de acelerar iniciativas para que se conozcan mejor estas relaciones. Ha habido dos intentos esta legislatura. Uno a nivel gubernamental, cuando el actual ministro de Cultura, Miquel Iceta, impulsó en su etapa al frente de la Función Pública una regulación de los lobbies. Pero la crisis de Gobierno de julio del año pasado y el hecho de que el departamento que controla la administración pasara a Hacienda frenó la norma de Gobierno abierto. En el Congreso el PSOE también ha impulsado una iniciativa la creación de un registro público en el Parlamento. La propuesta sigue empantanada en la parte final de la legislatura.