A un lado el Santander, actual dueño del Popular, a otro el grupo de inversores mexicanos liderados por Antonio del Valle, que perdieron 470 millones de euros con la resolución, y en medio BX+: una alianza por destejer. Y la historia: el grupo cántabro quiere revender el 25% que heredó en dicho banco cuando se adjudicó el Popular a sus accionistas originarios -el grupo financiero de Del Valle- pero las conversaciones no avanzan al ritmo deseado por diferencias sobre cuál debe ser el precio.
La situación ha encallado ante la pretensión del grupo cántabro de obtener un talón que los mexicanos se niegan a pagar, en una estrategia que fuentes consultadas atribuyen al interés de buscar un resarcimiento de los millonarios quebrantos encajados cuando la Junta Europea de Resolución (JUR) redujo a cero el valor de su 4,23% en el Popular y en un paquete de deuda adquirido al banco.
Los contactos han fracasado en un primer round conforme al relato del diario mexicano Excelsior donde revela que el Santander cuenta con el asesoramiento del bufete Galicia Abogados y Del Valle de Cervantes-Sainz. Ninguna de las partes involucradas confirmó o desmintió ayer esta información, si bien otras fuentes sostienen que el distanciamiento es real por el talón para cerrar la salida de BX+ porque los inversores, entre los que figuran grandes fortunas del país e importantes empresarios, desean que Del Valle juegue bien esta carta.
El Popular se garantizó al efectuar la incursión en 2014 una opción de venta que le asegura recibir, en el peor de los casos, la misma cantidad invertida si revendía al socio -unos 97 millones de euros-. Su salida estuvo de hecho a punto de resolverse por un talón, incluso, superior en los últimos días de Ángel Ron en la presidencia del Popular y se abortó, junto a la venta de otros activos como WiZink, ante la decisión de Emilio Saracho de analizar todas las alternativas con que podía contar para diseñar una solución integral al banco.
La alianza se forja cuando el Popular efectuó en 2013 una macroampliación de capital con la que buscaba fortalecer el balance y pasar página del ladrillo, en la que los inversores mexicanos inyectaron 450 millones y se convirtieron de un plumazo en el segundo mayor accionista con el 6% del capital (la Sindicatura poseía un 9,7%). El banco adquirió el 24,99% de BX+ y, junto al socio, diseñó un plan para expandir la franquicia con una ambiciosa apertura de sucursales y exportando a México el modelo de éxito para pymes rodado en España por el Popular.
Era la etapa donde Ron aspiraba a internacionalizar el negocio y quería generar al menos un 30% de los ingresos fuera, tras la lección aprendida a sangre de que la dependencia de un solo mercado puede desestabilizar una compañía como estaba ocurriendo con el Popular con el pinchazo inmobiliario y la doble recesión.
No han denunciado al Santander
La sintonía con Del Valle se quebrará después, convirtiéndose el magnate mexicano en el principal promotor de la rebelión en el consejo de administración que acabará desalojando a Ron de la presidencia. Sus maniobras para fusionarlo con el Sabadell y coger una posición de control vía otra ampliación siembran la discordia. Lo que no podían imaginar son los derroteros que acabarán pulverizando su inversión.
Aquella apuesta, donde aspiraron a pilotar la gestión o propiedad, ha acabado en los tribunales y con el mismo Del Valle demandado en la Audiencia Nacional, junto al resto de exgestores y exconsejeros de la entidad. Los inversores han recurrido al Tribunal de Luxemburgo para anular la decisión de la JUR y reclaman a España sus 470 millones en arbitraje internacional. No han planteado actuación alguna contra el Popular o el Santander, pero aspiran a resolver bien el asunto BX+.
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