Europa se desentiende de investigar la fuga de depósitos que colapsó al Popular

La Comisión Europea deja sobre España cualquier pesquisa sobre los reembolsos que aceleraron su caída por asfixia.

Sucursal del Banco Popular en Madrid.
Sucursal del Banco Popular en Madrid.

En el inesperado desenlace del Popular, infartado por una crisis de asfixia y no de solvencia, decidieron y apretaron el botón de resolución las autoridades europeas, pero ahora dejan sobre el tejado de España cualquier pesquisa sobre el fatídico ahogo. La gran incógnita que sobrevuela al crucial episodio es si Ayuntamientos y comunidades autónomas recibieron algún tipo de soplo que les moviera a ordenar los cuantiosos reembolsos en sus cuentas que aceleraron la mortal fuga de depósitos.

“De conformidad con el Reglamento sobre abuso de mercado, incoar una investigación sobre el posible uso de información privilegiada es responsabilidad de las autoridades nacionales”. Es el argumento expuesto por la Comisión Europea para desmarcarse en una respuesta escrita por su vicepresidente Valdis Dombrovskis. La pregunta, formulada por el español Ramón Tremosa, Coordinador de Economía del Grupo Alde en el Parlamento Europeo, inquería al Ejecutivo comunitario si proyecta indagar “o pedir a las autoridades españolas que investiguen”. Ni lo uno ni lo otro, a juzgar por la respuesta.

El lance fue tan evidente que el mismo ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, reconocía en el Congreso días después de la resolución de la entidad que entes locales y autonomías sacaron "grandes cantidades de dinero”. El ministro culpó, sin embargo, de la sangría a las decisiones del equipo gestor de la entidad.

El relato sobre los últimos momentos del Popular expuesto por la Junta de Resolución Europea (Jur) y el Banco Central Europeo (BCE) es coincidente en que la sucesión de malas noticias en la entidad -abandono del consejero delegado, ajustes en las cuentas o enfriamiento del interés en una fusión por parte de la gran banca- alimenta la fuga de fondos al desatar al menos tres rebajas de la calificación crediticia por parte de Moody’s, DBRS y Standard and Poor’s. Cuando la nota de solvencia de un banco perfora cierto escalón alienta el cierre de operaciones por parte de inversores institucionales -fondos, gestoras, aseguradoras, etc- que ligan la gestión de su tesorería a un rating suelo.

Salida de 18.000 millones
En el Popular esta realidad resultó determinante puesto que había atraído ingentes volúmenes de dinero de institucionales con extratipos desde finales de 2016 para asegurarse un colchón confortable mientras despejaba las pertinaces dudas sobre su futuro. Según algunos cálculos, entre abril y el día que se entregó al BCE había perdido 18.000 millones. El Santander tuvo que inyectar 13.000 millones al instante de adjudicárselo para asegurar su normal operativa.

El punto oscuro en el relato son las extracciones masivas desencadenadas por parte de administraciones públicas en los últimos días. El banco ya se había rendido ante la quimera de resolver el futuro por sus propios medios en el arranque de junio. Las autoridades europeas trazaron su resolución el fin de semana del 3 de junio para llevarla a cabo al fin de semana siguiente. Que las tuberías se agotasen obligó a resolver el día 6.

La especulación es que algunas autonomías y ayuntamientos tomaron la decisión ante la posibilidad de que ningún banco pujase y hubiese estado condenado a una liquidación donde los depósitos superiores a los 100.000 no estuvieran garantizados. Sin la oferta del Santander otros clientes peor informados, conforme a esa tesis, hubiesen estado en desigualdad de condiciones de llegar tal extremo.

La propia presidenta de la Jur, Elke König, cuya indiscrección reconociendo que monitorizaba al Popular abonó la desconfianza en el banco, reclamó que se investigue por instancias judiciales o supervisores nacionales. Por lo pronto, la legalidad del proceso seguido con el Popular -incluído llevar a cero la inversión de 300.000 accionista y los tenedores de 2.000 millones en deuda- se dirimirá en los tribunales españoles y el de Luxemburgo donde se agolpan demandas de decenas de miles de inversores y antiguos gestores. En este caso, el Gobierno español y Frob cerraron a su vez filas para apuntar que la estrategia la determinó la Jur.

En el flanco político y por lo que sí pudiera corresponderle a Bruselas, la Comisión Europea descarta que los activos fiscales diferidos que podrían ahorrar al Santander hasta 3.000 millones en su factura frente a Hacienda -a deducir en los beneficios que llegue a reportar el Popular- sean ayudas. Su vicepresidente explica en la citada respuesta registrada en el Europarlamento que era una opción contable reconocida al Popular y por tanto el grupo cántabro solo la hereda, sin impacto adicional al Erario.  

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