El Gobierno ha dado luz verde a un fondo -Fondo de Reserva de Garantía- dotado con 200 millones al año durante tres ejercicios para que consumidores electrointensivos suscriban contratos de compraventa de energía a medio y largo plazo y abaraten así la factura energética. Las grandes empresas e industrias reclaman desde hace años un estatuto -el de Consumidor Electrointensivo- para pagar menos por la energía que consumen en sus procesos productivos.
El fondo es una de las medidas de apoyo a las empresas industriales con gran consumo de electricidad recogidas en el borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, en tramitación, y su finalidad es regular la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos que adquieran empresas electrointensivas en las operaciones de compra de energía a medio y largo plazo.
Las compañías, en pleno revuelo por los cierres de Alcoa y de Nissan, quieren más. Empresas e industrias consideran insuficientes las ayudas previstas. El Estatuto, en su última versión, contempla rebajas de hasta el 85% en la parte fija del recibo; compensaciones por los costes indirectos del CO2 y financiación pública para contratos de electricidad a largo plazo. En total, en torno a los 300 millones. Pero las empresas esperaban más, porque no alcanza las marcas de apoyo que aplican Francia o Alemania y tampoco concreta las partidas presupuestarias que lo respaldan. Las ayudas quedan muy lejos de los más de 580 millones anuales que llegó a ingresar la industria con el sistema de la interrumpibilidad.
Las ayudas saldrán -con el permiso de Hacienda- de los ingresos que proporcionan las subastas de derechos de emisión, en torno a 1.300 millones. Desde el punto de vista de las empresas, debería ser un mecanismo de asignación consolidado y no dependiente de la adjudicación presupuestaria anual. Las claves son el impulso a los contratos bilaterales de suministro eléctrico con productores de energía para que puedan buscar mejores ofertas y ayudas para compensar los cargos para financiar a las energías renovables.
Los negociadores de la gran empresa recuerdan siempre que fue el Gobierno quien reconoció en 2018 la necesidad de tomar medidas para aliviar la carga que supone la carestía de la energía para la industria. Lo hizo en el Real Decreto 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética: la energía, dice la norma "representa un insumo principal en los procesos productivos de las empresas, industrias y cooperativas, así como en el sector primario, condicionando la productividad y competitividad de estos sectores".
El Ministerio de Industria que dirige Reyes Maroto aspira a lograr un pacto de Estado por la Industria. La actual Ley de Industria data de 1992 y , por tanto, en opinión delministerio necesita adaptar el marco regulatorio "a la profunda transformación que suponen retos como la digitalización, la transición ecológica o la internacionalización, según palabras de Maroto.
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