El CO2 se convierte en la polémica llave de las ayudas para salvar a la industria

El CO2 se ha convertido en la gran esperanza de la industria para reducir lo que pagan por la electricidad y mantener a flote sus cuentas. Los centenares de millones de ayudas que llegaron a cobrar por acceder a desconectarse de la red en caso necesario -interrumpibilidad- ya no fluyen y el Estatuto del Consumidor Electrointensivo diseñado por el Gobierno aún no está en vigor. Los grandes consumidores de energía, con el apoyo de las comunidades más afectadas por la desindustrialización, presionan para que el Gobierno de vía libre a las ayudas y para enmendar el proyecto de ley de Cambio Climático -artículo 26.4-  de forma que incluya que el 25% de la recaudación de por derechos de emisión,  1.300 millones en 2019, se destinen a compensar a la industria.

A las empresas, los dedos se les hacen huéspedes porque tienen el dinero al alcance de la mano, pero no acaba de llegar. En el Ministerio de Industria se encuentra desde el 30 de abril la orden por la que se convoca la concesión de las subvenciones por el CO2 por un máximo de 275 millones. Pero el reparto está condicionado "a la disponibilidad de crédito y, en su caso, a la aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de la subvención". Dinero pendiente, en suma.

Con el sector agitado por los anuncios de cierre -Alcoa, Nissan- la industria, con el apoyo de las comunidades autónomas más afectadas por los cierres de empresas -Asturias y Galicia- demanda más compromiso y concreción en los apoyos del Gobierno. La tramitación en el Congreso de la Ley de Cambio Climático Y Transición Energética es una oportunidad. La clave son las subastas de CO2.

En su actual redacción, el proyecto de ley no asegura las ayudas. El artículo 26-4 de la norma en tramitación establece que "los ingresos provenientes de las subastas de derechos de emisión -el CO2- serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética". Y detalla el reparto: 450 millones al menos para financiar los costes del sistema eléctrico relacionados con el fomento de las renovables "pudiendo destinarse el 30% de la cantidad total" a medidas con incidencia social provocados por la transición energética".

Mira también

Alarma en la industria: dos años a la espera de ayudas para 600 compañías

Con tal redacción, señalan las fuentes consultadas, no queda claro a qué se destinará el resto del dinero recaudado en las subastas en el caso de que lo haya, lo que no está claro dada la caída de precios del dióxido de carbono y de emisiones registrada por la pandemia. La directiva europea 2018/410 establece que "los Estados miembros pueden utilizar hasta el 25% de los ingresos generados por las subastas para compensar a empresas e industrias. Y es lo que quieren los impulsores de enmiendas a ley, industrias incluidas.

Con el Estatuto del Consumidor Electrointensivo aún el aire, los ministerios de Transición Ecológica y de Industria no han cerrado todavía unas ayudas que dependen de la negociación presupuestaria. Sí han concretado, sin embargo, alguna de las partidas. Así, habrá 90 millones para rebajar los cargos de la parte fija de la factura hasta en un 85% y 172 millones para compensar los costes del CO2 que pagan las compañías a través del recibo. El resto, hasta superar probablemente los 300 millones, corresponde a un fondo público para que las empresas firmen contratos de suministro de energía limpia a largo plazo -más de cinco años-.

Para el Gobierno de Pedro Sánchez, las reclamaciones de las grandes empresas e industrias no solo son causa desgaste político. La industria electrointensiva factura 107.000 millones de euros, emplea a 220.000 personas y supone un 12% del producto interior bruto. Son datos a tener en cuenta en un contexto en el que se han ido reduciendo progresivamente las ayudas, más o menos declaradas, y en el que los precios de la electricidad para la gran empresa se han situado por encima de los de países competidores como Francia o Alemania.

Para cerrar el nuevo Estatuto, los ministerios de Teresa Ribera (Transición Ecológica) y de Reyes Maroto (Industria) han tenido que negociar entre sí, con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), con la Dirección de Competencia en Bruselas y con las grandes asociaciones empresariales e industriales como AEGE, Unesid, Aspapel etc. El todavía borrador de Estatuto cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, que había sido muy crítica con las medidas de apoyo y subvenciones que han funcionado tradicionalmente en España.