El Tribunal de Cuentas inicia con Renfe y Aena su plan auditor contra la corrupción

Renfe y Aena, las dos grandes compañías estatales integradas en el Grupo Fomento que dirige el ministro José Luis Ábalos, han sido las elegidas por el Tribunal de Cuentas para poner en marcha un nuevo programa de auditorías que tiene por objeto comprobar hasta qué punto el sector público empresarial se ha tomado en serio sus obligaciones en la lucha contra la corrupción y demás riesgos penales. La institución que preside María José de la Fuente quiere desplegar un operativo de auditores entre un total de casi treinta compañías en un proceso que se dilatará en los próximos años y del que se dará debida cuenta en sede parlamentaria.

Fuentes conocedoras del protocolo establecido por el Tribunal de Cuentas aseguran a este periódico que, de momento, el propósito del organismo es orientar un foco de su actividad fiscalizadora a un asunto de marcado acento social, como es la responsabilidad penal que deben asumir los responsables de las empresas dependientes del Estado como garantes de fondos públicos. En esta primera fase no se trata de valorar la eficacia de los llamados programas de ‘compliance’, sino de explorar el compromiso real que las entidades tienen con una función interna que es básica en la relación de confianza y transparencia que exige el manejo de recursos procedentes del bolsillo de todos los ciudadanos.

Los planes de cumplimiento, conocidos como ‘compliance’ en el mundo anglosajón, se han ido integrando en la vida de las empresas con una especial incidencia dentro del mercado financiero y también en las grandes sociedades cotizadas. Consisten en un conjunto de normas establecidas dentro cada empresa a instancias de sus principales órganos de gobierno que permitan evaluar y prevenir actuaciones que pudieran derivar en responsabilidades penales frente a terceros. Ni qué decir tiene que la proliferación de los casos de corrupción sucedidos en los últimos años en nuestro país ha otorgado carta de naturaleza a estos departamentos funcionales que forman parte de los organigramas operativos en cualquier empresa mercantil.

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A día de hoy el papel del ‘Compliance Officer’ se ha convertido en seña de identidad dentro del mundo corporativo español aunque en muchos casos todavía no ha dejado de ser una figura más bien decorativa que suele invocarse de manera rutinaria cada vez que surge un conflicto interno en el seno de la empresa. De ahí el interés del Tribunal de Cuentas en poner, cuando menos, el dedo en la llaga y comprobar si los programas de cumplimiento son verdaderamente prioritarios para la alta dirección de las empresas públicas o si éstas actúan exclusivamente al estilo Santa Bárbara como alguien del que sólo se acuerdan cuando ya está desencadenada la tormenta.

Aena y Renfe constituyen junto a Adif las principales joyas de la corona del sector público y su incidencia en la contratación pública es un factor determinante para comprender el celo fiscalizador del Tribunal de Cuentas. Los auditores del Departamento de Empresas Estatales han desembarcado en ambas compañías con una agenda cargada de reuniones a las que tienen que comparecer representantes de diferentes niveles directivos, así como los miembros del propio órgano de vigilancia encargado de la prevención de riesgos penales e incluso también los delegados sindicales integrantes de los comités de empresa.

Curiosamente, o quizá también para evitar sesgos jerárquicos que puedan condicionar las respuestas de algunos de los participantes en las entrevistas, los únicos que han quedado fuera de esta primera ronda de contactos son los primeros ejecutivos de ambas compañías; el presidente de Aena, Maurici Lucena, y el de Renfe, Isaías Táboas. Los responsables del Tribunal de Cuentas, expertos en estas lides, son conscientes de la concentración de poder y estricta disciplina funcional que suele dominar en las empresas públicas y quieren disponer de una muestra amplia y fiable que permita después un análisis exhaustivo del grado de conocimiento, aceptación y compromiso que mantiene toda la organización empresarial con sus propias normas internas de cumplimiento penal.

Las auditorías anticorrupción, como empiezan a ser identificadas en los círculos próximos al Gobierno, van a suponer una verdadera convulsión interna en muchas empresas públicas cuyas conductas empiezan a ser observadas con lupa por los distintos agentes sociales. Casos como los de Defex y Mercasa han disparado todas las alarmas en el entorno del Grupo Sepi, dependiente del Ministerio de Hacienda. La irrupción del Tribunal de Cuentas, que calcula no menos de una treintena de incursiones en otras tantas sociedades mercantiles, servirá como aviso a navegantes para que los nuevos dirigentes nombrados por el PSOE otorguen prioridad a sus sistemas de prevención de riesgos penales. A fin de cuentas, el ojo del amo engorda al caballo.