Jueves, 21.06.2018 - 03:40 h
La CNMC denunció excesos de ingresos regulados

Las eléctricas fichan a más consultoras contra el rejón de Nadal a la distribución

Las empresas reclaman retornos de la inversión en actividades reguladas del 7% para evitar problemas en la distribución eléctrica

Tendido eléctrico.
Tendido eléctrico. / EFE

El pulso continúa. Las grandes empresas eléctricas han contratado consultoras para levantar una barrera que frene los recortes a la distribución de hasta 170 millones anuales anunciados por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en principio para 2020. La consultora Deloitte abrió el baile colectivo, pero en las últimas semanas se han incorporado informes de otras consultoras como Analistas Financieros Internacionales (AFI) o Nera,  según sostienen fuentes empresariales. Todos los trabajos tienen el mismo fin: convencer al Gobierno de que para garantizar las inversiones necesarias en la red de distribución, el retorno mínimo de rentabilidad tiene que rondar el 7% en lugar del 4% que baraja Energía.

El recorte planteado por Nadal -primero en forma de borrador de decreto y ahora como proposición de ley- se centraría, si se aprueba, en las cinco grandes distribuidoras (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo, EDP y Endesa). Sería un recorte por dos vías. En torno a 100 millones por la rebaja del interés del 10% que aplican las empresas por cobrar con una media de dos años de retraso - "factor de retardo"-, y otros 70 millones por la sobrerretribución detectada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en activos ya amortizados.

Gráfico redes eléctricas
Gráfico redes eléctricas

Contra la intención del Gobierno, las compañías esgrimen los informes de expertos. Deloitte, Analistas Financieros Internacionales (AFI) y Nera Economic Consulting son tres de las consultoras contratadas para convencer al Ejecutivo contra los recortes. Utilizan distintas herramientas de análisis, pero todos llegan a la misma conclusión -que han hecho llegar, por cierto, a la CNMC-: la retribución justa para garantizar las inversiones en la red de distribución debe situarse entre el 6,9% y el 7,2%.

Endesa e Iberdrola

AFI ha sido contratada por Endesa y Nera por Iberdrola, aunque en este último caso, la compañía matiza que es sólo uno de los think-tanks de los que se sirve para trabajos de distinta índole. Además de Nera, Iberdrola menciona como consultores habituales a Deloitte, Florence School of Regulation o el  Oxford Institute for Energy Studies.

El resumen ejecutivo del trabajo realizado por AFI para Endesa proporciona una muestra de las conclusiones que manejan las empresas contra los recortes: "El coste de capital en el segundo período regulatorio debería fijarse en el entorno del 7%. Dado que la media del valor del Bono del Estado a 10 años en el período comprendido entre el 1 de mayo de 2017 y el 30 de abril de 2019 alcanzará, previsiblemente, el valor del 2%, el diferencial a aplicar sobre dicho valor y a utilizar a efectos de fijación de la tasa de retribución, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1048/2013, ascendería a 500 puntos básicos".

No son los porcentajes que considera más ajustados la CNMC. La Comisión maneja datos sobre las rentabilidades que obtienen por sus infraestructuras las empresas de telecomunicaciones o AENA. Y se sitúan, sostienen fuentes del organismo, entre el 6,48% y el 4,40%. Inferiores en todo caso a la que reclaman las eléctricas.

Según el informe elaborado en diciembre del pasado año, la CNMC ha detectado un incremento de la rentabilidad económica de la distribución de las eléctricas. El retorno sobre la inversión (ROI) pasó del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. Y la rentabilidad para el accionista (ROE) superaba el 10% en todas las empresas examinadas: Endesa Distribución, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, y Viesgo Distribución Eléctrica.

Pero el debate se mantiene. El informe elaborado por Monitor Deloitte y las eléctricas concluye que será necesario invertir hasta 46.000 millones hasta 2030 en la red de distribución -34.000 por las operadoras de redes- para integrar la generación renovable, atender el aumento de la demanda y cumplir con las exigencias medioambientales de la UE. Es mucho dinero y para asegurarlo, aseguran las empresas, tiene que estar retribuido de forma justa. 

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