Sánchez encara una oleada de arbitrajes y demandas de fondos por el golpe al gas

El gas vela armas ante el recorte a la retribución de las redes de distribución planteado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que propuso en su circular un ajuste del 18%. Al punto que, si la comisión bilateral entre el organismo que preside José María Marían Quemada y el Ministerio de Transición Ecológica no lo evita y atenúa drásticamente el ‘hachazo’, las propias compañías no descartan una nueva avalancha de arbitrajes internacionales por parte de los fondos y empresas presentes en el capital de las principales compañías del sector. También apuntan a la posibilidad de que algunos de los afectados demanden para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado por haber modificado el modelo de retribución sin garantizar una rentabilidad razonable.

Es más, según consta en documentos y análisis internos que manejan firmas integradas en la patronal Sedigas y a los que ha tenido acceso este diario, existe un “importante riesgo” para el contribuyente, que podría terminar asumiendo esos costes. En este sentido, se recuerda que la reforma eléctrica de 2013 fue recurrida ante los tribunales españoles y que, aunque el Supremo y el Constitucional avalaron la normativa en tanto aseguraba una rentabilidad mínima y existía “objetivamente” un problema que solucionar, el órdago entonces del PP “tuvo que enfrentarse a un volumen importante de arbitrajes internacionales que, en una parte no menor, se están perdiendo”. En el fondo, lo que está en juego es la importancia del gas como energía de transición, una opción que no convence a la ministra del ramo, Teresa Ribera, por mucho que su concurso sea necesario como ‘back-up’ como se refleja en el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC).

“Flaco favor se hace a la transición energética dañando la credibilidad internacional de nuestro país con un cambio regulatorio innecesario y abrupto dirigido contra los mismos que se necesitarán para financiar las energías renovables y la transición climática”, reza el informe, al tiempo que insiste en que los ‘inquilinos’ de los consejos de administración en el sector de transporte y distribución del gas, “mundialmente reconocidos”, son también “imprescindibles para financiar cualquier esfuerzo inversor que quiera hacerse en España”. Todo un aviso a navegantes. No en vano, sólo en distribución de gas participan hoy de forma directa más de 15 firmas internacionales que han materializado en el país apuestas inversoras por encima de los 75.000 millones de euros.

En efecto, aunque el Estado español ya sufrió hace un lustro la ira de los fondos que habían apostado por la energía fotovoltaica y vieron como se recortaba la retribución contenida en el famoso Real Decreto 661/2007, lo cierto es el conflicto actual se produce con el capital de las grandes firmas ‘tomado’ por inversores internacionales. Sin ir más lejos, en Naturgy convive Criteria Caixa con CVC Capital Partners (20%) o GIP (20%), conocidos actores del capital riesgo y los grandes fondos, respectivamente. Nortegas, segunda mayor distribuidora, está en manos de un consorcio encabezado por una gestora de fondos vinculada a JP Morgan, Abu Dhabi Investment Council, Swiss Life y Covalis Capital. Redexis depende de empresas propiedad de dos fondos de pensiones, el danés Arbejdsmarkedets Tillaegspension y el británico Universities Superannuation Scheme, cada uno con un 33%. Y suma y sigue.

Como publicó este diario, una de las principales quejas del sector pasa por el momento elegido para lanzar la circular y abrir en canal el debate, que se vincula con el sesgo ideológico que implica trasladar con celeridad las inversiones del gas a la electricidad en lugar de abordar una transición más gradual. Según su argumentario, la circular en cuestión debía haberse lanzado lo más cerca posible del próximo periodo regulatorio, el 1 de enero de 2021. Las cotizaciones sufrieron el envite. Naturgy, por ejemplo, cotizaba el día 3 en 24,89 euros y, apenas cinco días después, perdía la cota de los 22,5 euros. Enagás, empresa clave en tanto gestor de la red y participada por la SEPI, se movía confortablemente por encima de los 23,5 euros. El día 12 de julio, entre un mar de incertidumbre, se asomaba a la barrera de los 19 euros. Aún no han logrado volver a los niveles ‘pre-circular’.

Riesgo de desaparición

El documento habla incluso de que las distribuidoras más pequeñas puedan ver su continuidad amenazada por la envergadura del recorte que plantean las autoridades de Competencia. “En función del tipo de activos de distribución de gas que tenga en cartera cada una de las compañías, algunas pueden verse incluso abocadas a la desaparición, con el perjuicio que eso supone parta sus clientes. Las más expuestas son compañías de tamaño medio que tienen un importante componente regional como Nortegas o Madrileña red de gas”. En concreto, esta última está participada por un fondo soberano chino, Gingko Tree Investment; un fondo de pensiones holandés, véase PGGM, y la eléctrica francesa EDF a través de su sociedad de inversión EDF Invest. Fue vendida por Morgan Stanley allá por el año 2015.

Por otra parte, advierten también las gasistas de que el recorte que plantea la CNMC puede provocar un deterioro de la calidad del servicio al consumidor final y tener efectos en la estructura industrial. “Allí donde no llegue el gas, no puede haber industria porque toda la industria que necesita calor (que es casi toda) necesita gas”, remacha el análisis. Las políticas sobre el gas serán clave en la legislatura que pretende arrancar el actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ha hecho gala de que la transición energética será una de las prioridades de su mandato. Un planteamiento que tiene a las empresas -muchas de ellas cotizadas- al borde de un ataque de nervios y, como bien señalaba Moody’s, con su rating en el alero. Toda una espada de Damocles pendiente de una investidura.