SOS de las grandes superficies: cuatro de cada diez empleados están en algún ERTE

Las perspectivas para la gran distribución en España empiezan a ser dramáticas: el cierre de todas las tiendas (salvo los supermercados) está provocando una crisis sin precedentes que afecta tanto a empresas como trabajadores, tal y como advierte la principal asociación del sector, Anged. Por un lado, porque la falta de liquidez amenaza con cerrar definitivamente muchos negocios si no se toman las medidas oportunas en el mercado. Por otro, porque la incapacidad de mantener en nómina a sus plantillas durante más tiempo sin actividad ha provocado que el 40% de los empleados de las grandes superficies ya se haya visto afectado por un ERTE. Y, por todo ello, desde el sector se reclama una reforma laboral integral capaz paliar las pérdidas, que cifran en torno a los 25.000 millones de euros hasta ahora.

El mensaje de Anged es claro: "Al no tener ningún ingreso, todo el comercio de no alimentación tiene muy difícil desde un punto de vista de liquidez que pueda sobrevivir". En este sentido, apunta que la destrucción de empleo está afectando a todos los sectores de manera más o menos homogénea. Salvo los supermercados, que han experimentado un crecimiento del 25% en el último mes, el textil (con un 70%) y la tecnología (con un 50%) lideran las pérdidas desde que se decretase el estado de alarma, según los datos que maneja la asociación. Es más, desde Anged también se matiza una cuestión relevante: "No es cierto que el e-commerce esté creciendo; de hecho, está cayendo en general". El ejemplo de los supermercados o el de algunas grandes empresas textiles, por tanto, no representan el paradigma actual.

Pero no solo el ambiguo comportamiento del e-commerce dibuja un panorama sombrío. "En los próximos tres meses, nos van a faltar más de 40 millones de consumidores", explicaba este miércoles Alfonso Merry del Val, presidente de Anged. En concreto, se refiere a la brutal caída del turismo externo prevista para el próximo verano, que unida al miedo a perder los ahorros y al desplome generalizado del consumo de no alimentación, "se va a perder la campaña de verano y se incrementará el impacto del paro: se van a perder muchos empleos".

Según las cifras de Anged, el comercio minorista factura anualmente 250.000 millones de euros, de los cuales ya da por perdidos el 10%. En este sentido, Javier Millán-Astray, director general de la asociación, apunta que "el comercio, junto a la hostelería, van a ser los dos sectores más afectados por la crisis. Los datos de China revelan que se ha frenado el consumo de hasta un 50%. Vamos a perder más ventas con el coronavirus que todo lo que perdimos durante la crisis económica de 2008 a 2013".

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Por eso, Anged detalla que el Gobierno debe implementar medidas urgentes de liquidez para evitar el cierre masivo de empresas. La más prioritaria, en su opinión, es "ampliar la línea de financiación ICO, que se ha quedado pequeña. Puede ser una solución para las empresas siempre y cuando los bancos lo apliquen adecuadamente", explica Millán-Astray, que reclama que lo ideal es que se tome como referencia la situación financiera en cada caso a fecha de 13 de marzo (antes del estado de alarma), no la actual. Hasta ahora, se ha aprobado una línea de avales del ICO con una dotación de 100.000 millones de euros. El primer tramo activado tiene un importe de 20.000 millones de euros.

Por otro lado, desde Anged se reclama una moratoria de las obligaciones fiscales de las empresas, que "también se debería extender a ayuntamientos y comunidades autónomas", así como "eliminar el impuesto a las grandes superficies que nos cobran en cuatro comunidades autónomas".

Pero son las medidas de flexibilidad que reclama Anged las más agresivas: "Si el objetivo principal es preservar los puestos de trabajo, primero hay que preservar las empresas [...]. En 2008 fuimos capaces de diseñar un mercado laboral mucho más flexible, pero manteniendo el empleo". En el nuevo marco laboral que reclama el sector, se incluiría modificar jornada y horario de los trabajadores, la activación de un mecanismo de entrada y salida de los trabajadores en los ERTES, y la flexibilización de los períodos para recuperar horas perdidas hasta más allá del 31 de diciembre, en previsión de las pérdidas acumuladas para entonces.