La banca ha pagado durante este año 364 millones de euros a las arcas públicas a modo de compensación por la garantía estatal que le permite contabilizar como capital más de 24.000 millones de euros en derechos fiscales (DTA) acumulados por sus pérdidas del pasado, principalmente las asumidas durante la fase más dura de la crisis. Tras la activación de esa tasa en la Ley de Presupuestos de 2016, la materialización por parte del Santander en dos ejercicios presupuestarios de los más de 1.000 millones de euros en activos fiscales que poseía el Popular -cuya monetización solo era posible, según la norma, en caso de pérdidas por parte de la entidad o en caso de liquidación de la misma- había hecho que la cuenta presupuestaria que mide estos DTA arrojara siempre un saldo desfavorable para el Estado, que de paso había impedido observar el impacto de la prestación patrimonial establecida sobre esas garantías. Eso ha cambiado este año. Por primera vez desde su implantación, no ha habido activos que pagar por parte del Estado y ello ha permitido determinar el monto real de lo ingresado por este concepto en la documentación oficial que publica el Ministerio de Hacienda.
Esos 364 millones de euros se corresponden a la prestación patrimonial del 1,5% establecida en el año 2016 tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía sobre esos activos fiscales para retribuir el riesgo asumido por el Estado por esa garantía pública. Fue una de las exigencias planteadas por Bruselas al Gobierno de España para no considerar la regulación doméstica de los DTA como una ayuda de Estado. El Gobierno de España podría garantizar esos activos fiscales para que la banca se los pudiera apuntar como capital, pero a cambio las entidades financieras tendrían que retribuir ese blindaje como lo harían con cualquier otra cobertura financiera.
Los DTA tienen su origen en el proceso de reestructuración del sistema financiero español. Las fuertes provisiones exigidas por el conocido como 'Decreto Guindos' dejaron muy débiles las estructuras de capital de las entidades financieras españolas. Al área económica del Gobierno se le ocurrió entonces la idea de importar el esquema de los DTA, ya aplicado en otros países, para permitir a los bancos reflejar como activo en sus balances las pérdidas en que incurrieran por insolvencias de deudores, aportaciones a planes de pensiones, prejubilaciones dentro del proceso de reestructuración del sector y, singularmente, las provisiones dotadas para cumplir con la normativa gubernamental, y deducirlas en el Impuesto de Sociedades cuando tuvieran beneficios.
El problema de ese esquema, como explica el exdiputado de Ciudadanos e inspector de Hacienda Francisco de la Torre, es que esos activos debían descontarse del capital, ya que en caso de liquidación los acreedores de los bancos no podrían exigir su cobro ante la Hacienda Pública. Para evitar ese efecto en un contexto de fuertes exigencias de capitalización a la banca, el Estado decidió garantizar esos activos a fin de que las entidades pudieran consignarlos como capital de máxima calidad.
La solución, sin embargo, no convenció a Bruselas que la observó como un respaldo ilícito del Estado español al capital de sus bancos. La negociación bilateral para salvar ese escollo se saldó con el compromiso del Gobierno de establecer una prestación patrimonial del 1,5% sobre esos DTA en retribución por esa garantía estatal, que permitía a las entidades reforzar de ese modo su capital.
El Gobierno lo admitía de manera explícita en la exposición de motivos de la norma que implantó esta prestación patrimonial, donde reconocía que la principal razón de la reforma era permitir que ciertos DTAs pudieran seguir computándose como capital, en línea con la regulación vigente en la Unión Europea, de forma que las entidades de crédito españolas pudieran operar "en un entorno competitivo homogéneo".
La tasa comenzó a cobrarse en 2017, pero no ha sido hasta este año 2019 cuando la información pública ha permitido conocer los recursos que aporta a las arcas públicas por el riesgo asumido al garantizar esos créditos fiscales, como ya se puso de manifiesto en el caso del Popular, que ha obligado al Estado a abonar al Santander los DTA que la entidad ya desaparecida tenía en su balance: algo más de 1.000 millones de euros.
Unos recursos que el Gobierno de Pedro Sánchez valoró como insuficientes al poco de llegar al poder, hasta el punto de que se planteó incluir en su paquete fiscal una tasa incrementada sobre las entidades financieras por este blindaje estatal de los DTA. Goldman Sachs estimó el impacto que el incremento de esta tasa del 1,5% al 3,64% tendría para las cuentas de los bancos y la calculó en una cifra próxima a los 800 millones de euros. Una proyección sobre los 364 millones que los datos de Hacienda recogen para este 2019 llevaría esos ingresos extra hasta cerca de los 900 millones de euros.
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