El primer escollo en el 'idilio' entre Iberdrola y el Gobierno ha aflorado en el momento menos oportuno. La medida aprobado por el Consejo de Ministros para acotar el dividendo del carbono ha abierto una brecha entre el Ejecutivo de coalición y el presidente de la eléctrica que, hasta ahora, habían hecho gala de su concordancia. Esta sintonía había servido de abono para inclinar la balanza a favor de Iberdrola en la batalla por los fondos Next Generation. En la junta de accionistas de Iberdrola de este viernes, Galán cargó contra el el Gobierno de Pedro Sánchez y elevó el tono de su protesta contra el mordisco a los beneficios caídos del cielo (windfall profits), un viraje que ha tenido lugar en la recta final de la concurrida puja por la ayuda europea.
El Gobierno ha tendido la alfombra roja a la eléctrica en el competitivo proceso por el Plan Marshall europeo, al que Iberdrola ha presentado 175 proyectos que aspiran a movilizar inversiones por valor de 30.000 millones. Uno de los canales más jugosos para acceder a estas ayudas son los PERTE (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica). Se trata de seis grandes áreas estratégicas para movilizar la economía a través de potentes consorcios público-privados. La última palabra sobre las propuestas privadas candidatas a integrarse en uno de ellos la tendrá el Consejo de Ministros.
Precisamente, el primer PERTE que anunció el Gobierno fue el del coche eléctrico. El propio Sánchez habló de Volkswagen e Iberdrola como las elegidas para sacar adelante el proyecto para la automoción verde. A raíz de esta primera selección, al Gobierno le han llovido las críticas desde algunos partidos de la oposición que han denunciado falta de transparencia en la gestión preliminar de la ayuda europea. El Ejecutivo ha quitado hierro al asunto al asegurar que el citado PERTE no está adjudicado y se ha referido a Iberdrola y Volkswagen como dos gotas en un mar de aspirantes. En este escenario, la tensión entre la eléctrica y el Gobierno toma especial relevancia.
Desde que el Ministerio para la Transición Ecológica se hizo eco del anteproyecto de ley para minorar la retribución de las centrales no emisoras de CO2, la medida levantó ampollas en el 'Ibex eléctrico'. Hasta este viernes, los gigantes eléctricos habían optado por la moderación y canalizado sus alegatos a través de la patronal, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec). Galán se ha salido del guión y ha acusado al Gobierno de introducir "cargas injustificadas" sobre tecnologías no emisoras de carbono.
Para más inri, el presidente de Iberdrola intentó desmontar el argumento de la bajada del recibo eléctrico, que ha servido a la ministra del ramo, Teresa Ribera, para justificar el coto al dividendo del carbono, que para Iberdrola supondrá un recorte de unos 400 millones de euros anuales: "El principal beneficiario de los altos precios de la electricidad es la Hacienda Pública", aseveró el directivo en su discurso ante los accionistas de la cotizada.
Ignacio Sánchez Galán: "El principal beneficiario de los altos precios de la electricidad es la Hacienda Pública"
Una de cal y una de arena. Las incisivas críticas que el número uno de Iberdrola lanzó contra la gestión del Gobierno de coalición llegaron acompañadas de una actitud conciliadora frente a la propuesta que Ribera lanzó este miércoles de suspender temporalmente algunos impuestos a la luz. "Acogemos positivamente las recientes declaraciones del Gobierno en sede parlamentaria acerca de una posible reducción de los impuestos, cargos y tasas, que ya suponen cerca del 60% de la factura". La vicepresidenta cuarta decidió dejar abierta esta puerta 'in extremis' ante los máximos históricos que viene registrando el precio de la luz desde hace semanas.
El tono de Galán en la junta de accionistas se puede considerar como bastante contundente dada la atmósfera que rodea desde hace meses a la compañía como consecuencia del llamado caso Tándem, relativo a las escuchas ilegales del excomisario Villarejo. Cabe destacar, no obstante, que, a pesar de las conjeturas que existían sobre el desenlace procesal, el presidente y la empresa han comparecido ante la asamblea de accionistas sin que ninguna imputación pese sobre ambos.
Galán, como era previsible, no aludió para nada a este espinoso asunto y centró su intervención institucional en la problemática que supone para Iberdrola y para el sector las últimas novedades regulatorias impulsadas por el Gobierno y la CNMC. En concreto, el máximo ejecutivo de la primera compañía eléctrica significó que el gran beneficiario de la tarifa eléctrica es el Estado: "No sólo recibe unos cuantiosos impuestos proporcionales al precio de la energía, sino también los ingresos por la venta de derechos de CO2 que este año podrían alcanzar los 2.500 millones", señaló a modo de conclusión el presidente de Iberdrola.
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