El ambicioso Plan Estratégico de Red.es para el periodo 2017-2020 aspiraba a convertir a la entidad empresarial del Estado encargada del despliegue de la tan celebrada 'agenda digital' en una de las principales palancas impulsoras "de la sociedad de la información y de la transformación digital en España" tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el sector privado. El plan se apoyaba en un eslogan que visto con perspectiva se antoja premonitorio: 'Rediseñando lo que somos para transformar lo que ya hacemos'. Dos años después la entidad empresarial Red.es admite en sus cuentas anuales de 2018 su incapacidad para generar recursos suficientes con su actividad de mercado y se resigna a que esa circunstancia la fuerce a echar el cierre como empresa y reintegrarse en la estructura del Estado convertida ya en un organismo autónomo más.
En realidad, no se trata de una decisión discrecional ni de la nueva Dirección de Red.es, al mando de David Cierco, ni del Ministerio de Economía y Empresa, del que la entidad depende orgánicamente, sino que es un imperativo legal marcado por la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, impulsada por Cristóbal Montoro en 2015 y que vino a endurecer los requisitos que debían cumplir las entidades dependientes del Estado para operar de forma autónoma como empresas.
En concreto, la normativa estableció que las entidades empresariales dependientes del Estado debían acreditar en el curso de los tres años siguientes a la entrada en vigor de la ley (octubre de 2016) su capacidad para generar al menos el 50% de sus ingresos a partir de actividades de mercado y encomendó a la Intervención General del Estado la tarea de acreditar que tal requisito se cumplía de manera efectiva.
La entidad empresarial Red.es no ha sido capaz de alcanzar ese umbral. Según los datos proporcionados por la propia sociedad en sus últimas cuentas anuales el porcentaje medio de facturación derivado de su actividad de mercado en los últimos tres años ha sido del 12,46% y no sólo no ha crecido sino que se ha reducido desde el 28,17% de 2016 al 8,32% de 2018 al tiempo que crecía su facturación desde algo menos de 30 millones de euros a algo más de 100 millones en el último ejercicio.
El equipo directivo de Red.es admite que, a la luz de estas cifras, la entidad pública empresarial "podría verse obligada a transformarse en organismo autónomo, dado que no se financia mayoritariamente con ingresos de mercado". El plazo establecido por la ley para cumplir ese requisito del 50% de ingresos de mercado es de tres años desde la entrada en vigor de la misma y vencería el próximo mes de octubre.
La Información se ha puesto en contacto con la entidad empresarial Red.es, con el Ministerio de Economía, del que depende orgánicamente la todavía entidad empresarial; con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que según Economía y Red.es es el competente para determinar la eventual transformación de la hoy empresa pública en un organismo autónomo integrado en la Administración General del Estado; e incluso con el Ministerio de Hacienda, que según Función Pública es el que debe tomar esa decisión, para conocer el procedimiento, los plazos y las consecuencias de la previsible liquidación de la entidad empresarial para convertirse en un organismo autónomo y todos ellos han evitado pronunciarse sobre el particular, remitiéndose a lo que se dice en las cuentas anuales que se acaban de publicar.
Y lo que dice Red.es en sus cuentas anuales apunta a que la sociedad ya se ha resignado a su suerte y únicamente aclara que la transformación, que califican de "posible" no tendrá "ninguna incidencia" sobre la operativa normal de la entidad.
Perderá 450 millones de euros en derechos fiscales
El proceso de liquidación de la entidad empresarial Red.es y su transformación en un organismo autónomo del Estado sí tendrá consecuencias, pese a las cautelas legales respecto a la preservación de las condiciones básicas de funcionamiento de las empresas públicas que acaben convertidas en organismos del Estado que preveía la ley. Según profesionales de la fiscalización de las cuentas públicas, la conversión en organismo autónomo tendrá una incidencia relevante sobre los mecanismos de control contable de Red.es, que pasará de someterse a auditoría una vez al año a tener un interventor delegado que ejercerá un control financiero permanente sobre el organismo, además de someterse a la reglas de la Ley General Presupuestaria y del carácter limitativo de los créditos públicos, que esquiva en buena medida como empresa.
Más allá de eso, la pérdida de la condición de empresa desposeerá a Red.es de los derechos fiscales por valor de 456 millones de euros generados tras una década de saldos negativos permanentes en su balance. El reverso de este efecto sería que la Hacienda Pública se libraría de esas obligaciones de pago. En 2018, sin ir más lejos, Red.es cerró el ejercicio con unas pérdidas de 34 millones de euros. En 2018 la entidad recibió del Estado una aportación patrimonial superior a los 107 millones de euros, transferencias de capital por más de 15 millones de euros y transferencias corrientes por 787.840 euros.
Red.es, como empresa del Estado encargada de promover la digitalización y la sociedad de la información, tiene bajo su manto a Incibe, la sociedad mercantil estatal que se encarga de la definición, gestión y aplicación de la estrategia nacional de ciberseguridad, que no solo incluye a la Administración Pública sino la supervisión de los planes de las llamadas empresas estratégicas (eléctricas, telecos...).
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