Cristóbal Montoro está decidido a 'limpiar' la Administración del Estado de todos aquellos organismos y fundaciones públicas que supongan un foco permanente de pérdidas para las arcas estatales. El Ministerio de Hacienda ha publicado una orden ministerial que deja bien claro a todas las instituciones incluidas en el sector estatal que el Departamento entenderá que han entrado en causa de disolución si no acreditan su capacidad para financiar con sus ingresos los gastos en que incurren y, singularmente, si acumulan dos ejercicios consecutivos de pérdidas.
La orden de Hacienda configura un sistema de supervisión continua de este grupo de entidades, cuya responsabilidad recaerá en la Intervención General del Estado (IGAE) y cuyo principal objetivo será confirmar que los organismos y fundaciones dependientes del Estado no solo cumplen con los objetivos para los que fueron creados sino que además no suponen ninguna preocupación financiera para las arcas públicas. Esta medida, derivada de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), también pretende comprobar si las entidades incurren en las causas previstas para su resolución, según detalla el BOE.
De este modo, Hacienda empodera a la IGAE para que verifique regularmente que las entidades sometidas a este sistema de control permanente acreditan su viabilidad financiera y su capacidad para atender a los compromisos de gasto presentes y futuros en los que hayan incurrido. Para que la IGAE pueda realizar su trabajo sin barreras ni cortapisas, Hacienda ha establecido para los organismos y fundaciones públicas la obligación legal de trasladar a la Intervención "con periodicidad anual, un informe sobre las fuentes de financiación de los gastos y de las inversiones del organismo o entidad, así como su incidencia, en su caso,sobre los Presupuestos Generales del Estado, en el caso de organismos públicos y fundaciones del sector público estatal", al objeto de asegurar que su funcionamiento no tiene un impacto negativo sobre las cuentas públicas.
A partir de esta información, la IGAE deberá elaborar un informe anual para el Ministerio de Hacienda en el que deberá valorar si estas entidades continúan o no cumpliendo con la misión para la que fueron concebidas y si acreditan o no una viabilidad financiera real. Si no lo hacen, la IGAE podrá realizar recomendaciones para mejorar la gestión de los organismos e incluso aconsejar su disolución. Estas actuaciones se completarán con actuaciones de control por parte de la Intervención General del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, que podrá delegar estos trabajos.
En el nuevo sistema de supervisión continua que según Hacienda se implantará de forma progresiva, la IAG comprobará que la entidad en cuestión sigue siendo necesaria, siempre que otro organismo no pueda asumir sus funciones o se duplique la actividad de otra entidad.
Según el último balance realizado por la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, que agrega datos hasta el primer semestre de 2016, el proceso de racionalización del sector público ha significado la supresión de 2.364 entes públicos, la mayoría de los cuales dependían de entidades locales: 1.436. Las comunidades autónomas han eliminado 813 entes y el Estado, 174, de los que 23 eran fundaciones.
Tal como adelantó La Información, la orden de Hacienda no solo afecta al sector fundacional estatal sino que también aplicará a los organismos autónomos del Estado, las entidades públicas empresariales, las entidades estatales, los consorcios, las agencias estatales y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
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