Hacienda liga la aplicación de la jornada de 35 horas en Adif a la productividad

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha aceptado con condicionantes la rebaja a 35 horas de la jornada laboral de los empleados de las empresas públicas ADIF y ADIF AV, entre las que se encuentran exigencias para mantener la productividad de los empleados o aplicar la rebaja desde el momento de la firma, algo contrario a lo pactado y que mantiene en vilo a las partes implicadas. Las cúpulas de ambas compañías, que operan bajo los mismos criterios, sellaron un preacuerdo en marzo con los sindicatos para aplicar esta reducción horaria, en la misma medida que ya se aplica en otras empresas públicas como el grupo Renfe. 

Pero a finales de junio, justo cuando concluía el primer plazo fijado por empresa y trabajadores para tratar de alcanzar una fórmula para implementar esta nueva jornada, las directivas de ambas empresas optaron por ejecutar unilateralmente su propuesta horaria con efectos desde el 1 de julio ante la falta de respuesta del gabinete de María Jesús Montero, que no había expuesto sus exigencias hasta entonces. Esta falta de consenso revolvió a los sindicatos, que iniciaron varias acciones de protesta al respecto. 

Una vez recibida respuesta del Ministerio, más tarde de lo inicialmente esperado, las direcciones de sendas empresas convocaron al comité negociador para informar de las condiciones fijadas por Función Pública para su dar su visto bueno. Entre estas se incluyen límites al incremento de gasto asociado a la medida, de forma que no pueda suponer gasto adicional, o que no se reduzca la productividad ni la operatividad de las compañías. Esto sería, a priori, difícil de encajar en unas plantillas mermadas por la importante ola de jubilaciones que afecta a toda la administración pública. 

Batalla por la retroactividad de la medida

Pero tanto empresa como sindicatos se han encontrado con otra condición que complica la aplicación efectiva del preacuerdo ya refrendado: Hacienda niega que la aplicación de la jornada de 35 horas pueda retrotraerse al 23 de diciembre de 2022, fecha en que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio y que tanto empresa como sindicatos sellaron como fecha de inicio para contabilizar el nuevo horario. 

De hecho, Función Pública ha requerido en su escrito que esta reducción de jornada empiece a contar desde el momento en que se firme el acuerdo. Esto todavía mantiene, a día de hoy, las horas anuales por empleado en 1.642, frente a las 1.536 pretendidas para el presente año. 

En Comisiones Obreras califican de "jarro de agua fría" el dictamen de Hacienda, ya que "hasta que se dé esta circunstancia, no puede entrar en vigor el acuerdo", según informan en un comunicado. En el mismo muestran su "perplejidad" al entender "que la empresa ya disponía de las autorizaciones necesarias para la negociación que ya se estaba llevando a cabo". 

UGT critica la "falta de capacidad negociadora" de la empresa, a quien acusa de "no tener la autorización para aplicar el acuerdo alcanzado en marzo". De su lado, desde CGT critican el requisito del Ministerio de que no suponga costes presupuestarios adicionales y que, por tanto, no se pueda generar nuevo empleo, "justo lo contrario que contempla el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI" refrendado entre las fuerzas sindicales y la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el año pasado. 

Los sindicatos anticipan "un escenario de conflictividad" en caso de que no se aplique la reducción de jornada con efectos retroactivos. Según reseñan, ADIF y ADIF AV están negociando con Función Pública que la fecha de entrada en vigor de este acuerdo sea el 16 de marzo de 2023. Desde la empresa esperan resolver esta situación antes de que finalice el mes de septiembre.