Las promotoras inmobiliarias parecen tenerlo claro, diga lo que diga el Tribunal Supremo o Pedro Sánchez a través de un Real Decreto, será el cliente el que pagará finalmente el impuesto de Actos Jurídicos Documentados a través de gravámenes o con un encarecimiento de las comisiones de los préstamos bancarios para la adquisición de vivienda.
Así lo explica Jordí Argemí, director general Financiero de Neinor Homes, al afirmar que "la realidad es que lo más probable es que se trate de una medida inocua que afecte en último término al ciudadano, pues en un sistema hipotecario tan competitivo como el actual, el mercado no puede asumir ese coste, al menos en estos momentos, por lo que acabará recayendo en el cliente igualmente, ya sea a modo de impuesto, de endurecimiento de las condiciones o de diferencial".
En cambio, desde Neinor celebran la no aplicación de retroactividad al considerar que este hecho daría lugar a una importante inseguridad jurídica en el mercado de la vivienda, lo que acarraría más problemas al sector.
A pesar de ello, otras firmas del inmobiliario nacional, como Quabit, señalan que este batiburrillo legal que se ha instalado alrededor del impuesto de Actos Jurídicos Documentales "no afecta ni desde el punto de vista del préstamo promotor ni en la firma de hipotecas con clientes" a las promotoras.
El propio presidente de esta firma, Félix Abánades, afirmaba que si fuesen los clientes los que pagasen este impuesto, se "intentivaría a las entidades bancarias a conceder financiación de préstamo promotor, ya que el AJD lo pagaría la inmobiliaria y el comprador final quedaría exento".
Por su parte, el Consejo General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria -quienes más en contacto están con el cliente final- rebaten la idea de las promotoras y confirman la existencia de inseguridad jurídica que se produce con este vaivén de decisiones entre los diferentes órganos del Estado. Además, Diego Galiano, presidente de este órgano señala que "no queremos parches legislativos, sino una revisión global del sistema".
A nivel legal, desde el Consejo General del Notariado -que agrupa a los profesionales de este sector-, afirman que los fedatarios siguen informando a los clientes de la situación actual sin ningún cambio con respecto a las instrucciones anteriores.
Este mismo miércoles Pedro Sánchez y sus ministros reaccionaron a la decisión de la Sala III del Tribunal Supremo tras su cambio de opinión para cargar al cliente con el impuesto de Actos Jurídicos Documentales. El Ejecutivo anunció un Real Decreto -que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros- para modificar la Ley que determina el reparto actual de las cargas tributarias en la firma de un préstamo hipotecario.
De esta forma, Sánchez y sus ministros han decidido que a partir de ahora, el conocido como impuesto de las hipotecas lo pagarán los bancos y no el cliente como había decidido el pleno de la Sala III.
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