Housers emprende una batalla en los juzgados para levantar su reputación

Housers se planta ante la avalancha de informaciones que atentan contra su reputación e imagen. La compañía de financiación participativa ha decidido ponerse firme ante cualquier comentario que califique a Housers, a sus directivos o empleados, de estafadores, de cometer fraude o de incumplir cualquier la ley o la regulación. Considera que hasta ahora ha mantenido una posición respetuosa, pero confirma su hartazgo y se ha comprometido a denunciar cualquier contenido "por vulnerar su derecho al honor", según un comunicado consultado por La Información. 

La batalla que quiere emprender ya se ha iniciado. En el mismo documento, Housers ha indicado el comienzo de acciones legales mediante presentación de querella criminal por un supuesto delito de injurias graves y calumnias con publicidad contra tres páginas web. Esta contienda se extiende contra distintas cuentas de Twitter y Facebook que supuestamente difaman a la compañía y ha solicitado la identificación de todos los autores de los mismos.

Y todavía hay más. Prepara otra querella criminal en los mismos términos contra la Asociación de Afectados por inversiones en la plataforma Housers por alojar en su página web un foro en el que considera que existen mensajes que agreden su derecho al honor. A ello se suma otra revuelta a través de un procedimiento contra la misma para que retire de su nombre el término 'Housers', amparándose en la Ley Orgánica del Derecho de Asociación que recoge que la denominación seleccionada para una asociación no podrá "coincidir, o asemejarse de manera que pueda crear confusión, (...) con una marca registrada notoria".

Fuentes al tanto de estos anuncios lanzados por Housers aseguran que son falsos, puesto que previo a presentar una querella criminal la ley obliga a celebrar un acto de conciliación y ello no ha sucedido. Por el momento, la única actuación de este tipo que ha tenido lugar es precisamente uno entre el abogado de la asociación de afectados -comprende unos 200 inversores- contra Juan Antonio Balcázar, quien dirige la compañía. Este paso previo se celebró hace apenas tres semanas, el pasado el 19 de enero. 

Housers asegura que si no recogen las citaciones no es para evitar los procedimientos, sino porque los funcionarios no hacen las entregas diligentemente

Esta firmeza por su parte llega tras el revuelo de los inversores. De hecho, una parte de los afectados por proyectos de 'equity' o 'real estate', entre otros, denuncian que Housers se ha "invisibilizado" y no tiene sede social o no recoge las citaciones para no afrontar los procedimientos o ralentizarlos. La plataforma se escuda y confirma que su sede está en el número 55 de la calle de Dulce Chacón, en Madrid. Según indica, algunas no las han recogido porque en ocasiones "los funcionarios no hacen diligentemente las entregas" procedentes de los juzgados. En cualquier caso, "no recoger las citaciones no implica que Housers no se persone en todos y cada uno de los procedimientos".  

Como ha podido saber este medio, actualmente existen varios procedimientos abiertos. Uno de ellos es el de Construbecker, la constructora que tiene varios proyectos con Housers. Otra acción penal se encuentra pendiente de admisión a trámite en Oviedo, en este caso la plataforma ha sido demandada por estafa. En el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid se ha admitido otra en relación a los proyectos de 'equity' de Delicias, Acacias, Convento de Jerusalén II y Blasco de Garay durante la etapa en la que la compañía era administrada por su confundador Antonio Brusola. También cuenta con otra causa abierta en Ibiza por delito de estafa. 

Con todo este lío, Housers toma represalias al encontrarse enredada en un gran polémica. Su embrollo incluso llega hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En este caso, la cuestión data del año 2017, apenas unos meses después de obtener autorización como plataforma de financiación participativa. La normativa cambió y, a finales de ese año, el organismo supervisor realizó una inspección tras la que determinó que estaba realizando actividades no permitidas al ser administradora única de las sociedades creadas para los proyectos de 'equity'. No obstante, Housers alega que la regulación por la que se le sanciona entró en vigor posteriormente a recibir el visto bueno para iniciar esta actividad. Este caso se encuentra pendiente en la Audiencia Nacional.