Está en el Boletín Oficial del Estado (BOE): el almacén de gas Castor, sellado en 2014 por provocar movimientos sísmicos en las costas de Castellón, forma parte del sistema gasista. Es más que un detalle. Tiene implicaciones legales porque al ser un coste del sistema, tiene que ser respaldado por este y financiado vía peajes. En resumen, la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a devolver a Santander, Caixa y Bankia los 1.350 millones que adelantaron para compensar a los constructores -ACS y el Grupo Dundee-por la paralización del proyecto, pende como una espada de damocles sobre el recibo del gas de todos los usuarios.
El Gobierno tiene tres meses para decidir cómo hacer frente al desgarrón provocado por el Castor. La cuestión es sobre qué hombros recae la carga. Si cae sobre los consumidores- hogares y empresas- o sobre el conjunto de los consumidores vía impuestos. En las empresas afectadas, tanto distribuidoras como consumidoras, hay inquietud. Alguna de ellas, como ha podido comprobar La Información, ha recabado ya asesoramiento legal para recurrir en el caso de que el Gobierno impute la carga de la indemnización al sistema gasista vía peajes.
Sobre el papel oficial la cosa está clara. El Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre -el que cerró la instalación gasista- detalla que el almacén fracasado está integrado "en el sistema gasista como infraestructura básica y consecuentemente, sujeta al régimen de acceso de terceros a la red y con derecho a una retribución regulada". El almacenamiento fue recogido, además, en el Documento de Planificación de los sectores de la electricidad y del gas 2008-2016, aprobado por el Consejo de Ministros con fecha de 30 de mayo de 2008.
Un gran fiasco
El estatus legal del gran fiasco se definió en otro decreto, el Real Decreto 855/2008, que dio luz verde al proyecto y recogió una inusual cláusula de indeminación a los promotores de la infraestructura. El artículo 14 de la norma de 2008 detalló el régimen de extinción del proyecto. Se estableció, entre otras, la posibilidad de renuncia de la concesión de explotación por el titular así como la determinación de la compensación a percibir en dicha eventualidad.
La cláusula fue objeto de litigio. El Gobierno, en acuerdo de Consejo de Ministros -11 de mayo de 2012-, declaró la lesividad para el interés público del artículo por entender incompatible una compensación a la empresa concesionaria en caso de caducidad o extinción de la concesión si concurre dolo o negligencia de la misma.
El Supremo, no obstante, respaldó la cláusula indemnizatoria, adelantada por los bancos en forma de préstamo a cambio de recuperar la indeminación a 30 años y con 4,3% de interés. Un buen negocio que truncó el Constitucional al tumbar el decreto de indemnización por inadecuado y no urgente y que acabó en la reclamación de la banca al Estado, repaldada por el Tribunal Supremo la pasada semana.
La sombra de los tribunales
Además de la sombra de los tribunales, la nueva sentencia del Castor mueve las aguas en el ámbito político. La plataforma que llegó a denunciar a cinco exministros por el caso, de la que forman parte asociaciones como Xnet, 15MpaRato, el Observatori del Deute en la Globalització o el Institut de Drets Humans de Catalunya, prepara una iniciativa para llevar la polémica indemnización al Congreso y asegurar que el Estado no asume la indemnización.
El caso Castor prolonga un funcionamiento discutible del sistema gasista en los últimos años. Sobre el recibo del gas han caído, uno tras otro, los costes derivados de decisiones erróneas en el sector. Son costes que están detallados en las órdenes ministeriales de peajes. Como ejemplo y sólo en 2018, la orden reflejó cómo en una década se descargaron sobre el bolsillo de los ciudadanos 338 millones de agujero en el negocio del gas. Esa cifra suponía en torno al 10% de los costes previstos del sistema. Ahí está todo, el fracasado almacén de gas Castor; la ampliación de regasificadoras (Cartagena y Huelva); el laudo arbitral de 2010 que encareció las importaciones de gas de Argelia, o la paralización de la regasificadora de El Musel (Gijón).
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios