La banca acreedora del proyecto Castor, Caixa, Bankia y Banco Santander, prepara las acciones a emprender una vez que el Tribunal Supremo de a conocer en los próximos días el fallo sobre las reclamaciones que plantearon hace dos años para recuperar, al menos, los 1.350 millones que adelantaron para liquidar el proyecto fallido del almacén de gas Castor y compensar a los promotores del proyecto, ACS y su socio canadiense Dundee. En principio, el fallo del Alto Tribunal está previsto para el día 13 después de que se aplazaran las deliberaciones previstas en febrero. Del total reclamado Santander asumió 700 millones, CaixaBank un total de 450 millones y Bankia los 200 millones restantes.
La pelea legal dura ya más de dos años. Bankia, Santander y Caixabank la iniciaron en abril de 2018 con la presentación de una reclamación "ante el Estado legislador" en la que sostenían que la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley que cerró la instalación gasista no debía ocasionar "ninguna pérdida" a quien había financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. Seis meses después, y ante el silencio de la Administración -primero del Ejecutivo del PP y luego del Gobierno de Sánchez- los bancos tocaron la puerta del Supremo con otra demanda para reclamar los 1.350 millones de euros que habían adelantado al Estado previo acuerdo con el gestor del sistema gasista, Enagás -5% de la SEPI-.
Para la banca, se trata de recuperar lo máximo posible de una operación que se presumía muy rentable: compra de deuda por importe de 1.350 millones a cambio de un 4,3% de interés durante 30 años. Total, más de 3.000 millones de negocio seguro. Ni el Gobierno del PP –bajo cuyo mandato el Constitucional tumbó el decreto de cierre de Castor-, ni los posteriores Gobiernos dieron respuesta a las demandas de los bancos. Aplicaron el silencio administrativo y dejaron la partida a los jueces. La ministra de Transición Ecológica, entonces en funciones, Teresa Ribera, explicó al respecto que la complejidad en torno al cierre del almacén de gas acabaría judicializando el caso. Fue una forma de descartar las reclamaciones.
Estrategia coordinada
Los bancos reclamantes han coordinado su estrategia en los últimos años. El despacho legal que eligieron para preparar el caso fue el británico Linklaters, con una amplia experiencia en pleitos y arbitrajes internacionales. Linklaters ha intervenido, entre otros asuntos, en la suspensión de pagos y reestructuración de deuda de Abengoa. BP, Air France o EDF también han contado con sus servicios de asesoramiento.
Caixa y Bankia, en pleno proceso de fusión, y Santander cuentan con una buena baza para defender sus reclamaciones. Hace un año, el Consejo de Estado aprobó por mayoría cinco dictámenes sobre el caso en los que instaba al Gobierno a resolver "con premura" las reclamaciones de los tres bancos para recuperar los 1.350 millones que adelantaron tras la clausura de la instalación en 2013.
Los dictámenes adelantaban algunas de las cuestiones que podrían formar parte del fallo del Supremo. Así, a juicio del Consejo, el Gobierno hubiera debido actuar con rapidez para promover "la correspondiente iniciativa legislativa" para "evitar perjuicios económicos al Estado" por la prolongación del caso. Demorar más la solución -como ha sucedido en la práctica- obligaría al pago de intereses y podría provocar, sostenía el organismo, "otros eventuales efectos indeseables".
Punto final
El inminente fallo del Supremo puede ser el punto final a una batalla jurídica que llegó a adoptar forma de querella ante la Audiencia Nacional. En 2018, la Audiencia archivó la querella interpuesta contra empresarios vinculados al proyecto y los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa. En la querella, interpuesta por la entidad Xarxa de L´observatori del Deute en la Globalització, se denunciaba que todos ellos podrían haber incurrido en los delitos de malversación, prevaricación y fraude a la Administración Pública.
A punto de cerrar el caso, los 1.350 millones del litigio con la banca penden como una espada de Damocles sobre el bolsillo de los usuarios. No será una novedad. En el BOE -órdenes de peajes- se recoge con detalle cómo una gestión del sistema gasista discutible desde hace más de una década ha afectado al bolsillo de los ciudadanos. La lista es amplia: además del Castor hay que sumar la ampliación de regasificadoras (Cartagena y Huelva); el laudo arbitral de 2010 que encareció las importaciones de gas de Argelia, y la paralización de la regasificadora de El Musel (Gijón).
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios