Lunes, 09.12.2019 - 14:28 h
En Cercanías y Media Distancia

La Justicia aprieta a Adif por la concesión a Ineco de la remodelación de Chamartín

Rechaza la explicación inicial del gestor ferroviario y le pide que justifique la adjudicación directa a la también estatal Ineco de los trabajos.

Fotografía Estación de Chamartín / EFE
Adif ya ha iniciado las obras de remodelación de sus viales de Cercanías y Media Distancia / EFE

Desde el pasado julio los operarios trabajan en la Estación de Chamartín para remodelar los accesos de Cercanías y Media Distancia, en una obra que se prolongará durante los próximos cuatro años y que actuará como antesala de la gran reforma que cambiará por completo el aspecto y la estructura de uno de los grandes nodos de comunicaciones de la capital cuando comience el desarrollo del macroproyecto inmobiliario Madrid Nuevo Norte. Las obras están en marcha pese a que, desde el pasado mes de mayo, la Sala 11 del Tribunal Central Contencioso-Administrativo estudia un recurso de Fidex -el 'lobby' que agrupa a las principales empresas privadas de ingeniería del país- contra la adjudicación directa por parte de Adif a la también empresa estatal Ineco del proyecto técnico de reforma de los viales de la Estación de Chamartín al entender que se hizo de manera irregular.

La explicación inicial aportada por el gestor ferroviario dependiente del Estado, que se sustentaba en que se trataba de la actualización de un proyecto ya realizado por Ineco en 2011 y que, por tanto, regía el principio de 'vinculación técnica', es decir, de contratar a la misma empresa que ejecutó en su día el proyecto inicial, no ha convencido al Tribunal, que desde entonces no ha dejado de realizar requerimientos a Adif para que acredite con documentos las razones técnicas en las que el gestor ferroviario se ha basado para confiar ese proyecto a la estatal Ineco en lugar de abrirlo a la libre concurrencia en un concurso público, según han confirmado a La Información fuentes conocedoras del proceso.

La presión de los tribunales no ha hecho gran mella en Adif. El gestor ferroviario no se replanteó el encargo a Ineco pese a la admisión a trámite del recurso de Fidex, recibió el proyecto en el tiempo y la forma pactados en el contrato y, de hecho, ya ha iniciado las obras de reforma de la Estación de Chamartín sobre la base de esos trabajos de la empresa estatal de ingeniería. Es más, Adif ni siquiera ha contestado en plazo a los requerimientos urgentes de información enviados desde el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo para justificar la contratación de Ineco. No lo hizo ni en junio, cuando se le dieron diez días para remitir información adicional sobre el contrato de adjudicación, ni tampoco en septiembre, cuando el tribunal remitió un segundo requerimiento en los mismos términos ante la falta de respuesta de la empresa pública. 

No ha sido hasta el pasado 30 de septiembre cuando Adif ha dado contestación por fin a los requerimientos de información de los tribunales. Según fuentes del gestor ferroviario, el motivo de este retraso ha sido la dificultad de recabar toda la información solicitada por el Tribunal, que ha obligado a la empresa a aportar documentación correspondiente a hasta cuatro áreas diferentes de la empresa: tesorería, contabilidad, contratación y proyectos. 

Otras fuentes consultadas deslizan que de este modo Adif se ha ahorrado cualquier eventual impugnación que pudiera afectar a la realización efectiva del proyecto técnico por parte de Ineco. Desde Fidex, la asociación de empresas que recurrió esta adjudicación, se aclara que la paralización del contrato adjudicado a Ineco no era uno de sus objetivos, sino básicamente poner de manifiesto el uso intensivo y potencialmente abusivo que desde Adif, y otras empresas públicas, se hace de las adjudicaciones directas a la empresa de ingeniería del Estado y la necesidad de que estas encomiendas de gestión se ajusten a lo que establece la ley para no perjudicar a las empresas de ingeniería privadas.

Las empresas privadas de ingeniería no son el primer sector que se queja de estas prácticas 'abusivas' por parte de la Administración, que opta por garantizar una parte importante de la gran tarta de los contratos públicos a empresas estatales vía encomiendas de gestión. Las empresas de servicios se han quejado en repetidas ocasiones e incluso han llevado a Bruselas la competencia desleal que dicen sufrir de Tragsa, a la que las Administraciones Públicas adjudican sistemáticamente trabajos que podrían sacarse a la libre concurrencia sin mayor problema.

El problema trasciende de la mera pérdida de contratos por parte de las empresas privadas, que se quejan también de que empresas estatales como Ineco aprovechen la inyección de recursos que les suponen estos contratos del Estado -que además se adjudican según sus tarifas, sin tener que recurrir a las bajas que se exigen a las empresas privadas- para competir con las empresas privadas en otros ámbitos.

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