La reforma de Díaz seca la temporalidad en la construcción y dispara los costes

La construcción teme entrar en otro rompecabezas sin haber resuelto el anterior. Tras la crisis en el comercio internacional y la elevada inflación inflación de las materias primas, que ha encarecido los costes una media del 22,2% -según datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)- y retrasado trabajos de obra, cuando no motivado reclamaciones judiciales, los agentes sociales del sector tratan de evaluar el impacto que tendrá la reforma laboral. Y concluyen que no será reducido. Tal y como está redactada, la norma pone coto a la temporalidad en una industria donde el contrato por obra y servicio presenta cifras masivas, sólo equiparables a la hostelería y el turismo.

Según datos recabados por la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el tercer trimestre de 2021 el mercado de la construcción contabilizaba 1,49 millones de trabajadores con un contrato para obra y servicio determinado. Sumados otros tipos de contratos como los eventuales por circunstancias de producción, sustitución o formación, da como resultado 3,86 millones de temporales. O, lo que es lo mismo, el 40% de los asalariados del sector, porcentaje que duplica ampliamente la temporalidad de la construcción en Europa y multiplica por cuatro la de Alemania.

Pero dado que la modalidad del contrato por obra queda extinguida en el texto del nuevo marco de trabajo, compañías y empresarios disponen de seis meses para regularizar la situación de estos eventuales, pese a que la relación laboral se establece en muchos casos por semanas. Un trance ya previsto por la reforma de Yolanda Díaz, que incluye la creación de un recurso que se ha hecho ad hoc para el sector de la construcción, que cuenta con su propia ley reguladora de la subcontratación desde 2006. Se trata del 'contrato indefinido adscrito a obra', pensado para reemplazar el contrato fijo de obra tan recurrido en la industria.

El sector asume un aumento de costes con el nuevo contrato indefinido adscrito a obra

"Es una especie de híbrido entre los contratos de obra y los temporales, porque tiene causa de finalización", explica Juan José Jiménez Remedios, manager laboral de Ceca Magán y docente en derecho del trabajo. "Especifica que el contrato de un trabajador de construcción adscrito a una obra no se puede extinguir cuando finalice, sino que la empresa tiene la obligación de darle una pequeña formación para reubicarle en otro proyecto".

Las fuentes consultadas exponen que el carácter impositivo de la norma obliga a las empresas a revisar su marco de relaciones laborales para seguir contando con empleados que, por norma general, son contratados para obras puntuales. "Tendremos que revisar los presupuestos de la gran mayoría de obras proyectadas para este año para cumplir con la reforma", señalan con cierta resignación.

De esta forma, además de cortar de cuajo el recurso más utilizado por el sector para atender su nivel de producción, que salvo en el susto inicial de la pandemia se mantiene estable, manifiestan su malestar ante el esfuerzo económico y logístico que supondrá prolongar contratos a fuerza de recolocaciones. En este sentido, constructores y promotores tienen la obligación de informar a la representación legal de los trabajadores cinco días antes de la finalización de la obra o la posible extinción del contrato de trabajo.

No obstante, si la empresa no encuentra una nueva ocupación al empleado o este la rechaza de forma unilateral, el contrato indefinido adscrito a obra quedaría extinguido. Y en ambos casos el trabajador tendría derecho a una indemnización superior a la que establecía la anterior modalidad de obra, pese a que la renuncia se asemeja a una baja voluntaria. "A efectos estadísticos sí que va a reducir la temporalidad, pero al final es una solución que carece de sentido, porque si finaliza la obra no deja de ser un contrato temporal y las consecuencias son las mismas", añade Jiménez Remedios.

El descontento de las empresas contrasta con el optimismo de UGT, para el que la nueva legislación servirá para dar "estabilidad y continuidad" a un sector "muy necesitado" de mano de obra. Prueba de ello es que la falta de trabajadores ha llevado a la patronal a solicitar al Gobierno un "plan de choque" para formar a unos 200.000 jóvenes al año y duplicar así el número de desempleados que instruye actualmente la Fundación Laboral de La Construcción. En este sentido, el sindicato celebran que se mantenga la esencia del contrato indefinido de obra, así como que se obligue a las empresas a efectuar una propuesta de recolocación.