Las comunidades energéticas permiten crear proyectos fotovoltaicos a medida

La participación ciudadana tendrá un papel clave en la transición energética española, con proyectos de pequeñas dimensiones adecuados a cada territorio y una tramitación administrativa más ágil. Esa fue la principal conclusión del foro sobre 'la producción social de energía eléctrica: pymes, comunidades energéticas y ciudadanos', organizado por La Información, con el apoyo de Anpier, en el que participaron Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier; Joan Groizard, director general del IDAE; Fátima Cadahía, consultora de Energías Renovables de Haz Energía; y Nuri Palmada, socia fundadora de Som Energía. 

Miguel Ángel Martínez-Aroca, de Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica) aseguró que “las ventajas de la generación social y del modelo participativo desde el punto de vista de la ciudadanía son muchas”. Y añadió que “es fundamental, como viene pidiendo la Unión Europea, poner al ciudadano en el centro de la generación de energética”. Además, recordó como hace 14 años ya se produjo en España un cambio de modelo en este sentido, protagonizado inicialmente por 65.000 familias qué apostaron por producir los primeros 3.500 megavatios de energía.

Joan Groizard, del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) afirmó que “la participación ciudadana en la transición energética es clave y es una prioridad del Gobierno”; y añadió también que tiene muchas ventajas, entre ellas la creación de “proyectos más adecuados al territorio y de pequeñas dimensiones, que conllevan procesos de tramitación administrativa más ágiles y, por lo tanto, aceleran la transición energética de una forma adecuada”. En este sentido, se refirió al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que constituye “la hoja de ruta en política energética para la próxima década”.

Fátima Cadahía, de Haz Energía, coincidió en que el consumidor debe ser el protagonista de la transición energética, pero advirtió que debe ir acompañado por “un sector profesionalizado que le guíe”. Además, destacó la creciente evolución que está experimentando el autoconsumo, precisamente en un momento en el que la subida del precio de la luz está siendo la gran protagonista del mercado. “Estamos viendo mucha motivación para realizar proyectos sociales en comunidad y, desde luego, el autoconsumo colectivo va a estar muy vinculado a lo que llamamos comunidades energéticas”.

Sin embargo, Nuri Palmada, de Som Energía, se mostró un tanto crítica con el concepto de comunidades energéticas, “que se ha transformado en una etiqueta que todos van a querer ponerse en la solapa”. Y abogó por un modelo de cooperativa de consumo de generación, como la de su entidad, que cuenta con “un importante músculo societario”, lo que les ha dado la posibilidad de materializar “pequeños proyectos en manos de la ciudadanía distribuidos”, y actuar en “un sector con grandes barreras de entrada, económicas y regulatorias”

Colapso de la red

Martínez-Aroca (Anpier) insistió en la importancia de la participación ciudadana para “reducir costes e impulsar una energía autóctona, con una propiedad distribuida”, en todos los países de la Unión Europea y, de esta manera, evitar que la generación quede totalmente controlada por las grandes corporaciones y fondos de inversión. Por otra parte, puso el acento en la posibilidad que ofrece para “potenciar la sostenibilidad” y “aportar una nueva actividad a la España vaciada”. Además, indicó que “la fotovoltaica permite la distribución y el acceso a la energía en atención a la capacidad económica de cada propietario, gracias a que es muy modulable, por lo que debería reservarse para la generación más social y distribuida”.

En este punto, planteó la actual problemática que tiene la fotovoltaica en España: “Hay un colapso de los nudos de evacuación (de la red) porque no se ha reservado ni priorizado una parte a la generación social distribuida en manos de pymes, autónomos y empresas locales”. Y advirtió que “si no se desbloquea una potencia determinada para esa generación, hoy por hoy construir un nuevo proyecto en modo de comunidad energética, de autoconsumo con vertido de sobrantes o de un pequeño parque social es imposible, ya que las grandes compañías han copado todos los nudos de evacuación para construir proyectos de gran dimensión”. A continuación, Martínez-Aroca propuso que “toda la potencia por debajo de un megavatio no quede unida a la legislación que impide el desarrollo de proyectos”.

Joan Groizard (IDAE) reconoció que “aún queda mucho por mejorar”, pero puso el acento en que el autoconsumo “está despegando de forma exponencial en nuestro país”. Así, “en 2020 siguió creciendo, a pesar de que el resto de la economía estaba en stand by; y en el primer semestre de 2021 ya se ha instalado más potencia que en todo el 2020”. Por otra parte, se refirió a los fondos europeos Next Generation, que “tienen que ir dirigidos a una transición energética, participativa y limpia”. En este punto, indicó que “ya hemos lanzado más de 1.300 millones de euros para apoyar el autoconsumo y las baterías la climatización renovable en hogares”. Además de “una línea de 100 millones de euros para activar la participación ciudadana, dirigidos específicamente a comunidades energéticas”.

Por otra parte, recordó que las comunidades energéticas también tienen “vía libre para participar en todas las líneas de ayuda, tanto en movilidad eléctrica dónde hemos creado MOVES Singulares, para proyectos innovadores en electro-movilidad, donde también caben proyectos participativos. De hecho, en la edición anterior, uno de los proyectos beneficiarios fue de car-sharing”.

En cuanto al colapso de la red eléctrica, explicó que el problema surgió porque “no todos los que quisieron conectarse en su momento tenían un proyecto real y maduro”, por lo que el pasado año se aprobó un real decreto que establece que esa capacidad de conexión no se puede guardar indefinidamente, sino que tiene que ir ligada a que se cumpla con los requisitos establecidos. “De hecho, ya han ido cayendo gigavatios enteros de capacidad bloqueados por proyectos que entendíamos que no eran maduros, lo que ahora irá en favor de los que sí sean reales y estén bien pensados”.

Fátima Cadahía (Haz Energía) afirmó que “todavía quedan muchas cuestiones por regular en cuestión de comunidades energéticas”; y añadió que, entre estas, “las que van a estar más vinculadas al autoconsumo colectivo son las de energías renovables”.

Por otra parte, constató que “los procedimientos del autoconsumo colectivo se van asentando poco a poco, aunque los comienzos siempre son duros y hay muchas administraciones implicadas, tanto la central como todas las autonómicas y municipales”. En este punto, indicó que “es difícil que la regulación vaya al mismo ritmo que progresa la tecnología”; y se quejó de la disparidad de criterio entre los técnicos municipales o, incluso, la ausencia de éstos.

Por su parte, Nuri Palmada (Som Energía) recordó que el concepto de comunidad energética proviene de las cooperativas que ya existían, y destacó algunas características de éstas como “la afiliación voluntaria y abierta, el control democrático de sus miembros, la participación económica, la autonomía e independencia, la educación y formación, y un interés por la comunidad”. Por otra parte, advirtió de que la actual situación política en Cataluña (donde se encuentra el 70% de los socios de Som Energía) hace peligrar algunos de los proyectos en este territorio.

Demasiada burocracia

El presidente de Anpier se quejó también de la “enorme burocracia” que tienen que soportar los proyectos y pidió “una tramitación más rápida y sencilla” para agilizar su ejecución. Y, por otra parte, planteó una nueva vía (además de comunidades energéticas, autoconsumo y generación ciudadana) para participar en el sistema eléctrico: “La construcción de parques sociales y distribuidos en la propiedad para evacuar esa energía a red y cobrar por la misma”.

Por su parte, el director general de IDAE aclaró que la participación ciudadana no tiene que materializarse solamente en el autoconsumo. Y, por eso, “la subasta de renovables que ya está convocada para principios de octubre tiene, por primera vez, un cupo específico para proyectos pequeños, ligados al consumo del entorno y con la participación de éste”.

Finalmente, los expertos participantes en el foro de La Información proyectaron su visión sobre la situación en que se encontrará la fotovoltaica en comunidades energéticas, pymes y ciudadanos en 2030. Nuri Palmada planteó dudas sobre “si el modelo será capaz de escalar sin una dependencia gubernamental detrás” o sin ser engullido por las grandes corporaciones. Mientras que Fátima Cadahía se mostró más optimista, aunque advirtió que “aún queda mucho por hacer” y que la evolución dependerá también de aspectos como la reglamentación y la labor didáctica de todos los agentes implicados.

Joan Groizard afirmó que “como mínimo, estamos poniendo las bases para los próximos seis años con el plan de recuperación y los fondos europeos. Y anunció que “próximamente vamos a publicar la hoja de ruta del autoconsumo que quiere concretar cuáles son los últimos pasos regulatorios”. En definitiva, mostró su convicción de que “en 2030 la participación ciudadana tendrá un papel muy importante en nuestro país en la transición energética”.

Miguel Ángel Martínez-Aroca recordó los cambios normativos sufridos por el sector en los últimos años y afirmó que “en la calle sigue habiendo un temor a mirar hacia las energías renovables desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de un apoyo certero y real por parte del Ministerio”. Pero se mostró convencido de que el actual gobierno va a poner fin a la inseguridad jurídica y llegar a un acuerdo con los productores fotovoltaicos nacionales para “cerrar la herida” que quedó abierta hace más de una década con el cambio de normativa.

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