Las sociedades cotizadas se han plantado frente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por las deficiencias que siguen observando en la nueva regulación que afecta a las operaciones vinculadas. Reconocen la labor realizada por el supervisor en lo que respecta a la interpretación de la normativa e incluso ponen en valor la modificación del texto finalmente aprobado frente al visto en audiencia pública, pero creen que continúa existiendo un enorme enredo e incertidumbre que aboca a la elaboración de un nuevo texto aclaratorio.
La Ley de Sociedades de Capital ha sido modificada para incluir una regulación específica para las operaciones que las empresas cotizadas llevan a cabo con partes vinculadas. Y entre las novedades incorporadas consta el poder que se le ha otorgado a la CNMV para vigilar la información que las empresas publican sobre estas transacciones. La supervisión resulta crucial porque estas decisiones, muy habituales en el día a día de muchas empresas, corren el peligro de tomarse en beneficio propio y en detrimento del interés general. Su identificación clara y sistemática permite a los accionistas y al resto de inversores evaluar y juzgar adecuadamente la situación financiera de las entidades, su rendimiento y los riesgos que puede suponer establecer vínculos con un proveedor u otro.
El director del departamento de informes financieros y corporativos de la CNMV, Eduardo Manso, ha reconocido la riada de dudas y cuestiones que remitieron las sociedades desde que el pasado 3 de julio entrara en vigor el nuevo régimen. En lugar de sorprenderse por el caos generado, es consciente de la complejidad de la reforma y por esa razón se ha trabajado para asegurar un mejor entendimiento. El miembro del supervisor de los mercados ha explicado que se preparó un texto aclaratorio durante el verano, si bien se compartió este primer borrador con importantes 'stakeholders' y se decidió añadir apreciaciones al texto final. El comité ejecutivo se reunió hace unos días y esta misma semana se ha hecho público el documento de preguntas y respuestas (Q&A, por sus siglas en inglés).
A pesar del texto aclaratorio de la CNMV, las sociedades siguen percibiendo grandes vaguedades
Pero a pesar de este texto, las sociedades siguen percibiendo grandes vaguedades. Una de las principales incógnitas para la mayoría era la posible aplicación de retroactividad al nuevo criterio de agregación de las operaciones realizadas en los últimos doce meses, que deben hacerse públicas en el momento en que superen el 5% del total de las partidas del activo o el 2,5% del importe de la cifra anual de negocios. Finalmente el contador empezará de cero en el momento en que entró en vigor la nueva normativa. Si se tuviera que contar las realizadas desde julio de 2020, cuando no se tenía en cuenta la nueva regulación, muchas empresas podrían encontrarse en una situación de gran confusión e incluso llegar a malentendidos con sus accionistas. "Por ello preferimos interpretarlo desde una óptica intermedia", deslizó Manso en un encuentro cara a cara con los principales emisores y auditores españoles.
No obstante, el intento de perspicacia de la CNMV a la hora de interpretar la nueva norma en favor de las cotizadas no ha convencido del todo. El secretario del consejo de Metrovacesa y socio de Hogal Lovells, Lucas Osori, la vicesecretaria del consejo y directora jurídica de Lar España, Susana Guerrero, así como el abogado y vocal de la junta directiva de Emisores Españoles por Inmobiliaria del Sur, Gregorio Arranz, han sido algunos de los directivos que han podido mostrar su descontento al organismo supervisor con el nuevo régimen y su interpretación.
Algunas empresas pondrán en 'cuarentena' operaciones que pudieran ser detonantes de superar los umbrales fijados
Las operaciones vinculadas que se hayan celebrado con la misma contraparte en los últimos doce meses ahora se tienen que agregar para determinar si se han superado los umbrales fijados. Aunque una transacción, analizada individualmente, no necesite ser objetivo de publicación, las compañías están obligadas a sumarla a las realizadas desde el 3 de julio y hasta el límite del año siguiente. Hecha la norma, hecha la trampa. Las sociedades han advertido de que esto provocará que se pongan en 'cuarentena' algunas operaciones que pudieran ser detonantes de que se rebase el 5% del total de las partidas del activo o el 2,5% de los ingresos anuales cuando se acerque el límite de la fecha. Esta estrategia evitaría computar y les permitiría saltarse la publicación obligatoria.
El caso es que la aprobación de las operaciones con partes vinculadas recae en el consejo de administración, normalmente con facultades delegadas, si bien en el momento de computar los umbrales fijados por la nueva norma, se debe pedir el visto bueno de la junta de accionistas y adjuntar un informe de la comisión de auditoría. "¿Qué empresa va a convocar a sus accionistas simplemente para aprobar una operación que te hace superar los requisitos y que puede que ni tan siquiera sea relevante?", se preguntan los directivos, que bromeaban con una compra de bolígrafos o chupa chups que hicieran saltar por encima de los criterios económicos establecidos para hacer la comunicación.
Además del criterio de agregación y el periodo computable de los doce meses, las compañías igualmente creen que se debería haber hecho una actualización de la regulación de los conflictos de interés, pues está muy obsoleta. También han visto dificultades en el el concepto de partes vinculadas de la sociedad cotizada. El nuevo régimen señala que se deben incluir en este colectivo a las personas que no tienen una relación directa con la sociedad, pero sí con una parte vinculada. Este es el caso, por ejemplo, de familiares cercanos del personal clave de la dirección o de una entidad sobre la cual el accionista de control de la sociedad cotizada ejerce asimismo control. Todas estas novedades suponen un incremento de la carga de trabajo, ya que conlleva modificar protocolos de actuación y textos corporativos, y realizar una labor interna de formación y sensibilización en las distintas unidades de negocio.
Endesa, Aena, Dia...
En cualquier caso, la CNMV trata de evitar que se produzcan situaciones de conflicto dando una mayor transparencia sobre unas operaciones que en realidad han sido desde siempre un elemento básico en la conducta de muchas empresas. Las cotizadas más vulnerables ante la nueva norma son fundamentalmente las que cuentan con un accionista de referencia con mayoría en el capital. El caso más emblemático en este sentido es Endesa. la eléctrica está controlada en un 70,101% por la italiana Enel desde febrero de 2016 y este poder de la matriz sobre la empresa le ha llevado a firmar un protocolo de actuación conjunto. Eso sí, la totalidad de las cotizadas cuentan con un reglamento interno que establece la conducta adecuada en este tipo de operaciones con el fin de prevenir situaciones en las que se presenten desavenencias.
Lo mismo le ocurre a otras compañías. Es el caso de Aena. Enaire, una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes Fomento), tiene el control del 51% del gestor de los aeropuertos españoles desde 2015. La nueva normativa también establece los criterios a seguir cuando la parte vinculada forme parte del sector público o incluso cuando la cotizada es un ente estatal. Fuera del selectivo Ibex 35, los supermercados Dia también tienen en su capital a un gran accionista. Se trata del magnate ruso Mikhail Fridman, que ostenta el 77,704% a través de Letterone Investment Holdings.
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