Liberbank se acaba de hacer con el 'primer round' en una batalla legal que mantiene con el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en el marco de la adjudicación a Cajastur del negocio bancario de Caja Castilla-La Mancha (CCM). Y es que el pasado 27 de marzo, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Madrid ha condenado al FGD a abonar un total de 72,7 millones de euros en efectivo a una sociedad del grupo asturiano.
El caso se remonta a 2015, cuando el banco asturiano y el Fondo de Garantía acudieron a los tribunales para resolver una disputa respecto a un contrato concedido a Briareo Gestión -sociedad cuyo capital es propiedad al 100% del banco- para la venta de una serie de activos de CCM -principalmente participaciones industriales- que quedaron en poder del FGD después de que el Banco de España adjudicase el negocio bancario de la caja manchega a Cajastur en el año 2009. Cajastur forma parte de Liberbank, junto a Caja Cantabria y Caja Extremadura.
A cambio de la gestión de estos activos Liberbank tenía derecho a recibir una comisión fija anual y otra serie de comisiones variables al trimestre. Hasta aquí todo bien. El problema es que el Fondo entiende que puede abonar estas comisiones mediante la dación de pago de una serie de activos, mientras que la entidad financiera reclama que todo el pago se realice íntegramente en efectivo.
El FGD recurrirá a la Audiencia de Madrid
Por el momento, los tribunales dan la razón al banco que comanda Manuel Menéndez, que entiende que admitir el pago de estas comisiones a través de acciones de las sociedades en balance del FGD, además de violar el contrato que se firmó en 2010, podría suponer un delito de fraude en el caso de que careciesen de valor. Sea como fuere, el FGD no está conforme con la decisión del juzgado de primera instancia y recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid.
De los 73 millones en cuestión, 61 millones se corresponden con las facturas no abonadas, mientras que los 12 millones restantes son intereses legales y costas. No obstante, las facturas emitidas por Liberbank que no ha satisfecho el Fondo de Garantía -organismo que se nutre de las aportaciones anuales de los bancos, pero que cuenta con respaldo estatal- ascienden a un total de 73,7 millones de euros.
Este caso no es la primera batalla legal entre el FGD y Liberbank por Caja Castilla-La Mancha. Hace un año, el Tribunal Supremo dio la razón al Fondo por una disputa relacionada con las ayudas concedidas a CCM. El organismo semipúblico entendía que abonó 40 millones de euros de más a Liberbank en el año 2010 en el marco del Esquema de Protección de Activos (EPA) concedido para cubrir hasta 2.475 millones de las pérdidas que pudieran declararse de una cartera de 7.975 millones de CCM.
Como en esta ocasión, los tribunales de primera instancia fallaron a favor Liberbank, pero después la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón al FGD en un fallo avalado el año pasado por el Alto Tribunal. Con este frente resuelto, el 20 de diciembre de 2018 el FGD comunicó a Liberbank que, tras haber realizado el análisis correspondiente, ya no existe importe alguno a que considere que tenga que recuperar de lo abonado en el marco del EPA de CCM, por lo que hadado carpetazo con el asunto.
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