Hace apenas 30 días, la Bolsa española huía despavorida de las empresas eléctricas debido a la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 17/2021 de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad”. Sin embargo, este mismo jueves, Iberdrola crecía un 7% en el parqué madrileño, mientras que Endesa lo hacía en un 4,5%. Entre medias, miles de millones de cotización de las principales eléctricas del país se han esfumado y, lo que es más preocupante, la firmeza en la toma de decisiones del ejecutivo se ha visto comprometida.
Existen muchos ‘intríngulis’ y teorías en las causas y motivaciones que llevaron a la titular de la cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a redactar un decreto que pretendiera acabar de un plumazo con el brutal aumento de los precios de la electricidad. La más obvia es que el Ministerio debía responder a los mandatos de Moncloa, que exigía responder de manera contundente a las presiones que la facción morada estaba ejerciendo en el Consejo de Ministros para que fueran las eléctricas las que cargaran con el principal coste del aumento de los precios del gas en los mercados internacionales.
Para Unidas Podemos, que el consumidor eléctrico estuviese sufriendo la escalada de precios en su factura eléctrica, mientras las empresas obtenían “beneficios ingentes” por producir electricidad a precio de ganga y recibir una remuneración extraordinaria, no se podía permitir. Era el inicio de un despropósito en el que se necesitaban medidas contundentes y rápidas, pero en el camino se podría perder la coherencia en la política energética.
1. Soluciones estructurales para problemas coyunturales
En los diez artículos del texto elaborado por el Ministerio se escondía de primeras un nuevo fracaso: aplicar soluciones estructurales para problemas coyunturales.
El precio del gas está marcado por cuestiones geopolíticas y técnicas que exceden al buen gobierno del Ejecutivo. Sin embargo, las medidas contenidas en él se centran en el mercado nacional, en las empresas radicadas en España, que deben internalizar el coste elevado de consumir gas y a la vez ver minorados sus ingresos en 2.600 millones de euros.
La mayor parte de los analistas, expertos y centros de estudios, coinciden en que las causas de la escalada de precios desaparecerán cuando (1) la oferta y demanda casen y (2) Rusia asegure el suministro extra que Europa necesita para afrontar un invierno tranquilo. Ambas circunstancias se despejaron esta misma semana. En primer lugar, con el informe de la Agencia Internacional de la Energía, que augura una disminución de entre el 30% y 40% del precio del gas debido a la mejora del transporte marítimo de GNL y a la estabilización de la demanda china.
Por otra parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha expresado su disposición para colaborar en la estabilización de precios en los mercados energéticos a través del suministro de más gas a Europa. Y es que ‘una palabra de Putin basta para sanar’ los mercados, que sólo en un día respondieron con una bajada del gas del 8% en los contratos con entrega en noviembre del TTF holandés.
2. La viabilidad jurídica del decreto
El segundo error encuentra su origen en el Derecho. Es sabido que las empresas eléctricas suelen ganar en los tribunales aquello que pierden en el BOE. La regulación propuesta en el Real Decreto-ley 17/2021 ataca directamente el sistema establecido y, por desgracia, España ya cuenta con serios precedentes de actuar en contra de la seguridad jurídica en el sector energético.
Los abogados y servicios jurídicos de las empresas afectadas están a la espera de recibir las nuevas liquidaciones de Red Eléctrica para encontrar “el acto jurídico concreto” con el que llevar ante los jueces una legislación que consideran “un atropello contra el libre mercado”. Sin embargo, en la estrategia jurídica de las eléctricas se encuentra una dimensión que escapa a su control: el tiempo. “Estamos seguros de que ganaremos ante cualquier tribunal, pero también somos conscientes de que será una batalla larga y que acabará sí o sí en el Tribunal Constitucional” y esto implica, sí o sí, un tiempo que juega a favor del Gobierno.
Ocho o diez años es un mundo en el que el nuevo modelo energético habrá llegado, o estará a punto de hacerlo, y en el que ni las compañías ni el consejo de ministros serán los mismos que protagonizan esta lucha jurídica en la actualidad.
3. La falta de diálogo
“Hemos conocido el decreto unas horas antes de publicarlo en el BOE”. Quizá este haya sido el tercer error de la ministra. Las empresas llegan a calificar de “conducta alevosa” su actitud, al dejarles indefensas ante sus consejos de administración y, lo que es peor, ante los fondos internacionales que exigen unas explicaciones que ni ellas mismas llegan a saber dar.
Evidentemente, el Ejecutivo es soberano para tomar sus decisiones, pero en el nuevo proceso de gobernanza, transparencia y diálogo con los actores sociales, tomar unas medidas de esa magnitud sin contar con las empresas supone un brindis al sol. En ese proceso, no solo las grandes eléctricas propietarias de centrales nucleares o saltos de agua se han visto perjudicadas. Por el contrario, las renovables pusieron el grito en el cielo al conocer el contenido del decreto que obligaba a eólicos y fotovoltaicos a parar su producción eléctrica si no querían perder dinero.
Las principales asociaciones empresariales del sector de las energías renovables se dirigieron directamente a Moncloa, por lo que el Ministerio se vio obligado a enmendar su propio decreto para tratar de explicar que la medida no surtirá sus efectos de una manera tan radical a las renovables como a la energía nuclear o a la hidroeléctrica. Aun con todo eso, las asociaciones no se sienten cómodas con la aclaración y consideran necesario encontrar otra forma jurídica más adecuada para blindarse ante unas previsibles reclamaciones judiciales por parte de las compañías.
En cualquier caso, el episodio actual revela un profundo problema en la configuración del proceso de toma de decisiones en materia energética. En cierta manera, se reconoce que son las empresas las que tienen tanto el conocimiento como los datos necesarios para evaluar correctamente el impacto económico de las políticas energéticas sobre el conjunto del Estado y eso, al final, provoca que sean ellas quienes aporten la solución al ‘puzzle energético’.
Este particular, en un sector regulado, muestra la necesidad, que no vulnerabilidad, de que el Estado deba aportar soluciones, si no consensuadas, al menos consultadas con los agentes que hacen posible la producción de energía, renovable o no, en el país.
4. La empatía política
El tiempo legislativo ha ido cumpliendo su calendario y ha hecho coincidir la ratificación del Real Decreto-ley con las conversaciones entre el Ministerio y las empresas. Será el jueves, cuando los grupos políticos representados en el Congreso tengan que dar su visto bueno o no a un decreto que afronta una disyuntiva de difícil solución.
Si el decreto es modificado, y públicamente se muestra así durante la semana, la ministra tendrá que lidiar con una probable enmienda a la totalidad por parte del grupo de Unidas Podemos. Este ya ha dejado clara su intención de no retroceder ni un paso en su ‘guerra total’ contra las empresas acusadas de “beneficiarse con el sufrimiento del consumidor”. A fin de cuentas, el decreto forma parte del cuerpo legislativo con el que el gobierno de coalición trata de mediar en el sector eléctrico. Cualquier tipo de modificación al mismo podría contar con el voto en contra de la formación morada, una costumbre cada vez más habitual en la práctica parlamentaria.
Por otra parte, mantener la redacción actual del decreto podría implicar el rechazo del PNV al mismo. Hasta el momento, el PNV se ha mostrado públicamente partidario de las medidas propuestas por el ejecutivo, pero siempre han mantenido que la respuesta debía ser europea en lugar de nacional, al igual que han defendido al gas como la mejor tecnología de respaldo para el despliegue de las renovables en España.
Su voto es todavía una incógnita y dependerá del redactado final del texto, así como del resultado de las reuniones que Ribera mantenga con las eléctricas durante la semana, en especial cuando el miércoles se vea las caras con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
5. Pasar la patata caliente a Europa
No por último este error es menos crucial. El entorno de la ministra ha deslizado sutilmente que la rebaja en el hachazo depende en gran manera de la actuación de Europa durante los próximos días. La condición para ello es que Bruselas sea capaz de ofrecer un marco normativo capaz de solucionar el problema de los altos precios del gas en los mercados internacionales. Si para ello debe aprobarse una compra conjunta de gas en el seno de la Unión, perfecto. Si, por el contrario, la solución pasa por modificar el sistema marginalista de precios o la formación de precios en el mercado, también le valdría a una ministra necesitada de la actuación de Europa cuanto antes.
Es la ‘cláusula Ribera’ para que las aguas vuelvan a su cauce. Sin embargo, la maquinaria europea es lenta y, sobre todo, se encuentra con intereses realmente contrapuestos entre unos y otros países. Polonia parece haber apostado por el carbón como medio para superar la crisis, mientras que Alemania se encuentra centrada en las negociaciones para sacar adelante un gobierno de coalición de uno u otro color.
Junto a estos dos factores, Bruselas se ha mostrado partidaria de no tocar un sistema que ella misma creó y que no considera alterar si encuentra una resolución a corto o medio plazo, como la inyección de más gas ruso al sistema. Si para ello tiene que ver con otros ojos los deseos de Rusia de inyectar gas a través de un nuevo gasoducto que uniría directamente los intereses de Moscú con Berlín, sin pasar por Ucrania, lo haría sin contemplaciones, pero eso requerirá tiempo y fe en que el sistema comunitario sea capaz de ponerse de acuerdo en algo.
Y es que Putin ha venido a enredarlo todo. Si realmente inyecta más gas y la demanda y oferta se corrige en Europa, lo lógico es que los precios comiencen a bajar, por lo que España se quedaría sola ante los tribunales y con unas medidas intervencionistas aprobadas en el corazón del libre mercado.
Por último, el gran problema que el entorno de la ministra repite - y en esto tiene toda la razón - es la ‘desafección social’ que podría sentir el ciudadano hacia la transición energética. Hasta el momento, el debate sobre la misma se ha centrado en la conveniencia, la reducción de emisiones a la atmósfera o incluso en el calendario del cambio de modelo energético. Sin embargo, el debate, el gran debate aún no ha sido abordado: el coste de la transición y quién paga la fiesta.
Abordar este asunto con los precios de la luz y el gas en sus máximos históricos podría suponer un nuevo error que, en este caso, el Ministerio no quiere sumar a su, cada vez, más larga lista.
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