La UE comienza a movilizarse para buscar una solución conjunta al incremento de precios de gas en todo el territorio europeo. La presión política y mediática comienza a hacerse cada vez más difícil de superar para unos Estados que son plenamente conscientes de que, en más de una ocasión, los precios de la energía han acabado con gobiernos o sacado a la calle a miles de personas enfundadas en chalecos amarillos.
Desde comienzos de año, el precio del gas en el mercado mayorista ha aumentado un 281%. Este es un dato objetivo provocado por el aumento disparado de la demanda de energía en China, así como del resto de economías que también afrontan una recuperación acelerada de la crisis económica originada por la pandemia. Si a esta realidad económica le unimos que las reservas de gas en el continente están por los suelos, la negativa de Rusia a aumentar el suministro de gas a Europa y el incremento de precios de CO2, en la actualidad cotiza a 62€/tn, obtenemos un coctel explosivo a punto de estallar a tan solo unos metros de la puerta del edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea.
La primera en acudir a esa puerta ha sido España. A través de una carta dirigida al vicepresidente ejecutivo de la Unión Europea, Frans Timmermans, las vicepresidentas primera y cuarta del Gobierno de España, Nadia Calviño y Teresa Ribera, llamaron la atención de la Comisión, advirtiendo a la ‘guardiana de los tratados’ de la Unión de que “los niveles actuales de precios de electricidad no son solo un problema nacional, sino que también tienen una dimensión europea. La crisis actual es una amenaza para las iniciativas de reducción de carbono. Los niveles actuales de precios y la volatilidad son políticamente insostenibles”. Con esas palabras, las ministras españolas trataban de llamar la atención a las autoridades europeas, más partidarias, hasta el momento, de permitir medidas dirigidas a los consumidores más vulnerables que a abrir el melón de las reformas estructurales en los mercados eléctricos nacionales.
Además de poner de manifiesto la necesidad de que la Unión Europea reaccione de una vez, las ministras se permitían sugerir a la Comisión que estudie la creación de “una plataforma europea centralizada para comprar gas que facilite la construcción de reservas estratégicas”. Del mismo modo, Calviño y Ribera aprovechaban para ensalzar el esfuerzo que Bruselas realizó con la compra de vacunas. La Comisión europea debe ahora estudiar y analizar la propuesta española, si bien la viabilidad de sacar adelante la iniciativa será complicada, al menos en el corto plazo.
Escepticismo europeo
En primer lugar, la medida choca con la estrategia permitida por la Unión de centrarse en paliar los efectos que la subida de los precios del gas y electricidad tienen sobre los consumidores más vulnerables. Bruselas ha aplaudido las medidas de los diversos países que han decidido actuar para aligerar la carga económica que conlleva, para los bolsillos de los ciudadanos, la escalada de precios, pero, a la vez, ha reafirmado sus reticencias para “tocar” los mercados.
París anunció esta semana ayudas de 100 euros para los consumidores más afectados por el incremento de precios y que afectarán a casi seis millones de hogares. Italia tiene previsto aprobar un programa de apoyo en forma de descuentos, exenciones y obras de eficiencia energética para sus consumidores que alcanzará, aproximadamente, los 4.500 millones de euros. Por su parte, Alemania, a quien todos miran, se encuentra discutiendo la formación del futuro Gobierno de coalición, pero en las próximas semanas el foco de atención mediática y política se centrará en los precios del gas, ya que los contratos a largo plazo de muchos de sus proveedores se negocian durante los meses de octubre y noviembre. Mientras tanto, Bruselas se ha mostrado públicamente en contra de cualquier tipo de medida que afecte a la configuración actual de los mercados y defiende a capa y espada el sacrosanto sistema generalista de fijación de precios.
El segundo de los aspectos que choca en la Comisión es el técnico. La compra conjunta de gas permitiría negociar mejores condiciones en los mercados, pero plantearía el problema del almacenaje. La obligación de mantenimiento de existencias mínimas de gas natural en España asciende a 20 días de ventas o consumos firmes en el año natural anterior. Sin embargo, son los comercializadores de gas natural y los consumidores directos en el mercado los responsables de su mantenimiento. Cores, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petroleros, no mantiene existencias estratégicas de gas natural, por lo que tan solo intervendría en caso de que “la suma de los aprovisionamientos anuales de gas natural destinados al consumo nacional procedentes de un mismo país de origen sea superior al 50%”. En este caso, serán los comercializadores con una cuota superior al 7% de los aprovisionamientos los que deberán aprovisionar su cartera, y en este caso, sí correspondería a Cores el control de esa obligación.
Junto al problema del almacenamiento se encuentra el del origen de esa energía. Rusia se mantiene firme en su negativa a ampliar el caudal de gas que exporta a Europa, por lo que la entrada de más gas al continente sólo sería posible a través de metaneros para que descarguen en las plantas de regasificación del litoral europeo. La compra a gran escala se realizaría en el mercado ‘spot’ que se caracteriza por su inmediatez y corto plazo. En este sector los barcos se compran incluso cuando ya se encuentran navegando hacia su destino final y no son pocas las veces que cambian de rumbo en función del mejor postor. Una compra conjunta de gas embarcado encarecería de nuevo el precio en los mercados internacionales, por lo que la medida no serviría para alcanzar el fin previsto: abaratar los precios del gas en Europa.
La complejidad del sistema planteado es tal que habría que multiplicar y ordenar esta casuística por 27 Estados miembros, ajustar la normativa a una compra centralizada y, además, lidiar con el tercero de los problemas, que no es otro que el político.
Un problema social con el BCE vigilante
Y es que, aun unida en su diversidad, la UE libra una continua batalla de intereses cruzados cada vez que el Consejo de la Unión se reúne en el seno de la formación de ministros de energía. El problema del incremento de precios del gas se vive de una manera muy diferente en Berlín o Ámsterdam que en París o Roma.
Lo que puede parecer un problema de Estado en Madrid es apenas una mínima muesca política en Varsovia, donde el carbón no está sujeto a la volatilidad del gas. Evidentemente, la capacidad de negociación de Irlanda o Malta no es la misma que la de Alemania, Francia o España en los mercados internacionales, ni tampoco sería la misma de los 27 unidos, pero el ejemplo de la compra conjunta de vacunas, siendo a día de hoy un acierto, suscitó una gran polémica entre Bruselas y las principales capitales comunitarias.
La tardanza en el suministro y los continuos problemas con las empresas farmacéuticas responsables de su fabricación reflejaron la falta de una voz y mando único en el seno de la Comisión. Eso, unido al alto componente sociológico de la energía necesaria para calentar los hogares de cientos de millones de europeos en invierno, pondrían en un ‘brete’ al servicio civil de la Unión, que tendría que lidiar con 27 opiniones públicas reclamando más calor en lo más crudo del invierno y las navidades.
En estos momentos, la petición española se encuentra en ‘stand by’. La Comisión procederá a estudiar la propuesta y, en caso de considerarlo adecuado, ejercerá el poder de iniciativa legislativa para crear el mecanismo. Como apoyo adicional, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sin apoyar explícitamente la acción española, ha urgido a la Unión Europea a usar su “poder en el mercado” para fijar los precios. Los efectos del gas sobre la inflación de los 27 comienzan a notarse y el BCE, por la concienciación alemana al respecto, siempre se ha mostrado partidario de mantener a raya este indicador antes de subir los tipos de interés, algo que probablemente suceda en el medio plazo, como ya empiezan a afirmar los principales analistas europeos.
La situación actual parece anticipar una subida de tipos si los Estados miembro, la comisión o la UE en su conjunto no ofrecen una solución al problema, sea a través de la creación de una plataforma de compra común, como defiende España, o medidas paliativas para los más vulnerables, como defiende la Comisión; pero está claro que a Lagarde no le va a temblar el pulso para controlar la inflación a través de una subida de tipos y, con ello, el encarecimiento de las hipotecas de una buena parte de la población española, además del sufrido precio de la luz y el gas.
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