Aeris Invest, el vehículo de inversión de Andrónico Luksic -antiguo accionista de Banco Popular-, logra el respaldo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El magnate chileno recibirá de manos del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) el texto de la resolución sancionadora impuesta por el organismo adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos en 2016 a la firma de auditoría PwC y a su socio auditor José María Sanz Olmeda. También accederá al informe interno con la propuesta en que se basa la multa administrativa por infracción grave, al haber incurrido en un incumplimiento de las normas de auditoría susceptible de tener un efecto significativo sobre el resultado de sus trabajos para la entidad resuelta (Popular) y posteriormente adquirida por el simbólico precio de un euro por Banco Santander en 2017.
Transparencia estima de nuevo, aunque esta vez parcialmente, la petición de Aeris Invest, e insta al ICAC a que entregue la documentación. Esta nueva resolución, consultada por La Información, llega después de que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de la Audiencia Nacional anulara en febrero de 2021 el anterior fallo sobre esta misma cuestión, dictado en 2019, al entender que el Consejo de Transparencia vulneró el derecho de PwC por no darle audiencia antes de tomar su decisión de obligar a Economía a hacer pública la documentación.
La Subdirección General de Reclamaciones dio entonces audiencia a PwC, que presentó una batería de alegaciones este pasado verano en contra de que Aeris Invest pudiera acceder a la resolución sancionadora. Tras analizar el argumentario, Transparencia ha reiterado su primera resolución, si bien en esta ocasión aclara que debe eliminarse aquella información que el ICAC considere que, a su juicio, puede lesionar los intereses económicos y comerciales de PwC. También pide suprimir las firmas manuscritas.
En su escrito, PwC quiso hacer entender al Consejo de Transparencia que no debía dar acceso a estos informes a la familia Luksic por el propio carácter confidencial de los trabajos del ICAC, de modo que bastaría con el mero mecanismo de publicidad de las resoluciones ejecutivas a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero PwC va más allá. En su opinión, el propósito de la solicitud de Aeris Invest para el acceso a la información, por muy legítima que sea, no justificaría la autorización a los archivos. En su solicitud ante Transparencia, el chileno pide que se liberen del secreto estos informes debido a que permitirían dar lucidez a la investigación sobre el descalabro y hundimiento del Popular.
La familia Luksic llevó a cabo diversas inversiones en la entidad quebrada entre enero y junio de 2017 hasta elevar su participación al 3,458%. El 6 de junio de ese mismo año llegaría la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) que dio mandato al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para ejecutar la amortización de la totalidad de las acciones de la entidad. Luksic opina que desde entonces no se ha publicado "información suficiente sobre las actuaciones previas llevadas a cabo por los organismos europeos y nacionales de supervisión".
PwC cree que el magnate chileno quiere usar la vía de transparencia para fiscalizar la actuación de los poderes públicos y erosionar la tutela judicial de los imputados en la vía penal
Según PwC, Aeris Invest quiere utilizar esta vía para satisfacer unos intereses privados, que no son otros que los de aglutinar nuevos documentos con los que poder defenderse en el procedimiento judicial penal y civil que tiene planteado en la Audiencia Nacional como perjudicado junto a grandes fondos como Pimco, Algebris, Anchorage Capital y Cairn Capital y que está en manos del magistrado José Luis Calama. "Lo que no es admisible, ni debe amparar el Consejo (...), es una investigación paralela y parcial para ser utilizada en beneficio propio en estos procedimientos judiciales", apunta la firma auditora, que está personada en calidad de imputada.
Está convencida de que el magnate chileno quiere utilizar "torcidamente" este cause que brinda la Ley de Transparencia para fiscalizar la actuación de los poderes públicos y no como atajo para obtener información de los sujetos supervisados o del ICAC. "Pretende acceder a información de particulares que de otro modo no tendría, constituyendo un abuso de derecho", remarca, añadiendo que es "evidente la contraposición de intereses" entre ambos, más aún con este procedimiento judicial por medio, sobre todo porque la solicitud por esta vía afecta a un informe de auditoría que no es objeto de la investigación judicial. Calama ha rechazado expresamente extender la investigación a hechos anteriores a la ampliación de capital de 2016.
Entre sus alegaciones para dar carpetazo a esta solicitud, PwC subraya que Aeris Invest lo único que quiere es acceder a datos sensibles que pueda erosionar su posición jurídica o, tal vez, de la propia entidad, que en este caso sería Banco Santander como sucesor personado por su responsabilidad civil subsidiaria. Tiene claro que su ánimo no es el de un observador neutral preocupado por la transparencia de los poderes públicos y esta simple posibilidad que puede plantearse ya lo considera suficiente para rechazar el levantamiento de la confidencialidad en los informes.
Transparencia está seguro de que no se perjudica ningún interés y considera que con su acceso se aboga por una mejor fiscalización de la actividad pública
El Consejo de Transparencia, no obstante, está seguro de que no se perjudican los intereses de PwC ni de Banco Popular, debido a que lo que se pide es acceso a la totalidad de un informe del que se ha publicado un extracto y la propuesta de resolución, no el expediente sancionador, donde sí puede existir información sensible. Además, entiende que acceder a documentos que forman parte de un expediente sancionador instruido en relación con los trabajos de auditoría de una entidad de interés público es una finalidad lo "suficientemente acreditativa del control", abogando por una mejor fiscalización de la actividad pública para contribuir a la necesaria regeneración democrática, promoviendo la eficiencia y eficacia del Estado y favoreciendo así el crecimiento económico.
Tampoco encuentra que quede suficientemente acreditado que se perjudique la igualdad de las partes en los procesos judiciales, la tutela judicial efectiva o las funciones supervisoras y de control de ICAC. Por ello, José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia, ha decidido estimar -con la limitación de aquella información que pueda lesionar a PwC- la solicitud de la familia Luksic, una de las mayores fortunas de Chile y dueña de importantes mineras, bancos o medios de comunicación, poniendo fin a la vía administrativa de este caso que se abrió por primera vez en 2019. Sin embargo, otra vez se podrá interponer recurso en caso de que PwC vuelva a considerar que es contraria a sus alegaciones o Aeris Invest si quiere acceder a la parte de la información a la que se le veta.
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