Naturgy y Endesa han movido ficha ante el férreo control que está llevando a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en relación con los retrasos en el giro de las facturas eléctricas que todavía afecta a una parte importante de los clientes de la gasista. Ni la gasista que preside Francisco Reynés ni la eléctrica que dirige José Bogas han logrado adaptar su operativa al nuevo modelo de tarifa por tramos horarios. Esto ha llevado al regulador a mantener su foco de supervisión sobre las filiales de distribución de ambos gigantes energéticos, así como a valorar posibles medidas sancionadoras en caso de que las incidencias persistan.
Con el problema aún por resolver, la gasista catalana solicitó audiencia en la CNMC para aportar las explicaciones pertinentes y tratar de suavizar las eventuales consecuencias que puedan derivarse de las pesquisas del supervisor. Así lo apuntan fuentes conocedoras del contenido de la reunión que Unión Fenosa, la filial de distribución del grupo Naturgy, mantuvo el pasado viernes 22 de marzo con la Sala de Supervisión Regulatoria del organismo supervisor.
El encuentro tuvo lugar a petición de la compañía. A la cita estaba convocada la propia presidenta de la CNMC, Cani Fernández, y varios consejeros de dicha sala. Unos días después, la filial de distribución de Endesa también se reunió con la Sala de Regulación del supervisor con el mismo objetivo, tal y como aseguran las fuentes consultadas.
Se trata del procedimiento habitual al que suelen recurrir las compañías que quieren abordar un tema concreto con el conjunto de consejeros de una de las áreas de actuación del supervisor. Naturgy y Endesa procedieron a informar sobre el conjunto de medidas que habían adoptado para atajar el retraso masivo en el giro de recibos de la luz de sus clientes, un problema que las dos empresas han achacado a un fallo en sus sistemas informáticos, generados por la ola de reformas del modelo y los componentes de la tarifa eléctrica que aprobó el Gobierno a lo largo del año pasado.
Tras la entrada en vigor de la nueva tarifa por horas, en junio de 2021, varias eléctricas advirtieron a la CNMC de que necesitarían alrededor de quince días para adaptar su operativa al reciente marco regulatorio. Las compañías alegaron que el posterior recorte fiscal aprobado por el Gobierno -la bajada del IVA de la luz al 10% y la práctica suspensión del Impuesto Especial sobre la Electricidad- suponía una dificultad adicional. El plazo previsto resultó insuficiente y algunas eléctricas todavía no se han adaptado completamente al nuevo modelo.
Los problemas en el giro de recibos han sido especialmente significativos en el caso de Endesa y Naturgy. La CNMC, de la mano de las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Consumo, inició una investigación a finales del año pasado para detectar qué compañías estaban incurriendo en se estaban retrasando a la hora de facturar a los peajes a las comercializadoras, algo que, a su vez, a afectado a la liquidez de estas últimas.
La Generalitat ha tomado cartas en el asunto y ha propuesto una multa de 600.000 euros para la distribuidora de Endesa por el retraso en el giro de recibos
En consecuencia, el supervisor abrió dos procedimientos sancionadores contra Edistribución Redes Digitales (Endesa), y UFD Distribución Electricidad (Naturgy), como adelantó en su momento La Información. Ambas filiales suman el mayor porcentaje de incidencias dentro de un escenario que ha afectado a múltiples compañías del sector. El expediente se selló con la decisión de Competencia de exigir a ambas empresas que remitieran a sus clientes una oferta para fraccionar o aplazar el pago de las facturas emitidas a destiempo.
La decisión fue publicada en el BOE el pasado febrero. Competencia dio un plazo de diez días para cumplir con lo decretado. Pero la prolongación de los fallos en el proceso de emisión de facturas continúa, lo que podría abocar a la CNMC ha plantear nuevas medidas, incluida la eventual disminución de la retribución regulada de las empresas infractoras, lo que tendría un impacto directo en las cuentas de las compañías sancionadas. Aunque, por el momento, esta posibilidad no está sobre la mesa, tanto Naturgy como Endesa han optado por llamar a la puerta de la CNMC para exponer su punto de vista en la cuestión, casi un año después de la entrada en vigor del nuevo sistema de tarificación.
Algunos gobiernos regionales ya han tomado cartas en el asunto. La Generalitat abrió un expediente sancionador contra la distribuidora de Endesa por este motivo el pasado febrero. El Ejecutivo catalán cifró en 2 millones el total de clientes perjudicados por el giro de los recibos eléctricos, además achacó a la empresa el incumplimiento en los plazos de facturación de peajes y el traslado de la lectura de los contadores a las comercializadoras. A ojos de la Generalitat estos incidentes han puesto en riesgo "la estabilidad del sistema eléctrico", por lo que propuso una multa de 600.000 euros para la distribuidora del grupo que dirige José Bogas.
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