Viernes, 21.09.2018 - 10:32 h
La próxima Ley de Transición Energética desata el debate

Las petroleras pasan a la ofensiva contra la reforma fiscal del comité de expertos

La asociación de productores AOP cuestiona los recargos en los carburantes, la cobertura del déficit eléctrico y la financiación de carreteras.

Las petroleras temen la reforma apresurada de la fiscalidad de los carburantes.
Las petroleras temen la reforma apresurada de la fiscalidad de los carburantes / EFE

En la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones ha llegado el momento de actuar. Pasar de predicar a dar trigo. El problema es quién paga el trigo. Las petroleras se sienten señaladas por las propuestas del comité de expertos que deben ser la base de la futura Ley de Transición Energértica y cambio Climático.

Aceptan el principio de quien más contamine más pague. Pero rechazan el recargo de hasta un 28% para el gasóleo; creen que hay que gravar no sólo el CO2 -responsable del efecto invernadero- sino también las emisiones de partículas, responsables de la mala calidad del aire en las ciudades; cuestionan que el agujero del déficit eléctrico recaiga en otras fuentes de energía y descartan la posibilidad de que sean los consumidores de gasóleo y gasolina quienes financien las carreteras.

La nueva dirección de la patronal de las petroleras, encabezada por Luis Aires (presidente de BP España) y Andreu Puñet, un veterano ejecutivo de Repsol, envuelve en formas exquisitas una crítica muy dura contra las propuestas del comité de expertos convocado por el Ministerio de Energía. "Estamos completamente en desacuerdo con la propuesta de subir el gasóleo un 28%. No se pueden hacer chapuzas porque el gasóleo ahora no está de moda", asegura. Puño de hierro en guante de terciopelo con una idea central: las petroleras no quieren ser las paganas de la descarbonización.

La respuesta y el choque

Es la respuesta a un documento, el de los 14 especialistas convocados por Energía, que ha reabierto los choques entre sectores. En palabras de la dirección de AOP: el informe de la Comisión de Expertos de la Transición Energética, tiene un "claro sesgo eléctrico".

El documento de los expertos apunta al transporte como "el gran responsable del incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero en España entre 1990 y 2015" y por ello, proponen un nuevo impuesto sobre la emisión de CO2.

Las petroleras contraatacan. Aseguran que el impuesto especial de hidrocarburos y el IVA ya penalizan el CO2 en el consumo de carburantes. Y apuntan a otras emisiones como los  óxidos de nitrógeno- NO2, Nox- como responsables de la mala calidad del aire en las ciudades. Por ello, defienden "ir al origen de la contaminación", al motor, para aplicar la nueva fiscalidad.

La idea es penalizar en el impuesto municipal el uso de los vehículos más viejos y más contaminantes. En suma, que el motor antiguo pague más que el motor más nuevo. Y de paso trasladar a la Administración local, la más próxima al ciudadano, la responsabilidad de un aumento impositivo a buen seguro polémico.

Detrás de la discusión está, como siempre, la pregunta de quién paga. Los expertos reunidos por Energía aconsejan en su informe que el nuevo impuesto al CO2 recaiga sobre "las instalaciones de generación de electricidad emisoras (que lo internalizarán en sus ofertas al mercado), así como los consumidores finales de carbón, gas natural y derivados del petróleo para usos industrial, residencial y de transporte".

Impacto en las cuentas

A las cinco petroleras integradas en AOP -Repsol, Cepsa, BP, Galp y Saras- la música que llega desde el Ministerio de Energía no les suena bien. Temen el impacto en sus cuentas de medidas poco meditadas. Por eso han elaborado un informe junto a la consultora KPMG en el que destacan, entre otros puntos, que el sector emplea a 271.000 personas y supone un 2,5% de la riqueza del país ya que contribuye al PIB con 27.286 millones de euros (datos de 2015).

No sólo eso. El documento detalla también que la actividad de refinerías, estaciones de servicio y petroquímicas aportaron a las arcas del Estado 22.912 millones de euros en el año 2015, el 9,5% de la recaudación total.

Destacar la importancia del sector es una clara "invitación" al Gobierno -y a sus expertos- para que descarte cualquier medida que lo perturbe. Más en un momento de grandes cambios en el mundo energético y cuando la Unión Europea (UE) ha planteado fuertes recortes de las emisiones contaminantes a la atmósfera en 2030: 40% de reducción respecto a los niveles de 1990, con un 27% de renovables en la cesta de energía final y una reducción del consumo final del 30%.

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