Jueves, 20.06.2019 - 05:34 h
Asturias y Galicia temen por el futuro de la empresa

'Efecto Alcoa': la rebaja de la luz a las grandes empresas entra en campaña

El Gobierno ha elaborado un proyecto para beneficiar a los consumidores intensivos de electricidad pero no lo ha aprobado.

La venta de Alcoa, cada día más difícil.
La venta de Alcoa, cada día más difícil. / EFE

Siete meses, tres ministerios, dos Gobiernos autonómicos, las asociaciones industriales más potentes del país y la presión sindical no han sido suficientes para obtener luz verde a las rebajas en la tarifa eléctrica que exigen las grandes empresas para competir en igualdad de condiciones, dicen, con sus rivales en Europa. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha elaborado un estatuto -denominado del consumidor electrointensivo-, pero no ha podido aprobarlo antes de las elecciones. El problema es que el estatuto era y es una pieza clave para evitar los cierres de las plantas de la multinacional Alcoa en Asturias y posiblemente Galicia, anunciados para julio. Así, la tarifa industrial de la luz entra de lleno en campaña electoral.

El Gobierno ha justificado la no aprobación del plan en las objeciones puestas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). En su informe, la comisión advertía de que algunos puntos del estatuto podrían estar sujetas al control de ayudas públicas por parte de la Comisión Europea. Pero en los Gobiernos autonómicos afectados suena a excusa.

Fuentes del Gobierno autonómico asturiano admiten que el retraso en la aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo puede afectar a las expectativas de venta de las factorías de Alcoa. Si no hay venta, habrá cierre. Y si hay cierre, las comarcas afectadas por la pérdida de 800 empleos directos en Avilés (Asturias), A Coruña (Galicia) y San Cibrao (Lugo, Galicia) buscarán responsabilidades. Y meterán sus conclusiones en las urnas. A horas de la cita del 28 de abril y con elecciones autonómicas y locales a la vista el 26 de mayo, el PSOE asturiano (Javier Fernández) y el PP de Galicia (Alberto Núñez Feijoo) mueven sus cartas para no pagar la factura en solitario.

Reuniones y tensión

La inquietud es evidente. El presidente de Asturias, Javier Fernández, recibió el viernes a los sindicatos para abordar la situación de las plantas asturianas de Alcoa; también el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, convocó a los representantes de los empleados gallegos de la multinacional el jueves para comunicarles que el Gobierno no iba a aprobar el estatuto del consumidor electrointensivo.  Un golpe para las expectativas de los trabajadores.

Alcoa anunció el cierre de instalaciones en el mes de octubre pasado. Tras muchos tiras y afloja, admitió mantener las fábricas operativas hasta julio para dar tiempo a las Administraciones a buscar un comprador. El requisito fundamental, para Alcoa y para hipotéticos interesados, es la rebaja de la factura de la luz. Tres ministerios, Industria -a la cabeza-, Transición  Ecológica y Hacienda se pusieron manos a la obra. Elaboraron un estatuto para rebajar la factura de las grandes empresas y lo pusieron en la rampa de proyectos a aprobar por la vía de urgencia.

Pero no ha dado tiempo. La convocatoria electoral ha introducido un paréntesis indeseado en el proceso. El secretario general de Industria, Raúl Blanco, se lo comunicó a las grandes empresas y a la patronal de la industria siderúrgica Unesid a principios de abril: los plazos eran muy ajustados y probablemente no iba a dar tiempo a aprobar el estatuto que reclaman los grandes consumidores antes de las elecciones. El vaticinio se ha cumplido.

De esta forma, el proyecto se queda en el cajón. Al menos hasta después de las elecciones generales. Dependerá de cuánto tarde en formarse el nuevo Ejecutivo para que las medidas lleguen a tiempo de salvar Alcoa y evitar los despidos. Para las grandes empresas e industrias no ha sido una sorpresa. Incluso hay quien piensa que ha sido mejor así. Porque lo que se conoce de la medida no gusta demasiado, por no decir nada. entre otras cosas, por el (poco) dinero que dispone.

Factura global

Según la gran industria, las medidas del estatuto apenas rebajarán la factura global de la energía que consumen en 112 millones de euros, cuando la normativa europea permitiría más que duplicar esa cifra. Quieren más. Aunque se benefician de ayudas por aceptar desconectarse de la red en caso necesario -unos 300 millones al año-, la industria mira con cierta ansia las cantidades que el Estado va a ingresar en las subastas de CO2 para remediar su situación.

La Secretaría de Estado de Energía prevé recaudar este año 1.100 millones de euros por subastas de derechos de emisión de CO2. En 2018 se presupuestaron 416 millones. El subidón de ingresos se debe a que el precio de la tonelada de CO2 ha pasado de siete euros a 23,6 euros. Ahí apuntan las empresas. Y no sólo las empresas. Los Gobiernos autonómicos más afectados cuestionan la ambigüedad del proyecto esbozado por el Gobierno que fía a la "disponibilidad presupuestaria" la concreción de las medidas para rebajar la factura.

Quien forme Gobierno tras las elecciones se va a encontrar con una patata caliente. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia recuerda que a Bruselas no le gustan las ayudas. Bruselas ya puso en cuestión las subastas de incentivos de la interrumpibilidad que han beneficiado, entre otras, a empresas Ferroatlántica, Megasa, Celsa o la propia Alcoa.

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios