Promesas... y dinero: la gran industria exige apoyo en los PGE para evitar cierres

  • Representantes de grandes empresas trasladan a Industria y a Transición quejas por la falta de dinero para el estatuto de consumidor electrointensivo
La siderurgia consume gran cantidad de electricidad.
La siderurgia consume gran cantidad de electricidad.
EFE

Las grandes industrias consumidoras de electricidad no están contentas. El Gobierno aprobó en diciembre un decreto para impulsar la competitividad de la industria y el comercio pero en el proyecto de presupuestos recién presentado no hay dinero para respaldarlo. Hay enfado. En pleno conflicto por los cierres de la multinacional del aluminio Alcoa, representantes de las grandes empresas han mantenido reuniones con los ministerios de Industria y de Transición Ecológica para expresar sus quejas y reclamar que en el trámite de enmiendas a los presupuestos se recoja una partida para apoyar el decreto aprobado en diciembre.

El tira y afloja tiene como eje el estatuto  del consumidor electrointensivo que reconoció el decreto de diciembre. El propósito de la figura es recoger los derechos y obligaciones de las grandes empresas y su participación en el sistema eléctrico. Es un paso. Pero la industria, que consume un 11% de la electricidad, reclama la canción entera: quiere música (estatuto) y letra (dinero).

La norma recién aprobada contempla seis meses para desarrollar la figura del gran consumidor. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía Eléctrica (AEGE) ha defendido que esa figura debe contemplar esquemas de reducciones o compensaciones de costes para la industria, en prácticamente todos los conceptos que forman el precio final del suministro eléctrico. En suma, reducir los peajes que pagan por transporte y distribución, los costes de financiación del desarrollo de las energías renovables -incluidos también en los peajes-, los impuestos (eléctrico y municipal), la interrumpibilidad y la compensación de costes indirectos del CO2.

Subastas y dinero

Todo eso significa dinero. Más del que reciben por el mecanismo tradicional de las subastas de interrumpibilidad -compensaciones por desconectarse de la red en caso necesario- que se han reducido en más de un 50% en las últimas subastas. De ahí las quejas. El Gobierno, según las fuentes consultadas, es receptivo a las demandas. Es lógico porque en la asociación AEGE, la que actúa habitualmente como interlocutora de las empresas con la administración figuran compañías como como Arcelor, Celsa, Alcoa, Asturiana de Zinc, Ferroatlántica, Solvay, Atlantic Copper, Air Liquide o Ercros

Gráfico industrias.
Gráfico industrias.

Los contactos y las quejas se suceden con el caso Alcoa aún caliente. La multinacional del aluminio ha accedido a mantener el empleo hasta junio en las factorías de Avilés (Asturias) y Coruña (Galicia) a la espera de que aparezcan inversores dispuestos a hacerse cargo de las factorías, algo que no parece fácil. Los casi 700 empleos -prejubilaciones al margen- todavía están en el aire.

Con el problema de Alcoa abierto, Ferroatlántica -la antigua Carburos Metálicos-, sale a primer plano. La empresa anunció en diciembre la clausura de hornos en  la fábrica de Cee (A Coruña) durante seis meses y el fantasma de un expediente de regulación de empleo (ERE) se ha aparecido a la plantilla (400 trabajadores).

Un suma y sigue

Ferroatlántica forma parte de un suma y sigue de inquietudes, quejas y peticiones. A finales del pasado año, otras grandes empresas consumidoras como Asturiana de Zinc (Azsa) o Sidenor manifestaron malestar por el sistema de precios energéticos a representantes de las administraciones autonómicas vasca y asturiana.

En el caso de Sidenor, ese malestar por los recortes en las subastas de interrumpibilidad ya había llegado a los tribunales. La compañía, junto a otra siderúrgica, la extremeña Balboa (Grupo Gallardo) recurrió en el Tribunal Supremo la subasta de interrumpibilidad de junio de 2018 -la última se celebró en dicioembre-. Otra compañía -Siderúrgica Sevillana- anunció también recurso aunque al final no lo presentó.

Las quejas de la gran industria por el precio de la energía no se limitan a la electricidad. Empresas químicas, cerámicas, de alimentación, siderúrgicas y papeleras también reclaman medidas para abaratar la materia prima que utilizan en sus procesos productivos. Consumen, sostienen, el 60% del gas que consume el país y pagan por el mismo 4.700 millones anuales. Demasiado dinero, en su opinión.

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