El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, ha pedido al juez el sobreseimiento de su imputación en el caso Villarejo ante la "contundencia" de los argumentos que han servido para desimputar a los presidentes de Iberdrola y Caixa, Antonio Brufau e Isidro Fainé, y con la justificación jurídica de que todos los hechos que se le achacan han prescrito y no se puede demostrar en ningún caso que haya habido un delito continuado en los trabajos encargados al excomisario. La petición de los abogados de Galán contempla una alegación inicial en la que se hace eco del "elenco de acertadísimos planteamientos jurídicos" del auto que desimputó a las otras dos empresas y sus dirigentes "cuya aplicabilidad a mi mandante resulta palmaria, atendida su posición y responsabilidades en Iberdrola (...) y la ausencia de indicios concretos de comportamiento personal reprochable".
Una de las claves que los abogados de Sánchez Galán recuerdan en su petición es el gran daño reputacional que se hace a los dirigentes empresariales de su nivel y a la propias compañías cuando se les imputa en este tipo de procesos penales sin tener todas las cuestiones bien definidas y justificadas, algo que desde la eléctrica siempre han reprochado durante la instrucción y, sobre todo, desde que se impuso la condición de investigado al presidente y se incluyó a la filial de energías renovables como persona jurídica responsable del caso.
"En nuestro caso -recuerda la el escrito enviado al juez-, desde la atribución a mi mandante de la condición de investigado en esta pieza separada, la incidencia negativa que tal hecho ha generado en Iberdrola ofrece una traducción económica -objetivamente verificable y, por ende, demostrable- de varios miles de millones de euros, contexto insostenible, incluso, para la segunda empresa con mayor capitalización en el índice bursátil Ibex 35 y con más de 40.000 empleados repartidos en los cinco continentes".
A pesar de esa alegación inicial, el escrito fundamenta su petición en la prescripción de los hechos sobre los que se le acusa de un supuesto delito de cohecho, entre otros. Tras recordar que "todos los hechos con los que se trata de vincular a mi mandante, se hallan (caso de que efectivamente fueran delictivos) claramente prescritos, por lo que su mantenimiento como objeto de un proceso penal resulta inviable", los representantes legales del presidente de Iberdrola relatan todos los hechos agrupados en cuatro grandes partes: facturas de Casesa, el proyecto B-B, los casos 'Gipsy' y 'Posy' y el último proyecto 'Wind', que es por el que se ha imputado a la filial de renovables. Una vez analizada la fecha y los plazos para los supuestos delitos continuados de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental, los letrados concluyen que todos ellos están prescritos.
De la misma manera, en la parte final de su justificación incluyen una justificación para demostrar que no ha existido un delito continuado en unas contrataciones que empezaron en el año 2004, siguieron en 2009 y se terminaron en 2017, sobre hechos y proyectos distintos.
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