El presidente de Iberdrola ha entrado en la sede principal de la Audiencia Nacional ante la expectación de una decena de medios de comunicación. En la sede judicial ya está declarando Fernando Becker.
García Castellón se reencuentra con Carlos Domínguez, el letrado que le recusó y le llevó incluso ante el Tribunal Supremo por las escuchas que ordenó sobre los Villar Mir en el caso del Tranvía de Navalcarnero.
El exdirector general de Negocios y el exjefe de Gabinete de Presidencia aseguran ante el juez de la Audiencia Nacional que no tuvieron conocimiento o participación en la contratación del comisario jubilado.
"Una vez tomado conocimiento de la causa", el integrante del equipo de Seguridad del BBVA pide al juzgado central de Instrucción 6 que "señale día y hora".
Los magistrados han desestimado las acusaciones del excomisario, al considerar que las "supuestas evidencias" presentadas "no son tales". Según la sala, el objetivo de Villarejo era "criminalizar" a ambos.
Criterio marcado por el fiscal anticorrupción César de Rivas, el cual ha esgrimido que el incidente de recusación "debe ser directamente inadmitido, sin entrar a valorar el fondo del mismo".
Asegura que la actuación del magistrado ha generado un "claro perjuicio" en su intento de expansión en EEUU. Sánchez Galán recurre su citación como investigado al considerar que le causa "indefensión".
Manuel Castro, quien rechazó responder ante el Juez en 2019 al alegar que en el momento las actuaciones eran secretas, copia la estrategia de otros responsables del banco y solicita acudir a la Audiencia Nacional.
La asociación mayoritaria en la Carrera Fiscal responde al exjuez de la Audiencia Nacional y le reprocha que trate de "interferir en el funcionamiento interno" del Ministerio Público tras cargar contra dicho colectivo.
Corrochano aseguró que conocía a Villarejo desde 1974, cuando coincidieron en la lucha antiterrorista en la Comisaría de San Sebastián, pero que no retomaron el contacto hasta 2003 cuando recibió una llamada.
El presidente de Iberdrola fue imputado el pasado mes de junio por su presunta responsabilidad en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para el desarrollo de trabajos de espionaje.
La AF tacha a Delgado de "intransigente" por no dar información sobre el exfiscal de Tándem y defensas, entre ellas Garzón, mientras que la UPF acusa de querer mantener "el asunto vivo de manera artificial".
El Consejo Fiscal analiza las acusaciones del exfiscal encargado del caso Villarejo, que afirma que la fiscal general del Estado maniobró para no concederle una plaza fija en la Fiscalía en la que desarrollaba su labor.
"Soy fiscal y es lo que quiero ser", ha subrayado para luego insistir en que como fiscal no desarrolla funciones jurisdiccionales, sino funciones ejecutivas destinadas a una política criminal.
Pineda fue condenado el pasado 9 de julio a 8 años de cárcel por extorsionar a entidades bancarias a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito.
Su nombramiento como fiscal general del Estado levantó polémica debido a su anterior etapa como ministra de Justicia. Algunas las decisiones que ha tomado desde febrero de 2020 han sido cuestionadas.
"Entendía que era mi obligación hacer denuncias continuas de todas la ilegalidades que está habiendo y, como era un sujeto molesto en este país, cuando alguien molesta se le aniquila".
"Necesitamos saber el contenido completo de ese informe, no la selección que le interesa a la parte acusadora", ha dicho su abogado García Cabrera.
Hacienda envía al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón un 'modelo' que refleja todas las grandes compañías de España que requirieron los servicios del comisario jubilado entre 2011 y 2012.
Manuel García Castellón desestima su recurso y confirma el auto de pase a procedimiento abreviado en el que proponía juzgarlo por un delito cohecho activo.
Aún pendiente de que la Sala resuelva los recursos contra la desimputación de las empresas y de máximos responsables, el magistrado de la Audiencia Nacional da por finalizada esta parte de la instrucción.
Afirma que no tiene "legitimación activa" para acusar en la investigación sobre la contratación del comisario jubilado. Advierte que si detecta un perjuicio a la Administración volverá a pedir su personación.
El curso comenzará fuerte en la Audiencia Nacional con varios recursos pendientes en la causa por los negocios del excomisario y diversas cotizadas que habrían contratado los servicios de su empresa, Cenyt.
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