El comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña (antigua Alcoa) ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) compre la planta, por ser “la única solución para rescatar una producción vital” para España. Tras enviar este escrito el día 25 de enero, el comité de empresa ha condenado que no ha obtenido respuesta alguna por el líder del Ejecutivo.
En el texto, la representación de los empleados pide al Gobierno que cumpla “con los compromisos adquiridos” cuando en 2019 tuteló la venta de Alcoa a Parter. “Sería incomprensible que una empresa que tiene unos activos calculados en unos 210 millones de euros y solo una deuda de 20 millones de euros, de la que la mitad es deuda a la Administración, termine en manos de una empresa que solo viene a especular con sus activos olvidándose de los trabajadores”, subraya el comité.
En la misma carta, condenan la “nefasta gestión” de Sánchez al haber permitido, a su juicio, que Alcoa haya acabado con la producción de aluminio primario en España al dejar de producirlo también en San Cibrao, en Cervo (Lugo). Los empleados han trasladado al presidente su “crítica” situación, “inmersos en la actualidad en un concurso de acreedores luego de haber sido engañados y estafados por la trama empresarial encabezada por Alcoa”.
En estas circunstancias, desde el gobierno asturiano defienden la búsqueda de fórmulas alternativas que permitan la intervención transitoria en Alu Ibérica por parte de la SEPI, que ya ha trasladado la imposibilidad de hacerlo por cuestiones de legalidad y normativa europea. Según el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, sería deseable dicha fórmula hasta la llegada de un inversor solvente que permita recuperar los puestos de trabajo perdidos por las "artimañas de Alcoa y sus compinches".
“No entendemos que la SEPI no se haga cargo de la planta para después venderla. Es una operación sin riesgo”, comentó el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, en declaraciones a EFE. Hasta el momento, siete inversores, cuatro de ellos internacionales y tres nacionales, han mostrado interés en hacerse con la factoría avilesina si bien han expresado su deseo de tener libertad para conformar una plantilla en torno al proyecto industrial que garantice su viabilidad.
En el momento actual, la empresa se encuentra sin actividad, en concurso de acreedores y bajo administración judicial por la presunta despatrimonialización de las plantas por parte de su actual propietario, el Grupo Riesgo. La administración judicial de las plantas de Avilés y A Coruña solicitó el pasado mes de septiembre el preconcurso de acreedores por la alta cantidad de embargos y deudas.
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