Ana Botín persigue su ambición de reducir la financiación a sectores intensivos en carbono. Los equipos de Banco Santander diseñan un plan que se presentará próximamente, y en todo caso antes del mes de septiembre, en virtud del cual se marcarán unos objetivos concretos para recortar su exposición crediticia a industrias intensivas en energías fósiles, según consta en una presentación institucional a inversores sobre la estrategia del grupo en materia ESG (Ambiental, Social y de Buen Gobierno Corporativo-Ética) para el primer semestre de 2022 consultada por La Información.
Como una de las corporaciones financieras más grandes del mundo, Banco Santander es consciente del claro papel que debe desempeñar en la financiación de la transición hacia una economía más verde. La actividad de la entidad está limitada para ciertas operaciones en estos sectores, pero ahora quiere dar un paso más y por esta razón establecerá unos objetivos concretos para el petróleo y el gas, el transporte o la minería, con intención de poco a poco ir reduciendo su riesgo actual, que asciende a un importe de 9.678 millones de dólares (unos 8.558 millones de euros) a cierre del ejercicio 2021.
A pesar de que es una cifra elevada, el grupo resalta que se sitúa en un nivel muy por debajo de la mayoría de sus pares en financiación de combustibles fósiles tanto en términos absolutos como relativos. En realidad, representa actualmente apenas el 1% de todo su portfolio. Mientras, hay grupos que colocan este porcentaje por encima del 9% de su cartera y otros que cerraron el año pasado con una exposición superior a los 51.000 millones de dólares (45.116 millones de euros). Aunque no identifica a las entidades que financian a estos sectores nocivos con las que se compara en el ranking que aporta a inversores, sí que señala que ha incluido a algunos como BBVA, BNP Paribas, Citi, HSBC, ING, Itaú, Scotia Bank y Unicredit, que por su tamaño y capitalización de mercado resultan semejantes.
Banco Santander se considera el mejor posicionado entre todos los grandes grupos, como BBVA, BNP Paribas, Citi, HSBC o ING
Con los objetivos que prepara tratará de delinear el camino hacia la disminución e incluso eliminación de estos sectores de su cartera crediticia. La aspiración es reducirlo al máximo en industrias intensivas en carbono y lo único que aclara por el momento es que su compromiso para 2030 es dejar de financiar a clientes de generación eléctrica cuyos ingresos por el uso del carbón para centrales térmicas superen el 10%. Asimismo, y de forma más general, traslada su intención de ofrecer opciones verdes para ayudar en la toma de decisiones sostenibles y continuará reduciendo el impacto que sus operaciones diarias tienen en el medioambiente.
Por el momento, su política de riesgo ambiental, social y de cambio climático cubre principalmente las prácticas crediticias sobre clientes involucrados en centrales eléctricas de carbón o en la extracción, producción y tratamiento del petróleo y el gas, pero solo establece una serie de limitaciones muy concretas. Estas instrucciones prohíben expresamente la financiación de proyectos relacionados con plantas eléctricas de carbón a nivel mundial o para la expansión de las ya existentes, así como el desarrollo de cualquier otra infraestructura asociada.
Su política tampoco le permite financiar proyectos relacionados con la exploración, el desarrollo, la construcción o la expansión del petróleo y el gas no convencional como las arenas petrolíferas, las perforaciones direccionales o el 'fracking' (fracturaciones hidráulicas), entre otras. Asimismo, tiene prohibido dar financiación para la puesta en marcha de cualquier proyecto, o expansión de instalaciones existentes, al Norte del Círculo Polar Ártico. De la misma forma, rechaza totalmente dar crédito para actividades en los denominados Sitios Ramsar -Tratado ambiental intergubernamental de la Unesco-, Patrimonio de la Humanidad o en lugares catalogados con importancia I, II, III o IV por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Banco Santander tampoco financia actividades mineras relativas a los denominados 'minerales de zonas de conflicto' sin certificación del proceso, donde elementos como el oro habitualmente se extraen de forma sistemática y se comercian violando los derechos humanos en el propio país de origen o en las zonas circundantes. Entre otras limitaciones, se niega también a conceder crédito a nuevos clientes que tengan centrales térmicas, si bien hará excepciones si la financiación solicitada se destina de forma específica a un proyecto de energías renovables.
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