Nuevo requerimiento

Transparencia obliga a Hacienda a informar sobre el rescate de Vivanta

El Gobierno declaró el informe "secreto" y de "carácter reservado" para no dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. Ahora deberá entregar una copia, tanto de elaboración propias como los redactados por un tercero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Transparencia obliga a Hacienda a informar sobre el rescate de Vivanta.
María José López / Europa Press

Nuevo aviso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) al Ministerio de Hacienda y Función Pública por el rescate de las clínicas dentales Vivanta. Deberá entregar una copia de los informes, ya sean propios o elaborados por un tercero, referentes al expediente de solicitud del rescate de 40 millones de euros aprobado en junio de 2022, según la resolución consultada por La Información.

Este requerimiento se suma al de mediados de mayo en el que le obligaba a entregar los informes y documentos en los que se refleje la consideración del grupo Vivanta como una empresa estratégica para acogerse al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, en manos de l a Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). No obstante, el Ejecutivo podrá omitir aquella parte de la información que, previa justificación expresa, quede afectada por el límite previsto en el artículo 14.1. h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Este tiene que ver con los intereses económicos y comerciales.

La resolución pone fin a la vía administrativa y se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. La ayuda se canalizó a través de un préstamo participativo de 20,4 millones y otro ordinario de 19,6 millones. En la resolución de mayo, el CTBG ya consideró que existe un "evidente interés público" en conocer la justificación de la concesión de la ayuda. 

"Materias clasificadas"

Según el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, "los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda este real decreto-ley tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos".

La Ley 9/1968, de 5 de abril sobre Secretos Oficiales establece que podrán ser declaradas "materias clasificadas" los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado". El Consejo General de Dentistas mostró en su día su "total rechazo" al rescate. "El Gobierno va a destinar 44 millones de euros para el Plan de Salud Bucodental Estatal para todos los ciudadanos y 40 millones en rescatar a una única empresa privada que tiene 200 clínicas por todo el país. No es un reparto equitativo en absoluto", rezaba el comunicado.

Vivanta es resultado de la compra, en 2017, de seis empresas por parte de Portobello Capital: Unidental, Laser 2000, Plénido, Avantdent, Grupo Clínico Dental Dr Senís y Anaga Dental. Luego se recapitalizó con la entrada de Ares Management y BNP Paribas, con el 8%.

Creada en 2017, Vivanta está especializada en salud bucodental, es la segunda cadena de clínicas dentales del país, con más de 200 clínicas distribuidas en 17 comunidades autónomas, y da servicio a más de 100.000 pacientes anualmente. En 2019 generó casi 2.000 empleos directos y cerca de 1.300 indirectos. En los primeros años desde su creación y hasta la llegada de la pandemia, ha presentado ratios de crecimiento de ingresos, pasando de unas ventas de 32 millones de euros en 2017 a 148 millones en 2019. Sin embargo, la crisis sanitaria supuso una drástica caída de la demanda en el sector dental, llegando prácticamente al 100% en el periodo de confinamiento inicial.

Conflictos judiciales

Portobello Capital tuvo algunos conflictos con los socios minoritarios de Vivanta, que iniciaron una serie de conflictos judiciales. En el juzgado mercantil número 12 de Madrid dictó una sentencia por la que declaró nula la ampliación de capital de 12,8 millones de euros con la que Portobello diluyó a los accionistas minoritarios de Vivanta. Con fecha 24 de julio de 2019, M. P. interpuso querella contra directivos de Portobello en su condición de consejeros de Vivanta.

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