El Tribunal General de la Unión Europea puede haber surtido nueva artillería a los afectados por la caída del Popular en su batalla por sacar a la luz hasta el último documento de lo acontecido esos días. En una reciente sentencia fechada el pasado día 26, la Corte desmonta las tesis defendidas por el Banco Central Europeo (BCE) para mantener el celo sobre ciertos datos sobre la gestión del problema de liquidez que sufrió el luso Espírito Santo (antiguo BES) hace casi cuatro años, respaldando de forma indirecta el destape.
La resolución de la entidad portuguesa se precipitó en 2014 por circunstancias que nada tienen que ver los apuros del Popular, ya que al extinto BES lo arrastró el peligroso e irregular entramado de financiaciones cruzadas que mantenía con distintas filiales del imperio perteneciente a la familia Espírito Santo. El paralelismo se limita al proceder del organismo de supervisión que, en ambos casos, se niega a entregar información sobre la gestión del auxilio de liquidez para sofocar la asfixia de las entidades.
El Banco Espírito Santo entró en una situación de emergencia en la primavera de 2014, ante la presión del mercado y la negativa de otros bancos a prestarle a medida que se conocían las graves dificultades de las filiales del grupo para atender el pago de su deuda y el riesgo de arrastrar al banco filial. El Banco de Portugal, como también haría el Banco de España con el Popular, habilitó una línea de emergencia (ELA) por unos 3.500 millones. La solución en aquel caso se diseñó con la creación de un banco puente, rebautizado como Novo Banco y que heredó los activos ‘buenos’ mientras que los tóxicos permanecían en un BES en liquidación.
El BCE divulgó información sobre el problema de liquidez y su gestión, manteniendo el celo sobre el montante tope de liquidez que había establecido y que, al alcanzarse, precipitó la entrada del BES en un proceso de insolvencia. En la justificación para denegar el acceso el organismo supervisor esgrimía, como ahora con el Popular, que divulgar procedimientos secretos sobre decisiones de política monetaria, de supervisión o financiera suponía asumir el riesgo de menoscabar su operativa, en detrimento también de la protección del interés público y de la estabilidad del sistema financiero.
Como refiere ahora, alegó la defensa de intereses comerciales y estratégicos de la entidad afectada y de su comprador, y la necesidad de proteger a Novo Banco, que estaba en proceso de venta y operaba en condiciones de mercado frágiles y le expondría a especulaciones injustificadas e innecesarias del mercado de publicar los datos. El Banco de Portugal explicó, en contraste, que Novo Banco había recibido unos 10.000 millones de fondos de apoyo del eurosistema.
El Tribunal Europeo anula la decisión del BCE donde decretó secreto los datos al considerar insuficientemente argumentado el interés general que se buscaba proteger, y toda vez que el Banco de Portugal había sacado a la luz algunos datos. Su fallo llega transcurridos varios años desde la resolución y venta de Novo Banco, diluyendo algunos de los riesgos entonces observados. Aún cuando el banco central puede apelar, la sentencia se mira de reojo por afectados del Popular.
Los accionistas y bonistas que vieron esfumarse sus inversiones con la resolución se han dado de bruces con la negativa del BCE, la Junta Europea de Resolución y hasta el Santander en el acceso que buscan en determinados informes para ejercitar su defensa y articular las demandas. Su recurso al Panel de Apelaciones del organismo dirigido por Elke König originó el pasado mes de febrero la entrega de varios informes inéditos, con pasajes censurados, que los afectados buscan conocer aún sin que la JUR haya variado la postura. La última respuesta de esta institución data del pasado día 30 y, aunque ha accedido a divulgar algún otro documento, ninguno aporta información nueva.
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