La firma estadounidense Western Union se enfrenta a un buen boquete por el fraude de las ‘cartas nigerianas’ destapado en sus locutorios en España. La Audiencia Nacional condenó a 98 de sus exagentes como integrantes de una trama internacional dedicada a engañar a personas en todo el mundo que ha obligado a la entidad de envíos de dinero a dotar una garantía 23 millones de euros en previsión de tener que acabar pagando los platos como responsable civil subsidiario.
El tribunal acusó a la filial irlandesa con la que opera en el país en una resolución fechada el 13 de febrero de 2017 y ha procedido a aportar dicho aval el pasado 4 de enero, según revela en una comunicación al regulador estadounidense de los mercados (Sec). Su pretensión es “cubrir cualquier responsabilidad que teóricamente pudiera corresponder”, aunque matiza la dificultad de cifrar hoy perjuicio dado que el proceso judicial no ha finalizado.
La estafa salta a la luz en el verano de 2014 cuando la policía desmonta una red especializada en estafas principalmente bajo el método conocido como ‘cartas nigerianas’. Su procedimiento consiste en timar a ciudadanos en distintos países exigiéndoles pequeños ingresos por anticipado como gastos de gestión o abono de tasas para tramitar una supuesta herencia de la que han resultado beneficiarios, a cambio de un puesto de trabajo o por un premio de la lotería inesperado.
El sistema es simple: los criminales contactaban con sus víctimas vía correo tradicional, teléfono o email exigiendo el abono vía transferencia a través de uno de los ‘locutorios’ franquiciados de Western Union, y a continuación daban el paso al dinero ingresado para blanquearlo a cuentas abiertas por los beneficiarios del fraude en otras jurisdicciones, sobre todo en África. La red desmontada por la policía involucraba hasta diez locales bajo paraguas de la remesadora estadounidense y otras entidades de pago en Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla, Almería, Alicante, Burgos, Barcelona o Zaragoza.
En el momento del arresto se estimó en 20,6 millones los fondos manejados por los arrestados, aunque en las entidades investigadas gestionaban más de 120 millones, y se cifró en casi 5.000 las personas estafadas, muchas de ellas en Estados Unidos, Canadá y Alemania. La trama estaba a su vez integrada, sobre todo, por personal de origen nigeriano autorizados en su mayoría por la remesadora.
La resolución de la Audiencia Nacional involucra a la compañía como responsable civil para que se haga cargo de la cantidad que los estafadores no alcancen a devolver a las víctimas para resarcirles del daño ocasionado. La Fiscalía reclamaba penas de hasta 9 años y tres meses de prisión a los acusados, junto a la restitución del dinero robado.
Las pérdidas agravan el quebradero de cabeza de la firma en España desde hace años por el deficiente control de sus agentes. En 2015 ya tuvo que encajar una multa de 4,2 millones de euros impuesta por el Ministerio de Economía por incumplimiento de la obligación de informar sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, y confirmada por el Tribunal Supremo. Situaciones como éstas son las movieron al regulador posteriormente a obligar la conversión de las remesadoras en entidades de pago para su sujección a la supervisión del Banco de España.
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