Un total de 13.317 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual fueron atendidas en España en 2018 y se detectaron a otras 9.315 en situación de riesgo, según datos aportados por el Gobierno. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, ha explicado que estos datos relativos a 2018 forman parte del cuarto informe de seguimiento del plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas.
"Los datos son graves", ha aseverado Celaá, quien ha explicado que las 13.317 mujeres víctimas de trata detectadas ese año recibieron asistencia por parte de organizaciones y entidades especializadas en este tipo de violencia sexual. Del total de mujeres atendidas con signos de trata o explotación sexual, 4.302 presentaban claros indicios de trata con fines de explotación sexual y las 9.028 restantes eran víctimas de explotación sexual, ha detallado en una nota el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
En 2018 se realizaron 2.036 inspecciones administrativas en lugares en los que se practica la prostitución, detectando a 9.315 mujeres en situación riesgo de trata. Además, se instruyeron 135 atestados, 61 relacionados con la trata con fines de explotación sexual y 74 solo por explotación sexual (sin trata). Se han desarticulado 10 organizaciones criminales y 36 grupos criminales (las organizaciones son más complejas en estructura y medios que los grupos criminales).
En cuanto a los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (sección de Extranjería), en 2018 se investigaron 91 casos de trata con fines de explotación sexual (identificándose a 331 víctimas y entre ellas 11 menores) así como a otras 83 mujeres en situación de grave riesgo por explotación de prostitución. Se identificaron 35 organizaciones o grupos criminales.
El Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual abarca el período 2015-18 y el cuarto informe hace balance "positivo" de la colaboración institucional. Así, señala que existe una mayor conciencia de trabajo en común, especialmente positiva respecto al proceso de intervención con las víctimas de trata. Igualmente positiva es la colaboración con la sociedad civil, entre otras cuestiones por la participación en procesos de decisión y por su trabajo especializado en favor de la protección de la víctima.
Desde la perspectiva estatal como autonómica el documento destaca el abordaje de la trata con fines de explotación sexual como una forma de violencia que se ejerce contra las mujeres, en línea con lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por otra parte, el informe plantea la necesidad de aumentar el conocimiento de la sociedad española sobre el problema de la trata y su vinculación con la prostitución, y subraya que el incremento de los fondos orientados a la detección y asistencia a las víctimas de trata constituye un gran paso en el mantenimiento de una red estable de recursos y especialización ante situaciones de vulnerabilidad.
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