25 Comparecientes y 9 días para investigar los ERE irregulares de una década

Francisco Javier Utrero.

Sevilla, 15 ago.- El Parlamento andaluz y los grupos políticos ultiman los detalles y las estrategias para arrancar el 21 de agosto la comisión que investigará los ERE irregulares entre 2001 y 2010, ante la que comparecerán 25 personas en nueve sesiones para buscar las responsabilidades políticas.

Rodeada de polémica por los constantes encontronazos políticos y acusaciones entre los socios del Gobierno andaluz de coalición, el PSOE e IU, y el PP, la comisión de investigación, la primera en la Cámara autonómica en 17 años, fue rechazada en una decena de ocasiones por la mayoría absoluta del PSOE de la pasada legislatura.

La incorporación de IU al Ejecutivo andaluz y su compromiso electoral de ponerla en marcha abrió la puerta a una comisión "accidentada" en sus trabajos de selección y citación de declarantes, duración, método y demanda de documentación, todo ello muy cuestionado en todas sus vertientes por el PP, que incluso amagó con abandonarla por considerarla una "chapuza" para "ocultar" la verdad y evitar fijar responsabilidades al más alto nivel político.

El PSOE e IU no dejan de repetir que el PP ya tiene las conclusiones prefijadas, que "manipula y busca erosionar" a la Junta en un asunto que en el ámbito judicial acumula 60 imputados entre intrusos, abogados y mediadores, y siete ex altos cargos acusados en el caso que investiga la juez Mercedes Alaya.

Alguno de ellos, como el exconsejero de Empleo entre 2004 y 2010 Antonio Fernández, que salió el pasado viernes de la cárcel tras pagar una fianza 450.000 euros, pasarán por la comisión.

El "desfile" de comparecientes, que podría ser ampliado, comenzará el martes 21 de agosto y concluirá el viernes 31, nueve jornadas de interrogatorios repartidas en 75 horas (3 horas por declarante máximo), en sesiones de mañana y tarde.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, que acudirá a la comisión el viernes 31 de agosto por la tarde, asegura que va a demostrar que muchas cosas que ha dicho el PP son "falsas e inciertas", y que los procedimientos que se utilizaron para aprobar las ayudas estaban contemplados en la ley y fueron aprobados por el Parlamento.

El mismo día, en la última jornada, lo hará el expresidente Manuel Chaves y un día antes el expresidente del PP-A Javier Arenas y el exministro de Trabajo con el Gobierno de Aznar Eduardo Zaplana.

Según el calendario, el 21 de agosto acudirán el exdiputado del PSOE Ramón Díaz, el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet y el exasesor de la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois.

El día 29 declararán la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y el actual presidente del PP-A y exdelegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido.

Otra de las fechas señaladas es el 22 de agosto, día en el que se espera al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (en prisión preventiva) y a los imputados Ángel Rodríguez de la Borbolla y Antonio Rivas.

Al día siguiente comparecerán Juan Márquez, Daniel Rivera y Agustín Barbera, ex altos cargos de la Consejería de Empleo.

En la relación figuran también otros consejeros o exconsejeros de la Junta Andalucía como José Antonio Viera y Antonio Fernández (24 de agosto); Manuel Recio, Francisco Vallejo y Martín Soler (27 de agosto) o Antonio Ávila y Magdalena Álvarez (día 28).

Los trabajos empezarán sin toda la documentación solicitada por los grupos, caso del informe que elabora la Cámara de Cuentas sobre los ERE irregulares, que se hará público en septiembre.

Presidida por Ignacio García (IU), la comisión cuenta con tres diputados y un suplente por cada grupo.

El PP ha designado a Carlos Rojas, Rafael Carmona y Teresa Ruiz Sillero; el PSOE a Antonia Moro, Enrique Benítez y Jesús María Ruiz, y el grupo de IU a José Antonio Castro y Alba Doblas.

El escenario será la Sala de Comisiones 1 del Parlamento, donde todo está ya preparado técnicamente para emitir las comparecencias a través de la web del Parlamento y que las televisiones interesadas puedan ofrecerla en directo.