(AMPLIACIÓN) EL EXDIPUTADO DEL PP GÓMEZ DE LA SERNA SE NIEGA A DECLARAR ANTE EL JUEZ POR EL PRESUNTO COBRO DE COMISIONES

El exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna se ha negado este martes a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la obtención de contratos públicos para empresas españolas en otros países. Fuentes jurídicas explicaron que tiene intención de declarar cuando se levante el secreto del sumario.
El exsecretario adjunto de Relaciones Exteriores del PP durante el mandato de José María Aznar, José Félix González Noriega, que estaba igualmente llamado a declarar esta mañana, también se ha negado a declarar ante el juez sobre esas cantidades presuntamente cobradas por De la Serna y por el que fuera embajador en la India Gustavo de Arístegui.
La mayor parte de los citados en esta investigación se han acogido a su derecho constitucional a no declarar. El pasado viernes lo hicieron el exembajador Arístegui y su hijo Borja. Ellos y el exdiputado están acusados de delitos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El juez había ofrecido a Gómez de la Serna que se sometiera voluntariamente al interrogatorio, renunciando así al aforamiento en el Supremo por su condición de diputado, pero tras la disolución de las Cortes el exparlamentario ya no goza de ese privilegio, por lo que estaba obligado a comparecer en la Audiencia Nacional. Al estallar el caso, abandonó el Grupo Popular del Congreso y pasó al Mixto.
Este caso tuvo su origen en las revelaciones del empresario José Fayá, que denuncio ante la Fiscalía Anticorrupción al exdiputado. Este empresario, sin embargo, también se negó a declarar ante el juez.
DESALADORA Y TRANVÍA
En la causa se investigan presuntos pagos a funcionarios y autoridades argelinos por parte de De la Serna y Arístegui para que adjudicaran a dos empresas españolas dos contratos de obras para la Estación Desaladora de Aguas de Souk Tleta, por un monto total de 250 millones de euros, y el Tranvía de Ouargla, adjudicado por un importe de 230 millones.
De la Serna llegó a las 9.30 horas de la mañana acompañado de su abogado y rechazó hacer ningún tipo de declaración a los medios de comunicación que le esperaban a las puertas de la Audiencia Nacional.
La trama se dedicaba, según el juez, a "recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito en premio por el buen fin de las gestiones".
Según el magistrado, "la actividad criminal se extendía desde la ideación del sistema hasta la puesta en marcha de los instrumentos societarios y la red de agentes; la celebración de los acuerdos con las distintas sociedades y empresas para asegurarse pagos y comisiones; la celebración de acuerdos con funcionarios públicos de otros países a los que abonarían comisiones y sobornos; y la percepción posterior de nuevas comisiones en caso de éxito de las gestiones".
Según la investigación, hay indicios de que se pagó a funcionarios públicos de Argelia y a sus familiares en relación con el objetivo de conseguir los dos contratos de obra citados para la desaladora y el tranvía, que fueron adjudicadas a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos y Elecnor, a través del grupo Voltar Lassen, que dirigían Gómez de la Serna y Arístegui.
Los dos cobraron, supuestamente, de las empresas adjudicatarias a través de dos firmas de su propiedad. En el caso del exdiputado los cobros se hicieron a la empresa Scardovi, de su propiedad, y en el del exdiputado a través de la compañía Karistia. Esas empresas no tenían actividad mercantil y fueron usadas presuntamente para blanquear el dinero cobrado irregularmente.