La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (APLACA) ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) que fije una fianza de más de 1.000 millones de euros a los investigados por las presuntas irregularidades relacionadas con el almacén subterráneo de gas, con el objetivo de evitar una posible declaración de insolvencia de la promotora del proyecto y asegurar las futuras indemnizaciones a los afectados.
Desde la asociación han indicado que la promotora ESCAL UGS es una sociedad "meramente instrumental e indisolublemente asociada al proyecto Castor", por lo que creen que pronto "pueda quedar vaciada patrimonialmente". A esto hay que sumarle un reciente cambio de domicilio social, así como el hecho que la empresa no disponga de página web, según han destacado. Así, han considerado que ambos elementos son indiciarios de la deriva económico-patrimonial de la misma.
COSTA CONCORDIA COMO PRECEDENTE
En la solicitud formulada por APLACA se hace referencia a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2016, en el caso del hundimiento en Italia del buque Costa Concordia.
En aquel procedimiento, han explicado, una asociación de víctimas como APLACA demandó en nombre de sus adherentes a los responsables del hundimiento, reclamando para algunos de ellos indemnizaciones por daños corporales y para todos ellos una indemnización por perjuicio moral.
Como en el barco, "estos vecinos han sufrido, y no durante horas sino durante años, como bien confirma el Sindic des Greuges de la Generalitat de Catalunya, la angustia y el estrés producidos por la instalación de la plataforma", han apuntado.
Igualmente, durante semanas "han sido víctimas del miedo colectivo que se produjo en toda el área afectada por los seísmos, durante el periodo en el que se produjeron. Más aún, continúan a día de hoy y desde hace muchos meses con la incertidumbre sobre un posible reinicio de las actividades gasísticas, sugerida por diversos medios e incluso intuida en algunas recientes declaraciones efectuadas por testigos ante el Juzgado", han indicado.
APLACA solicita que todos los investigados en este proceso han de ser requeridos para hacer frente solidariamente a la fianza que se acuerde.
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